En diciembre de 2023, a pocos días de asumir en la Ciudad, Jorge Macri junto a su ministra de Educación, Mercedes Miguel, recorrieron las obras de la Escuela de Danzas N° 2 Jorge Donn. El teléfono del jefe de Gobierno sonaba insistentemente mientras era fotografiado por el equipo de prensa de CABA.
Quien lo llamaba era Patricia Bullrich: “Cuando sean temas importantes de seguridad me llamás directamente a mí”, respondió Macri al teléfono delante de todos los funcionarios de segunda y tercera línea que lo acompañaban.
Este hecho, que parece menor, repercutió fuertemente en su espacio político. Lo que al principio parecía un hecho aislado comenzó a repetirse con otros funcionarios.
“Desde un primer momento Macri puenteó a sus ministros. Siempre buscó centralizar el poder de gobierno sólo en su figura”, exclamó un allegado al intendente porteño.
En la actualidad, los destratos y las internas en el PRO son hechos cotidianos, pero el jefe de Gobierno tiene un especial encono con Waldo Wolff. Las fugas de presos hablan a las claras de un problema que no pueden, no quieren, o, en el peor de los casos, no dejan que se resuelva.
Tiempo se puso en contacto con la cartera de Seguridad para conocer las cifras oficiales de presos fugados. Jamás respondieron. “No hay cifras reales y si te pasan son dibujos. Hay presos que se escapan a horas de haber sido detenidos y que ni fueron registrados. Hay más fugados que los que se informan a los medios”, explicó la misma fuente.
Pero no todas son internas en el macrismo. Para la presidenta del Bloque de Unión por la Patria (UXP) en la Legislatura, Claudia Neira, la gestión de Wolff es “ineficiente. Los índices de los delitos contra la propiedad han subido durante el año pasado, los robos con moto, los robos de automotor, todos crecieron alrededor de un 20 por ciento. Además no se ha resuelto el problema de los detenidos y no vemos que se hayan tomado medidas adecuadas para evitar las fugas que se dan sistemáticamente”, analizó.
Para Neira, Waldo Wolff y Jorge Macri deben planificar una solución: “Que implica que la ciudad asuma la responsabilidad de los detenidos, si puede ser con un acuerdo con Nación, mucho mejor, pero en todo caso, si eso no es posible, igual hay que solucionarlo, porque el problema hoy lo tenemos: hay que definir cuál va a ser la unidad carcelaria, la unidad penitenciaria de la ciudad”, agregó.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay que analizar la problemática desde una mirada estructural. “El problema es que hay más detenidos que lugares, así de simple. La política criminal de la ciudad y de seguridad está basada en un hipercontrol. Hay muchísimas detenciones, la mayoría generadas por los hechos que filman las cámaras y la saturación policial”, explicó Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro. La especialista coincide en que se necesita con urgencia un acuerdo entre Nación y CABA que resuelva el tema de las personas privadas de su libertad.
“No hubo un acuerdo y no hay trabajo conjunto. Entre ellos se acusan sobre sus responsabilidades. Esto es una encerrona que tiene como principal consecuencia que las personas queden detenidas en lugares que no están pensados para eso. En esos espacios no hay luz natural, ni aire, duermen en el piso, algunos no tienen duchas, para salir al baño tienen que pedir permiso. Como no hay lugar, terminan durmiendo en patios a la intemperie. Hasta hay personas esposadas en muebles”, contó Fernández Hoffman y remató: “La policía está completamente saturada, teniendo que cumplir una función para la que están preparados, ni la que deben cumplir”.
Para el abogado especialista en DD HH Ismael Jalil, la situación es evidente y las fugas están vinculadas a fuertes internas: “no cabe duda de que hay un enfrentamiento entre Bullrrich y Wolff que tiene sabor a disputa entre truhanes. Tres fugas en diez días no se realizan sin la complicidad u omisión de la policía a cargo, pero además ninguno de ellos tiene suficiente conocimiento para estar al frente de sus carteras”, exclamó.
Jalil recuerda que “en CABA el 60% está detenido con preventiva y sólo el 13% con condena. ‘Los tira y aflojes’ sobre el traslado de comisarías a cárceles no se resuelven porque tienen conflicto respecto al tipo de población que van a derivar. Hablan de 400 condenados pero la cifra no concuerda con la realidad ya que para llegar a 400 necesitan trasladar no sólo a condenados”.
“No es exagerado el adjetivo ‘desaforada’ para referirnos a la política de encarcelamiento en la Ciudad”, señaló Valeria Mustoni, integrante de la Coordinadora contra la represión policial (CORREPI). “Como dato, tenemos el informe de la Red Federal de Defensa de los DD HH y la Democracia presentado a fines de 2024. En el año 2019, no había mucho más de cien personas detenidas en dependencias de la Policía porteña. En abril de 2020 eran 139; y en diciembre de 2022, 948. Por entonces estaban distribuidas en 19 Alcaidías, el Centro de Contraventores y 31 comisarías no habilitadas”, explica y concluye: “Al 31 de diciembre de 2023 eran 1787 las personas detenidas y al 30 de junio de 2024 ya eran 2052. De junio 2023 a junio 2024 se produjo un incremento del 48,8 por ciento». «
