Una vez más, la Provincia de Buenos Aires detectó irregularidades en los servicios de Flybondi. Esta vez, la multó por más de 300 millones de pesos por vuelos cancelados y falta de respuesta a consumidoras y consumidores bonaerenses. Es un capítulo más en el historial de quejas contra la línea amarilla, tal como Tiempo contó hace unos días.
“La aerolínea fue sancionada tras confirmarse sus infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, a partir de 2400 reclamos y denuncias realizadas por usuarias y usuarios de la provincia de Buenos Aires”, detalló el comunicado.
La sanción económica se definió luego de detectar “una conducta sostenida en perjuicio de los derechos de las y los consumidores bonaerenses”, señala el texto del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, que llevó adelante la medida a través de su Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.
Las infracciones de Flybondi
“La empresa incurrió y continúa incurriendo en reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas y la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a de las cancelaciones (como gastos de transporte al aeropuerto, pérdida de hoteles, excursiones y paquetes turísticos, entre otros)”, describen desde la cartera provincial.
La sanción también contempla que la empresa no publicó en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios, según lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
El historial de sanciones
Flybondi es una de las 6 empresas más denunciadas en territorio bonaerense: durante 2024, recibieron más de 2.400 reclamos contra la línea aérea. “Por decisión del gobernador Axel Kicillof, la Provincia sí defiende los derechos de la comunidad. Por tal motivo, desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se interviene de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley”, explicó el gobierno bonaerense.
