Las provincias enfrentan el ajuste del gobierno nacional a sus cuentas con distintas estrategias. Algunas confrontan y llevan reclamos a la Corte Suprema, como hizo esta semana La Pampa, y otras negocian votos en el Congreso a cambio de un goteo de fondos que, por el momento, según denuncian las fuentes, es «discrecional».

Esta semana el jefe de bloque de Unión por la Patria Germán Martínez denunció en el Congreso que el gobierno nacional estaba ejerciendo la conocida estrategia del «palo y zanahoria», una herramienta que ponen en práctica los gobiernos que se proponen ajustar a las arcas provinciales y a la vez sumar voluntades para llevar adelante el mismo ajuste que pone a los gobernadores contra las cuerdas.

«¿Es cierto que el Poder Ejecutivo está transfiriendo a través de ATN los mismos fondos que les sacó a las provincias en concepto de FONID?», preguntó durante el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto en Diputados.

Según denunció Cetera, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que constituye el aporte de Nación para complementar los sueldos docentes de las distintas provincias, significa entre un 10% y 20% de rebaja salarial, y además afecta los presupuestos educativos de las Provincias. Esta semana la oposición buscará llevar al recinto distintos dictámenes que buscan su restitución.

Martínez, el titular de la bancada opositora, apuntó que «el FONID gastó en el primer cuatrimestre del año pasado 52 mil millones de pesos y en este primer cuatrimestre sólo 3600 millones se ejecutaron». «Lo licuaron. Lo hicieron añicos. Lo frenaron. Lo disolvieron», sentenció, y agregó que «aparecen ATN a determinadas provincias por 1000 millones de pesos, por 1500, por 2000 o por 3 mil millones, que suman 10500 millones».

Las provincias señaladas son Corrientes, Chubut, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Todos los gobernadores de esas jurisdicciones mandaron a sus legisladores a votar la Ley Bases. Los radicales Gustavo Valdés, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo, el peronista Osvaldo Jaldo, y los miembros del PRO Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, apoyan la sanción de la ley que contiene el tan cuestionado Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones.

El Poder Judicial registra hasta el momento 31 causas de las provincias contra el Estado Nacional en reclamo de fondos recortados que estaban asignados a partidas de educación, transporte y cajas jubilatorias desde que asumió Javier Milei. La mayoría de estas demandas ya tiene dictamen de la Procuración General de la Nación, por lo que se determina que son de competencia originaria de la Corte.

Esta semana fue La Pampa la que llevó adelante una presentación ante la Corte Suprema con el pedido de que se le transfieran «de forma urgente» los $ 397 mil millones de pesos que no fueron distribuidos y que se fueron acumulando hasta la fecha.

«El Gobierno nacional sólo ha transferido $ 10.300 millones en pocas provincias, lo que configura una suma ínfima con relación al total no distribuido. Esta actitud profundiza el evidente deterioro del federalismo fiscal. La distribución de los fondos coparticipables, provenientes de los ATN, dependen de la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional sin tener en cuenta ningún parámetro constitucional de distribución, lo cual colisiona los criterios objetivos de reparto previstos por el Art. 75 inc. 2 de la Constitución de la Nación Argentina», reclama la provincia en la presentación que hizo la Fiscalía de Estado a cargo de la letrada Romina Schmidt con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Algo parecido había hecho el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a mediados de abril cuando presentó, a través del Fiscal del Estado, Hernán Rodolfo Gómez, dos escritos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el primero en demanda del FONID y segundo por el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros Automotor Urbano y Suburbano del interior del País, que el gobierno que encabeza Javier Milei primero se negó a transferir a las provincias y luego eliminó por decreto.

En el caso del FONID, la demanda es por un monto, a la fecha, de 42 mil millones de pesos. En materia de compensación de transporte, lo adeudado asciende a 5 mil millones de pesos. Ambos escritos destacan la competencia de la Corte en esta clase de disputas, según consta en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

Según pudo saber Tiempo, por el momento, las presentaciones judiciales ante la Corte en reclamo de los fondos están sujetas a la decisión de cada gobernador y todavía no hay una coordinación mayor. Buenos Aires, La Pampa y La Rioja tienen un posicionamiento ideológico marcado contra las políticas de Milei. Pero eso que en principio los diferencia, a la vez les juega en contra a la hora de tender puentes.

Fuentes cercanas a uno de los mandatarios confesó a Tiempo que el armado patagónico que se había generado entre los gobernadores a principios de año se fue deshilachando a partir de directivas de sus jefes políticos. «Nacho Torres es Macri» sintetizan, a la vez que guardan la esperanza de ir sumando voluntades para litigar en conjunto ante la Corte Suprema. «Todo depende de cómo vaya creciendo el descontento social», concluyen. «