Recolectores de basura, conductores de trenes, empleados de servicios públicos y otros trabajadores de Francia estaban este martes otra vez de huelga en reclamo de que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron dé marcha atrás con una reforma jubilatoria.
Los sindicatos dicen que los planes de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años son una amenaza a todo el modelo social francés, y más de 250 protestas estaban previstas hoy en toda Francia incluso después de casi dos meses de manifestaciones.
El proyecto de ley está siendo debatido en el Senado francés esta semana.
«La responsabilidad es únicamente del gobierno. No se puede hacer oídos sordos a este movimiento social», dijo el líder de la CGT, Philippe Martinez, a la radio France Info. subrayando que entran en una «nueva fase» con huelgas prorrogables.
«El objetivo es que el Gobierno retire su proyecto de reforma. Punto final», agregó.
Se trata de la sexta jornada de huelga contra la reforma jubilatoria desde el 19 de enero en la segunda economía de la Unión Europea (UE), pero los sindicatos pretenden que sea la la jornada más fuerte de protestas desde el inicio de las movilizaciones.
Los huelguistas bloquearon hoy la expedición de combustible de todas las refinerías, según la CGT.
Ayer paralizaron tres de las cuatro terminales metaneras por «siete días» y, desde el viernes, se fijaron como meta hacer caer la producción eléctrica en el sector nuclear.
Tras semanas de infructuosas protestas pacíficas, entre ellas la más importante en tres décadas contra una reforma social el 31 de enero con 1,27 millones de personas, según la policía (2,8 millones, para la CGT), ahora buscan «paralizar» la economía.
La primera ministra, Élisabeth Borne, calificó anoche de «irresponsable» este objetivo, en la cadena France 5, centrada ahora en desacreditar al movimiento opositor tras fracasar en su intento de convencer sobre la necesidad de la reforma.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.
Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa busca, según el Gobierno, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, en un contexto de aumento de la esperanza de vida de la población.
La última vez que los franceses lograron frenar una reforma de las pensiones fue en 1995. Los sindicatos paralizaron los servicios de tren y metro durante tres semanas y lograron mantener un apoyo masivo en la opinión pública.
Este martes, los sindicatos esperan sacar «más de dos millones» de personas a la calle, indicó el líder de FO, Frédéric Souillot, a la radio RTL.
Con el servicio de trenes y el transporte público de París, clave para la economía de la capital, «muy perturbados», el gobierno llamó a los franceses que puedan a trabajar desde casa.
Sin embargo, con un 60% de los maestros de educación infantil y primaria en huelga y miles de escuelas cerradas, según los sindicatos, muchos de ellos se vieron obligados a buscar alternativas para el cuidado de sus hijos.
Una quinta parte de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y alrededor de un tercio de los vuelos se cancelaron en el aeropuerto de Orly.
Se esperaba que no hubiera trenes a Alemania y España, y los que van y vienen de Gran Bretaña y Bélgica se reducirán en un tercio, según la autoridad ferroviaria SNCF.
La mayoría de los trenes de alta velocidad y regionales no funcionaban, agregó.
El transporte público se interrumpió en la mayoría de las ciudades francesas.
En la Riviera francesa, no había trenes interurbanos, incluidos los que unían Francia con Italia a través de Mónaco, lo que afectaba a decenas de miles de viajeros diarios al principado.
Aunque el objetivo es bloquear la economía, el impacto económico de las huelgas será «limitado», según los analistas del banco ING, para quienes, incluso en caso de largos bloqueos, no será superior a 0,2 puntos porcentuales del PIB.
Macron se juega una parte importante de su crédito político, después que la pandemia le obligara a abandonar una anterior reforma durante su primer mandato, marcado además por la protesta social de los «chalecos amarillos».
A falta de una mayoría en el Parlamento, que discute actualmente la medida, el Gobierno escogió un polémico procedimiento que le permite aplicarla a partir de finales de marzo, si las dos cámaras no se han pronunciado sobre la misma.
