El Gobierno Nacional decidió redefinir el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional a través del decreto 1112/2024 para “modernizar” y ampliar las “capacidades” de las Fuerzas Armadas en respuesta a lo que desde el Ejecutivo libertario consideran amenazas contemporáneas contra los intereses vitales del país. La nueva definición abre una incógnita sobre cómo será la interpretación en casos concretos, ya que faculta a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, subordinada directa de Javier Milei, a tomar decisiones que hasta ahora pertenecían a la cartera de Defensa, que conduce Luis Petri.
Además, la medida pone bajo la lupa cuáles son esos «intereses vitales» y qué es una amenaza para ellos. No cuesta imaginar que las zonas de extracción de recursos naturales y producción de energía estarán en la cima de la hipotética lista, de la que el reciente decreto no incluye ningún detalle geográfico.
La decisión presidencial ocurre en medio de las tensiones y desacuerdos entre las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la Casa Rosada. La falta de presupuesto y las críticas internas durante el primer año anarcocapitalista en el gobierno nacional redundó en los resonantes despidos del primer jefe de la Fuerza Aérea de la gestión Milei, Fernando Luis Mengo, y el viceministro de Defensa, Claudio Pasqualini, integrante de la familia militar y de profundas convicciones negacionistas sobre los crímenes de lesa humanidad.
El decreto actual deroga el Decreto 727/2006, que limitaba la intervención de las Fuerzas Armadas a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. Sectores otrora marginales habían criticado esta regulación por restringir la capacidad de respuesta frente a amenazas no tradicionales como el terrorismo transnacional o los ciberataques.
Con el nuevo decreto, el Gobierno asegura que amplía el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.
Se introduce así un concepto más amplio de amenaza, que incluye cualquier acción o intención que pueda dañar los intereses vitales de la Nación, incluso si no se materializa en un ataque directo. El problema es quién queda a cargo de la interpretación de la amenaza y cómo acciona contra ella.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió sobre el potencial peligro del Decreto 1112/2024. En una publicación en redes sociales, la institución expresó: «Desde hoy -por el jueves 19- el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. Es decir, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)».
El CELS critica con dureza la medida por inconsulta en el Congreso, y agrega: «Se trata de un nuevo intento por redefinir el rol de las FFAA en seguridad interior». Bajo tal interpretación de la seguridad, durante el siglo XX en Argentina el Estado nacional perpetró los más graves crímenes de lesa humanidad de su historia, con expresión máxima durante la dictadura cívico – militar entre 1976 y 1983.
Qué es una amenaza y cuándo operan las Fuerzas Armadas, según el Gobierno
El nuevo decreto de Milei redefine las agresiones externas para incluir no solo a otros Estados, sino también a actores no estatales con capacidad transnacional. El uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados, para reforzar la vigilancia y defensa en distintos ámbitos serán nuevas opciones en el trabajo militar, explican a partir desde el Ejecutivo a partir de la nueva medida.
Sin embargo, los problemas presupuestarios crónicos del área de Defensa en Argentina no sufrieron cambios sustanciales durante el primer año del gobierno de Milei. A pesar de los discursos sobre rearme y renovación de los parques de armamentos, el fanfarrio desfile por las calles y el aire de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de julio, incluso luego del entendimiento con EEUU para el proceso -extenso- de traspaso tecnológico del sistema de armas que integra el caza F-16, las mejoras en los ingresos de la tropa y la oficialidad no vieron mejoras significativas en las tres armas.
La inquietud ya clásica en las Fuerzas Armadas sobre el esquema de ascensos es otro foco de conflicto que hasta el momento no tiene solución desde el escritorio de Luis Petri.
En el artículo 17 del nuevo decreto se destaca que “la Defensa Nacional coadyuva al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, definidas en el Decreto N° 253/18. En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”.
A diferencia del decreto anterior, que separaba estrictamente las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la nueva normativa promueve una «coordinación estratégica entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad» en áreas clave como las fronteras. Esta integración permitirá, según argumenta el decreto, «una respuesta más eficaz ante actividades ilícitas como el narcotráfico o el uso del espacio aéreo con fines terroristas».
En este punto, el CELS insiste en su preocupación acerca de quién tendrá potestad sobre las decisiones de aplicación y activación del Sistema de Defensa Nacional: «Este decreto implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de Seguridad sino también el de las Fuerzas Armadas«.
Según consta en una publicación de la agencia Noticias Argentinas que retoma de manera directa un comunicado de prensa del Poder Ejecutivo, el decreto refuerza la importancia de las zonas de seguridad de fronteras, creadas en 1944, y las adapta a las necesidades actuales. Las Fuerzas Armadas podrán entonces complementar las tareas de vigilancia y control, especialmente en áreas críticas o de difícil acceso, «contribuyendo al resguardo de la soberanía nacional».
Más incógnitas se abren respecto al rol de las Fuerzas Armadas en zonas de frontera luego del incidente violento protagonizado por la Gendarmería en la ciudad de Orán, en la provincia de Salta, esta semana. Fernando Martín Gómez, joven de 27 años, fue asesinado en medio de la represión de la madrugada del miércoles 18 cerca de la ruta nacional 50, que une la localidad de Aguas Blancas con Orán. El violento operativo se dio en el marco del Plan Güemes, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró el accionar contra “narcos violentos”. Pero la comunidad se movilizó en repudio de la represión y denunció que se violentó a trabajadores que viven del comercio de hojas de coca y mercaderías.
El plan contempla un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, que prioriza la modernización de los recursos y establece, según se lee en la comunicación presidencial, directivas claras para la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas. Además, se busca mejorar la «interoperabilidad con países de la región y del ámbito internacional para fortalecer las capacidades operativas en escenarios multilaterales«, aspecto esperable y previsible en virtud de las décadas de cooperación pacífica entre las fuerzas armadas y de seguridad con los países limítrofes.
Acaso el rasgo más preocupante del comunicado de prensa distribuido y republicado por NA pasa por la noción de zonas interiores: estas se determinarán «a través del planeamiento estratégico militar cuando identifiquen los objetivos de valor estratégico a proteger y los criterios incluyen riesgos potenciales asociados a estas áreas».
Aunque no hay una lista pública detallada por razones de seguridad, históricamente estas zonas incluyen instalaciones militares como bases del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea e infraestructura crítica, como represas hidroeléctricas, centrales nucleares o hubs de telecomunicaciones. Sin dudas, zonas como Vaca Muerta pasarán a integrar esa categoría. La pregunta que se abre es, por poner un simple ejemplo, qué tipo de amenaza representa una protesta sindical o social en cualquiera de esos territorios.
