El Gobierno de la provincia de Río Negro y la Municipalidad de El Bolsón sabían detalladamente desde hace años que estaban dadas las condiciones materiales para un incendio forestal y de interface de enorme magnitud como el que estalló el jueves 30 enero, pero decidieron ignorar todas las advertencias que formularon las organizaciones de la zona, científicos del Conicet y cuerpos especializados en incendios forestales.
Por ejemplo, el gobernador Alberto Weretilneck tiene cajoneado desde noviembre de 2018 un Plan De Gestión del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido (Anprale). El trabajo fue aprobado unánimemente por consultorías científicas de rigor y las áreas técnicas ambientales de Río Negro, y solo espera su firma para ser puesto en marcha.
El Plan de Gestión prevé el diseño de un Plan de Prevención y Manejo del Fuego, protocolos de evacuación y de rescate de víctimas ante una catástrofe de magnitud como la que acaba de ocurrir, entre otros aspectos.
El incendio desatado el jueves 30 de enero nació dentro del Anprale, en inmediaciones del Cajón del Río Azul. Mató a un hombre de 84 años y quemó al menos cuatro mil hectáreas de pino invasor y bosques nativos, y millares de ejemplares de fauna silvestre.
El fuego inmediatamente se dirigió hacia la zona rural, el Mallín Ahogado, donde redujo a cenizas unas 200 casas y otras 50 sufrieron daños parciales. Se perdieron cultivos, acopios, colmenares, vehículos, infraestructura y los sueños de miles de personas que perdieron todo a manos de un supuesto incendiario y la imprevisión gubernamental.
Todas las advertencias recibidas por la Provincia y el Municipio están documentadas en decenas de notas, pedidos y reclamos. También lo certifican una enorme cantidad de actas, minutas y audios de reuniones entre representantes de organismos públicos y grupos sociales de la zona, a algunos de los cuales tuvo acceso Tiempo Argentino.
En esos encuentros todos los participantes, sin excepción, coincidían en la falta de un plan para prevenir o controlar un incendio forestal en el Anprale, y en advertir las altas probabilidades de que el fuego pudiera avanzar rápidamente hacia la zona rural del Mallín Ahogado
De los encuentros participaron el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif), el Hospital de El Bolsón, Defensa Civil, Bomberos, las áreas de Ambiente de Provincia y Municipio, y organizaciones como la Asamblea del Agua y la Tierra (Adat), el Frente Rural, y la Brigada Forestal del Mallín Ahogado.
El intendente local Bruno Pogliano jamás aceptó concurrir a las mesas de trabajo pese a que suplicaron su presencia por ser quien debía tomar las decisiones ejecutivas para poner en marcha medidas preventivas, en los límites del Anprale, donde tiene jurisdicción la Municipalidad de El Bolsón.
La responsabilidad política gubernamental por la falta de previsión es un elemento independiente de la causa del fuego. Para el caso, resultaría lo mismo un incendiario, que una botella rota bajo el sol y sobre pasto seco.
“Desde hace tiempo se prevé sufrir una emergencia dentro del Área. Pero jamás se ha hecho nada para evitar situaciones graves, para impedir un evento crítico masivo con múltiples víctimas. Es un ‘viva la Pepa’ dentro de la montaña, y así terminamos”, se enerva Natalia Dobranski, diplomada en manejo del fuego y cambio climático en Universidad Nacional de San Martín, técnica universitaria en Gestión Integral de Incendios Forestales y cofundadora de la Brigada Forestal del Mallín Ahogado.
Dobranski recuerda que hace años que se reclama un Plan de Gestión, pero que las alarmas se encendieron en el verano de 2021 y 2022 luego de la pandemia, cuando por el acceso troncal a los senderos del Anprale y en el Cajón del Azul, transitaron entre 120 y 130 mil personas en solo dos meses de temporada. Y no había plan de nada para semejante flujo turístico invitado por operadores, provincia y municipio, sin ningún tipo de previsión.
“Hasta la fecha nadie ha tomado cartas en el asunto”, reclama la brigadista, aunque aclara que cada organismo estatal involucrado hizo su trabajo de la mejor manera posible, cada uno hizo bien lo suyo pero con el limitante de carecer de un Plan integral.
Recuerda que para evacuar turistas al comienzo del incendio se decidió frenar el combate al fuego en una zona. Ello insumió varias horas y el fuego creció con mucha fuerza. Si hubiera existido un plan de evacuación por otro camino, o en helicóptero, o lo que sea, el tránsito del fuego podría haber sido otro. Pero no había Plan de Manejo y se hizo lo primero que se pudo para salvar personas en serio peligro.
“Estos son eventos que sabíamos que iban a suceder. No hubo nunca un trabajo integral para evitar situaciones como esta. Hay un libro lleno de notas de los vecinos exigiendo respuestas a la afluencia turística masiva dentro del Anprale sin preparación. Hay un montón de notas que se presentaron a la Municipalidad y a la provincia pidiendo por la gravedad del tema. Jamás fueron respondidas”, denuncia la especialista.
Con la brigadista Dobranski coincide la doctora en Biología Valeria Ojeda, autora del Plan de Gestión que Weretilneck cajoneó hace siete años. Investigadora del instituto INIBIOMA, del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Ojeda subraya que en este incendio “hay responsabilidades de larga data, una sucesión de inoperantes y desidiosos. Por ejemplo, hay solo 6 guardias ambientales para las 65 mil hectáreas del Anprale”.
Para Ojeda el incendio tenía un objetivo: “Al fuego lo encendieron sabiendo que iba a ir a afectar al área de interface (ndr: la zona rural del Mallín Ahogado). Están a sotavento (viento de espaldas). Lo prenden el día de más calor y más viento del verano y ya sabés hacia dónde va a ir el fuego. Esto no se hizo de manera casual, fue muy estudiando y premeditado”, alerta.
El área rural del Mallín Ahogado como objetivo de incendios forestales fue una de las tantas advertencias ignoradas por el Municipio y la Provincia. Las realizaron las organizaciones ambientales y rurales de la zona en conflicto desde hace años, debido a la intención del intendente Pogliano de urbanizar la ruralidad a como dé lugar.
Manuel De Lucía es militante ambiental, defensor del ruralismo y uno de los que participaron en las reuniones con organismos oficiales con el fin de prevenir los incendios forestales. “Tengo una carpeta llena de las notificaciones de alerta que presentamos y jamás nos respondieron, nunca nos escucharon, siempre nos ningunearon”, denuncia.
De Lucía es docente terciario diplomado en Educación Ambiental por la Universidad Nacional del Comahue, miembro del Frente Rural y coordinador de la agrupación Mallín Ambiental. “Hoy tenemos estás consecuencias del incendio, que podían haber sido de menor alcance, y no esta tragedia enorme. Hay una extensa cadena de responsabilidades”, sostiene.
De Lucía recuerda que en 2024 se modificó la Ley de Tierras provincial, que databa de 1966. La original, subraya, calificaba a la tierra como “un bien social”, y hasta mencionaba literalmente que era “para quien la trabaja”.
La modificación legislativa, explica, cambió el concepto de “uso social de la tierra” por el de “uso de aquellos medios económicos que puedan producir su mayor aprovechamiento. Esto significa que el Gobierno de Río Negro busca desplazarnos, nos corren a los pobladores rurales y se impone el criterio de que el valor de la tierra ya no es por su potencial productivo sino por su valor inmobiliario”.
Menciona que “lo quisimos discutir mil veces y nos respondieron que eran tiempos de progreso y ese progreso es imparable, que debíamos buscar otro destino”.
Por eso De Lucía entiende que todo “nos lleva a pensar que el incendio se enmarca en ese conflicto, a la necesidad de acallar a toda una población y de generar una migración forzada de quienes vivimos en un territorio tan hermoso como el bosque Andino Patagónico”.
Afirma que el incendio fue dirigido hacia el Mallín intencionalmente en un proceso de gentrificación: “Si no nos vamos, van a intentar quemarnos vivos”.
