En el barrio Los Nogales, localidad de Yala, provincia de Jujuy, tres familias fueron desalojadas en forma violenta por las distintas fuerzas de seguridad. Interviene en la causa el fiscal Diego Cussel.
Resulta que el exdiputado nacional José Luis Martiarena reclama esa propiedad, acusa a Teresa Canchi y su familia de usurpar la finca Los Sauces. Sin embargo, las víctimas contaron a este diario que la finca es su tierra ancestral. También aseguraron que, desde la Dirección de Niñez y Familia, cuando pidieron ayuda los amenazaron con sacarles la tenencia de sus hijos. Por eso, piden que las máximas autoridades intervengan en el asunto y les brinden una solución.
Violencia institucional
Montaron un enorme operativo policial que avanzó sobre tres de las cuatro propiedades que hay en el lugar: “Soy la hija de Teresa Canchi, dueña legítima de esta propiedad, hermana de Herminia y Vanesa Colqui y de David Vera”, se presentó Carina, en diálogo con Tiempo.
“Vinieron y nos desalojaron con las fuerzas policiales, en 2018 ya habían intentado sacarnos, pero no pudieron, en ese momento las autoridades habían fallado a favor nuestro. Ahora, el pasado 31 de julio, el juez Martín de Athayde Moncorvo firmó la orden de desalojo que solicitó el fiscal”; contó la mujer.
“En su resolución indicó un plazo que vencía el 2 de agosto, procedieron en forma muy violenta, nos sacaron de nuestras casas, tenemos diez chicos en total. Nosotros dormimos una noche en el portón en forma de resistencia, pero no pudimos hacer nada”, reconstruyó Carina.
Siguió contando que “ese día estaba el fiscal, la brigada, infantería, caballería, bomberos, entre otras fuerzas de seguridad, no dijeron que venían a desalojar y lo hicieron en forma brutal, mi mamá es la dueña, no somos usurpadores como ellos dicen, nosotros estamos representados por el doctor Miguel Ángel Villagrán”, denunció la mujer.
Una tierra ancestral
“Acá vivieron mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, nosotros nacimos y nos criamos en este lugar, igual que todos nuestros hijos, los primeros llegaron en 1944. Mi mamá siempre les hizo frente y luchó por su tierra, les ganó una instancia legal, pero luego fue desestimada. Ella siempre discutió con los del municipio porque con las máquinas ensanchaba cada vez más el río y así iban comiendo el terreno de nuestra finca”, recordó Carina.
“Otra de las estrategias que usan los Martiarena, es el armado de causas penales, a uno de mis sobrinos lo acusan de amenazas de muerte y eso es una gran mentira. Hicieron allanamientos y nunca encontraron nada, manejan a la Justicia como ellos quieren, así obligan a que los pobladores del lugar hagan lo que ellos dispongan”, señaló.
“Así intentaron que mi mamá abandonara su tierra, pero ella les respondió que no, les dijo que mi sobrino es inocente de esa acusación falsa que ellos le hacen, por la cual lo tuvieron judicializado por mucho tiempo”, apuntó.
Precariedad institucional
“Como dije antes, todos nuestros ancestros vivieron en esta finca, cada uno de los hijos de doña Teresa recibimos una porción de terreno para construir nuestras casas, al juez no le importó que tengamos diez chicos menores de edad”, se quejó Carina.
La mujer también explicó cómo son atemorizados de distintas maneras:” Cuando vinieron de la Dirección de Niñez y Familia, tras la gravísima situación que pasaron los niños, nos dijeron que nosotros los tenemos que mantener alejados de la violencia, que no los tenemos que exponer a ellos y que, si no cumplimos, nos van a sacar la tutela de los chicos”, fue la amenaza que recibieron.
“Tienen todo arreglado, porque Martiarena conoce a todos dentro del mundo de la política y las instituciones, es totalmente injusto, una vergüenza, estamos pidiendo ayuda a los gritos y nos responden con que nos van a sacar a nuestros hijos, esto es gravísimo, alguien tiene que intervenir”, finalizó.
