Una denuncia contra el gobierno de China rebota entre decisiones en el interior del Poder Judicial de Argentina. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había tomado de enjuiciar a China por una denuncia presentada hace dos años por el abogado inglés Michael Polak, en nombre de la asociación Uyghur Human Rights Project.

La iniciativa había sido desestimada por la justicia cuando fue presentada, pero luego la Cámara la rehabilitó y ahora vuelve a desaprobarla, argumentando en el fallo que, habiendo recibido información de Cancillería de que 19 uigures residentes en Turquía habían iniciado la misma causa penal en Turquía, “la aplicación de la regla de complementariedad impide a la justicia argentina proceder. El primero y más básico es que ya se denunciaron los hechos en el sistema institucional de otro país”.

Especialistas en temas judiciales argentinos plantearon a Tiempo Argentino que las posibilidades de que un tribunal de nuestro país disponga de medios para hacerle un juicio a China son prácticamente nulas, pero que la denuncia puede buscar un impacto mediático.

La acusación en un tribunal local involucra a nuestro país en una campaña que en los últimos años viene instrumentando Estados Unidos contra China, a través de corporaciones mediáticas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, sistemas judiciales, su propio Congreso y gobiernos amigos. El argumento es que China no sólo viola los Derechos Humanos de la etnia uigur obligándola a trabajos forzados, esterilizando a sus mujeres, encerrando a un millón de personas en campos de concentración y otros abusos, sino que está cometiendo un genocidio contra su población.

El gobierno de China viene negando las imputaciones y ha recibido delegaciones de organismos internacionales para que inspeccionen la Región Autónoma de Xinjiang, donde viven los uigures.

En 2022 Michelle Bachelet, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, culminó una misión en la zona instando al gobierno de Xi Jinping a revisar su política antiterrorista para garantizar que cumple los estándares internacionales, pero no encontró pruebas de las violaciones denunciadas.

También han asegurado que se trata de una campaña armada por medios estadounidenses como The Grey Zone, que ha advertido que la fuente más citada es Adrian Zenz, un ideólogo de extrema derecha que ha dicho que está “dirigido por Dios” contra el gobierno de China, y ha informado que el Uyghur Human Rights Project fue creado y es financiado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), un organismo de inteligencia estadounidense que se estableció bajo la supervisión del ex director de la CIA, William Casey.

En un primero momento la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscal Alejandra Mangano reclamó medidas que justificaran que las denuncias estaban relacionadas con Argentina. El caso se cerró, pero los denunciantes apelaron y la Sala III de Casación hizo lugar al planteo. Sin embargo, la Cámara Federal dictó ahora un nuevo fallo, ratificando su postura anterior, sosteniendo que el principio de jurisdicción universal “supone lógicamente una tensión que se vincula a las relaciones entre los Estados en el orden jurídico internacional” y por ello “se trata de una facultad que debe ejercerse con suma prudencia”, ponderando “reglas básicas” como “la excepcionalidad y subsidiariedad de esta potestad”.

Según el fallo, la fiscalía, “órgano constitucionalmente llamado a ejercer la acción penal pública y a representar los intereses generales de la sociedad, ha optado por no promover la apertura de la instrucción criminal”. Asimismo, indica que el caso involucra personas y asociaciones de nacionalidades extranjeras y radicadas fuera del país las que promueven la denuncia “sin elementos de apoyatura suficientes para justificar normativamente un ejercicio de soberanía excepcional como el promovido”.

Por otra parte, la Cámara porteña afirmó que la Cancillería es el encargado de llevar adelante las relaciones exteriores de la Nación ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

En el plano judicial podrá aparecer una nueva apelación, ante lo cual los jueces de Casación deberán revisar este nuevo fallo de la Cámara Federal.