Fondos de inversión que están en litigio con el gobierno argentino pidieron información sobre las reservas de oro del Banco Central que fueron enviadas a Londres hace dos meses. El objetivo es preparar un posible embargo sobre esos activos.

La solicitud fue hecha por Bainbridge Fund, uno de los que reclama judicialmente a la Argentina por bonos impagos desde el default de 2001 que no fueron canjeados. Ya tiene una sentencia a su favor por U$S 95 millones más intereses y procura asegurarse su cobro a través del embargo.

De local

La presentación quedó en manos de la jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York. Esa es la jurisdicción a la que el gobierno aceptó someterse en caso de conflictos derivados de los bonos bajo legislación extranjera.

Mediante un «discovery» Baingridge indaga si el BCRA actúa por cuenta del Ejecutivo.
Foto: Fernando Gens / Télam

La intervención de Baingridge está enmarcada en un proceso de la Justicia estadounidense denominado “discovery”, por el cual la parte demandante está habilitada a pedir informes para determinar la localización de activos de la demandada. En este caso también se aplica otra figura, la del “alter ego”: si bien el oro pertenece al Banco Central, se busca saber si este actúa por cuenta del gobierno, que es quien debe responder por el juicio.

Ese recurso lo están utilizando algunos de los fondos litigantes en el caso de la estatización de YPF. Según el analista Sebastián Maril, que sigue de cerca ambos casos, “beneficiarios del fallo YPF anoche mencionaron las posibles decisiones tomadas por el ministro Caputo y el traslado del oro del BCRA al exterior como prueba de alter ego de la entidad con la República”.

Garantía para más deuda

Los activos involucrados son los lingotes de oro que forman parte de las reservas del Banco Central y que la entidad envió a Londres, para integrarlas como garantía de una posible operación de préstamo de corto plazo (denominada “Repo” en la jerga financiera). La operación quedó al descubierto luego de una denuncia de la Asociación Bancaria, que detectó cuatro envíos a través de la transportadora Loomis y la aerolínea British Airways, entre junio y agosto pasado.

Sorprendido por la difusión de la noticia, el ministro Luis Caputo la terminó admitiendo. “Es una movida muy positiva del Banco Central. Hoy tenés (el oro) como si fuera un inmueble, sin ningún beneficio, no lo podés usar para nada. En cambio, si tenés ese oro afuera le podés sacar un retorno y la verdad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos. Entonces tener ese oro en el Banco Central sin poder hacer nada, para el país es negativo”, justificó.

Recién en septiembre, el BCRA, a través de su presidente Santiago Bausili, contestó los pedidos de informes de La Bancaria y confirmó el envío de los lingotes. También se quejó de la “difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”.

A partir de ahí, el pedido de embargo de los fondos buitre sólo era cuestión de tiempo. El 29 de julio, en un pedido de información pública, la senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, había preguntado si “hicieron alguna consulta específica a algún estudio de abogados sobre los riesgos de llevar el oro a un tercer país (Reino Unido) y la posibilidad de pedidos de embargo de esos bienes”, una maniobra a todas luces previsible y que se terminó concretando ahora.