Tras la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos, del informe de gestión N° 140, los principales cuestionamientos al gobierno por parte de los diputados de distintos espacios políticos se dieron en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial que tiene como objetivo limitar el acceso a la información pública.
“Le pido que derogue urgente el decreto que restringe la libertad de expresión en la argentina” dijo desde el radicalismo la diputada Carla Carrizo. Y agregó: “Es una regresión insólita esa regulación a la ley del secreto respecto a la información púbica.”
En esa misma línea, su par de bancada Karina Banfi indicó: “El acceso a la información pública es un derecho humano que opera de la siguiente manera. Nosotros los humanos somos propietarios de la información y el Estado la administra, la ordena y la pone a disposición cuando los ciudadanos lo requieran”.
“Me dicen que preguntan mucho los ciudadanos. Bienvenido aquellos que ejercen el derecho humano a preguntar porque hay una conversación pública, transparente y abierta. Lo que importa no es la intimidad del funcionario sino lo que hace con el heraldo público”, agregó.
Ante la presión de los legisladores, sobre todo la UCR, la Coalición Cívica y el PRO, Francos respondió : “El gobierno quiere ordenar y no hay ninguna intención de limitar el acceso a la información».
Además, explicó que “respecto a los criterios sobre la buena fe, el gobierno entiende que tiene que ser un principio para todos porque hay algunos mecanismos que se utilizaban de manera contraria”. Asimismo prometió que, de ser necesario, se analizará modificar el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información.
El rol de Santiago Caputo
En tanto, otras consultas fueron en torno al rol del asesor estrella del presidente Javier Milei. En ese sentido, Juan Manuel López (CC) señaló: “No nos interesa construir un monje negro, pero le pregunto si Santiago Caputo va a tener un rol de poder, ya que hay que asumir las responsabilidades institucionales que ese rol de poder implica». El socialista Esteban Paulon, por su parte, consultó respecto de la remuneración de Caputo y sus actividades como asesor presidencial.
El funcionario prefirió no responder la pregunta y envió a los disputados a leer el informe de gestión escrito que enviaron a los legisladores. Allí, en la pregunta 1708, la Casa Rosada responde que “la Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que Santiago Caputo se encuentra contratado en el ámbito de la secretaria general, en el marco del Decreto N° 1109/17, en la categoría de consutor”.
Allí se señala que tiene “una remuneración equivalente a 3750 unidades retributivas. A la fecha, la Unidad Retributiva de Servicios está fijada en 683,55 pesos, por lo que el asesor cobra 2.563.312,50 pesos.
Con relación a sus actividades, en el informe enumeraron que “consisten en liderar proyectos de consultoría, en el campo profesional específico; planificar y ejecutar actividades de consultoría en un campo profesional especializado; armar propuestas estratégicas con contenido teórico y práctico para la obtención de resultados”.
Factura con Pichetto
En cuanto al jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, le reclamó al jefe de Gabinete un quiebre en el diálogo entre el gobierno y el congreso. “Es importante que usted interactúe más con el Congreso. Usted venía de una relación exitosa con el Congreso, que le había permitido a este Gobierno y al presidente (Javier) Milei sacar dos leyes importantes”, señaló, recordando el rol de Francos como ministro del interior en el tratamiento de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal.
Pichetto destacó que “de repente es como que hubo un repliegue. No sabemos a qué obedeció, tal vez a alguna decisión propia del gobierno, pero a mí me parece muy importante que haya una interacción con el gobierno, un diálogo razonable, inteligente, búsqueda de acuerdos”.
En ese sentido consideró que contar con ese diálogo hubiera llevado “al presidente a un veto parcial sobre el tema jubilatorio, haber satisfecho una mejora razonable con el artículo 1, con el 8%, más el ajuste por inflación. Hubiera sido importante para los jubilados y evitado la controversia”.
Mientras se producía la exposición de Francos, afuera del Palacio Legislativo, las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir a organizaciones sociales que se habían convocado para protestar en contra del veto del presidente al proyecto de Movilidad Jubilatoria.
La diputada del Frente de Izquierda, nacional Vanina Biasi le pidió a Francos y al titular del Cuerpo legislativo, Martín Menem, que frenen los incidentes afuera del Parlamento: “Como todos los miércoles, un grupo de jubilados se movilizó para plantear sus reivindicaciones y se atravesó un cordón de Gendarmería”, señaló.
Por su parte, el jefe de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, también responsabilizó a Bullrich por los incidentes en las calles: “Las fuerzas de seguridad generaron este clima de violencia y desorden ante un reclamo legítimo”, indicó, y acto seguido el bloque se retiró del recinto.
