Diputados opositores, organismos de Derechos Humanos y abogados en causas de lesa humanidad cuestionaron las políticas de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei y advirtieron que recientes decisiones gubernamentales ponen en riesgo los avances en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia consolidadas en estos 40 años de democracia. Lo hicieron en el encuentro en el que participaron miembros de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, la agrupación H.I.J.O.S., el CELS, entre otros. Además, repudiaron la visita de diputados de La Libertad Avanza a ex represores en el penal de Ezeiza.
“La convocatoria es para que hagamos una evaluación de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país en la actualidad”, explicó el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky quien agregó: “Entró un proyecto del gobierno que trata de la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas, algo que por supuesto genera mucha preocupación”.
“También se suma a un hecho que conocimos hace muy pocas horas y que nos conmociona que es el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de uno de los integrantes de H.I.J.O.S que se produjo en Córdoba”, advirtió Yasky, al tiempo que añadió que hay un cúmulo de cuestiones y “otros hechos que tienen que ver con la disolución de organismos que tenían como tarea colaborar en la aceleración de los juicios pendientes todavía en la determinación de identidades de hijos y nietos”.
Por su parte, Taty Almeida, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora expresó: “No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos hasta la fecha».
La actividad tuvo lugar en la previa de la sesión que este miércoles realizará la Cámara baja con temas de seguridad propuestos por el oficialismo como un proyecto que propone modificaciones a la Ley 26.879, sobre Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, vinculados a delitos contra la integridad sexual; y la de la Ley 26.216, de Armas de Fuego.
La visita a Astiz
Sin embargo, como contó Tiempo, el tour a la cárcel de Ezeiza no será uno de los temas centrales en el recinto, que sin dudas concentrará toda la atención de los opositores. De hecho, los diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido para conformar una comisión que evalúe si la conducta de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci y si esto amerita su expulsión del cuerpo.
En tanto, en la oposición dialoguista no hay ánimos de defensa y muchos consideran que merecen repudio. En el radicalismo no descartan acompañar un apartamiento del reglamento para que se vote el proyecto de UP.
El pasado 11 de julio, los diputados visitaron a exmilitares en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz. El encuentro fue organizado por Montenegro y Benedit quien lo calificó posteriormente como “visita humanitaria”. Según circuló, los genocidas habrían entregado a los legisladores un proyecto de ley para obtener la prisión domiciliaria a partir de los 70 años. El proyecto elaborado por el Ministerio de Defensa de la Nación que propone modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas “ante actos terroristas”, ingresó este lunes a la Cámara que preside Martín Menem.
La iniciativa propone una alternativa intermedia a las mencionadas para que “las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”.
Asimismo, el proyecto de ley establece que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población y que -como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del artículo 41 del Código Penal de la Nación, el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.
Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia.
