El gobierno accederá a realizar un importante ajuste fiscal para mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el informe que elaboró el staff técnico, y que el directorio tratará en los próximos días, se disminuyó la exigencia sobre la acumulación de reservas en divisas que debe lograr el Banco Central, pero a cambio se mantuvo incólume el tope de déficit primario para este año, establecido en 1,9% del PBI.
Las modificaciones están vinculadas con “los desafíos de una sequía cada vez más severa”, según informó el staff del FMI en un comunicado. De acuerdo a los números que trascendieron desde el Ministerio de Economía (aún sin confirmación oficial), los U$S 4800 millones en que debían incrementarse las reservas durante este año quedarán reducidos a U$S 2800 millones. La cifra contempla las menores exportaciones de productos agrícolas por la reducción de la cosecha, pero también incorpora el ahorro que realizará Enarsa en concepto de importaciones de gas licuado a precios no tan caros como los del año pasado: el ministro Sergio Massa estimó que se evitarán gastar unos U$S 2100 millones.
La relajación de las metas era esperada en el Banco Central, que este mes ya se desprendió de U$S 871 millones para compensar la falta de oferta en el mercado oficial. En lo que va del año la sangría es de aproximadamente U$S 1930 millones y no da señales de detenerse.
Con esos números en la mano, en el Palacio de Hacienda consideran necesario preservar la tranquilidad en el frente cambiario. Son conscientes de que seguir “pisando” las importaciones por la falta de divisas potenciaría un parate que ya se está haciendo evidente. Un informe de la consultora EcoGo consideró que con el panorama actual de la sequía habría una caída del PBI del 2,1% para este año. Pero si ese escenario base se agravara y además hubiera que restringir las importaciones, la caída del producto bruto podría ser de hasta 5,2 por ciento.
Dudas
Luego de que el Fondo informara que había “un acuerdo a nivel de personal técnico” (todavía debe ser ratificado por el directorio) con las autoridades argentinas, y al conocerse el trazo grueso de las modificaciones por efectuarse al programa de facilidades extendidas, varios analistas plantearon sus dudas de inmediato: ¿Cómo evitar que suba el déficit fiscal si se pronostica una caída de exportaciones y una posible caída del producto a causa de la sequía? Dicho de otra manera, ¿cómo se reemplazará la pérdida de ingresos que sufrirá el Estado por la menor recaudación en concepto de retenciones y de impuestos ligados al nivel de actividad económica?
El FMI puso la respuesta en manos del gobierno: el comunicado dice que “las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9% del PBI en 2023 través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social y una mejor priorización del gasto de capital”. También le pasa al gobierno la tarea de tomar “medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones” (previsional).
Planteos
Claro que una mayor restricción en el gasto puede deprimir todavía más la actividad y reducir así los ingresos del Estado, entrando en una espiral ya conocida en otros planes de ajuste. Así lo planteó el economista Emanuel Álvarez Agis: en un informe de su consultora PxQ, dijo que ese condicionamiento aceptado por el gobierno (aunque inequívocamente planteado por el FMI) “sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal y, en la misma operación, acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas (i.e., reducción de subsidios)”.
El exviceministro de Economía fue más allá: “Si estos son los parámetros, prefiero incumplir el acuerdo con el FMI”, soltó en declaraciones radiales. “Planteemos una política compensatoria porque vamos a pasar un 2023 complicado”, agregó.
Algo parecido sostiene el último panorama elaborado por la Consultora Sarandí, vinculada a otro economista kirchnerista, Sergio Chouza. Si bien admite que modificar el programa “podría ser contraproducente en pos de estabilizar las expectativas”, el trabajo estima que los recortes a realizar son de tal magnitud y afectarán tanto la recaudación que bien valdría la pena pedir un waiver. “El límite en el margen son los imponderables exógenos y en esta oportunidad existen fundamentos para requerir la dispensa formal”, dice el texto. «
Un giro de U$S 5300 millones
Más allá de la discusión sobre el futuro inmediato, los auditores del FMI dieron por aprobada la cuarta revisión del programa de facilidades extendidas. En su informe preliminar señalaron que “todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen”, en referencia al déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas pactadas para el año pasado. Con ese aval, el directorio aprobaría en su próxima reunión el desembolso de unos U$S 5300 millones.
La demora puede ocasionar problemas para el pago de dos cuotas del stand by de 2018, que suman unos U$S 2700 millones y deben ser canceladas el martes y el miércoles. El gobierno podría apelar a un recurso reglamentario para postergar los pagos hasta el último día hábil del mes o bien abonar con reservas del Central y esperar el reintegro.
