Luego de once días de ataques que costaron la vida de 243 palestinos –incluidos 66 niños– y 12 israelíes, la etapa que viene es la de la reconstrucción de Gaza, donde resultaron destruidas al menos 17 mil viviendas y quedaron no menos de 90 mil desplazados. Y ahora es donde aparece la otra cara de una situación demasiado repetida: la reconstrucción. Que no será fácil, aunque beneficiosa para empresas que puedan realizar estas tareas con la correspondiente autorización. Y en este punto no es difícil percibir que detrás de la gestión del presidente egipcio Abdelfatah Al-Sisi para lograr el cese el fuego hay también un interés en participar en este proceso.
Enfrentado a Hamas, el gobierno de El Cairo fue clave para convencer a los actores principales de esta tragedia de que había que poner fin a los enfrentamientos. Joe Biden aplaudió esa gestión con una frase esclarecedora: «Extiendo mi sincero agradecimiento al presidente al-Sisi y a los altos funcionarios egipcios que desempeñaron un papel tan crítico en esta diplomacia”.
Como una historia repetida, al otro día comenzaron a llegar anuncios de ayuda humanitaria y para la reconstrucción de los daños generados por los continuados ataques de las fuerzas armadas y la aviación más avanzada de la región. Este viernes, 13 camiones con carga de las agencias de la ONU cruzaron por Kerem Shalom con material valuado en U$S 18 millones en alimentos, productos médicos desechables y vacunas, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). China ofreció también vacunas y un millón de dólares en insumos humanitarios. El propio Biden dijo que Estados Unidos haría un aporte sustancial, y aunque anunció “un gran paquete”, todavía no fue dimensionado el aporte.
Egipto, por su parte, informó que destinaría 500 millones de dólares para ayuda a Gaza, pero a renglón seguido señaló que esos fondos serán para que empresas egipcias colaboren con futuros planes de reconstrucción. Se lo comunicó personalmente al presidente francés Emmanuel Macron y al rey jordano Abdullah en sendas rondas como parte de las negociaciones de paz.
Este operativo israelí fue el de mayor magnitud y capacidad destructiva desde 2014, cuando durante más de 50 días resultaron destruidas unas 11 mil viviendas y dañadas unas 160 mil. Aquella vez la ONG británica Oxfam calculó que se necesitaría un siglo para volver la zona al estado anterior a los combates. En esa ocasión, además, a instancias de Robert Serry, un diplomático holandés ungido negociador por la ONU, se estableció el llamado Mecanismo de Reconstrucción de Gaza (GRM, por sus siglas en inglés) para regular y vigilar las entregas de material.
Desde el triunfo legislativo de Hamás en Gaza, en 2006, Israel profundizó un bloqueo fronterizo para evitar, según Tel Aviv, que el ala armada de ese movimiento islámico pudiera recibir armamento o insumos militares. Sucede que los principales elementos para la reconstrucción edilicia son el cemento y el hierro, que en la calificación de seguridad, tienen “doble uso”, civil y militar.
Al cabo de un par de años, el GRM recibió gran cantidad de críticas porque generó un sistema burocrático que encareció los productos elementales que necesitan los gazatíes y creó un enorme mercado negro. Por las mismas condiciones físicas de ese territorio, que además está cercado, los principales proveedores resultaron compañías israelíes. Entre ellas se destacó la Nesher Israel Cement Enterprises, que tanto vende en su país como en la Franja y a colonos que ocupan asentamientos en Cisjordania. Creada en 1925, la empresa se jacta en su página web
Por el contrario, para los habitantes de Gaza, “el objetivo del GRM fue evitar que Hamas obtuviera el cemento”, según recordaba Maher al-Tabbaa, miembro de la Cámara de Comercio de Gaza. A través de los túneles de la zona de Rafah, en la frontera sur de Gaza, cruzaron toneladas de cemento provistas por una fábrica propiedad del Ejército egipcio. Esos pasadizos suelen ser un objetivo de los ataques israelíes. Pero también hubo empresas locales que pudieron meter baza, como la Salah Elamassi Company, que reconoce haber prosperado en estos años.
Pero no todas la pasaron bien. Es el caso de una, cuyo dueño, identificado solo con las iniciales A.H. sufrió un bloqueo denunciado a principios del año pasado por Gisha, una organización israelí que protege los derechos de los palestinos. Las autoridades le informaron a la ONG que la firma había sido suspendida en el esquema GRM sin mayores precisiones. Gisha recurrió a la Corte de Justicia. Había un problema de faltante de bolsas de cemento registradas en sus operaciones que la empresa aclaró luego de esa presentación y pudo recuperar su permiso.
Recursos ante la corte de La Haya
Funcionarios de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH) reclamaron que se respete el alto el fuego en Gaza pero, al mismo tiempo, exhortaron a que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue ataques contra la población civil y otras «graves violaciones de los Derechos Humanos».
Los expertos de esa entidad señalaron que los desalojos forzosos de familias palestinas que viven en Sheikh Jarrah y Silwan, en la Jerusalén Oriental ocupada, fueron la chispa que desencadenó un nuevo conflicto entre Hamás y el gobierno israelí, que sin embargo justifica la escalada en los cohetes lanzados desde la Franja.
La ACNUDH destaca en un informe que más de 450 edificios fueron destruidos por los ataques, entre ellos hospitales, centros de salud, una planta desalinizadora de agua y la torre Jala, donde tenían oficinas las agencias Assiated Press (AP) Al Jazeera, AFP y BBC. El dueño del edificio, Jawad Mehdi, considera también que el ataque contra ese lugar es un crimen de guerra.
«El propietario de este edificio, que es palestino, ha ordenado a sus abogados que presenten una denuncia por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional», dijo el abogado Gilles Devers en un comunicado. “Escuchamos que esta torre pudo haber sido destruida porque albergaba a miembros de una organización armada. Esto es algo que negamos totalmente después de estudiar el caso”, agregó Devers. “El derecho internacional establece que solo se puede dañar la propiedad civil si se utiliza con fines militares, y ese no fue el caso. Por eso lo decimos hoy ante este tribunal y en esta denuncia”.
