En medio de la polémica del ex presidente Alberto Fernández, diputados mantuvieron este martes una reunión informativa sobre el proyecto de ley de ficha limpia, que busca impedir que personas condenadas puedan presentarse como candidatos en elecciones o ejercer cargos públicos. No se mencionó al ex presidente , pero si se puso de ejemplo a Carlos Menem.
El proyecto de ley, que forma parte principalmente de la agenda del PRO, cuenta con un respaldo significativo de los libertarios radicales, lilitos, pichettistas, y una fracción minoritaria de Unión por la Patria (el massismo) por lo que se espera que sea tratado en el recinto en el corto plazo.
Se trató del segundo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, en el que expusieron Alejandro Fargosi (Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014); Alfredo Vítolo (Abogado con diploma de honor de la UBA); Hugo Wortman Jofre (ex presidente de Poder Ciudadano); Guillermo Mizrahi (Profesor de Derecho en UBA); Jorge Enríquez (Profesor catedrático de posgrado de Derecho constitucional y penal); Diana Cohen Agrest (Doctora en Filosofía UBA); Martin Scotto (Abogado UBA) y Fanny Mandelbaum (periodista).
Durante el debate, se resaltó que “la sociedad reclama instituciones sanas”. Además se puso como ejemplo el caso del ex presidente Carlos Menem. Fue la filósofa Diana Cohen Agrest quien aseguró que “ficha limpia” tiene como fin “impedir el acceso a un cargo para obtener fueros e impunidad”. “Una persona que cuenta con antecedentes penales no puede ser candidata”.
“En 2015 un tribunal lo condenó a cuatro años y medio de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos; luego fue condenado a siete años de cárcel por contrabando de armas a Ecuador y Croacia”, recordó, y mencionó que “el 9 de agosto de 2017, la Cámara Nacional Electoral resolvió que el expresidente no podría ser candidato al Congreso, ya que tenía una condena por tráfico de armas, y apenas 20 días después, con una celeridad envidiable, la misma CNE rechazó las impugnaciones presentadas contra la candidatura a senador”.
Agrest añadió que “en el 2018 la Cámara de Casación le ratificó la pena por la causa de sobresueldos, pero como a esa altura ya gozaba de fueros, continuó sentado en el Senado”. “Desde 2005 a 2021, cuando falleció, el Congreso fue su aguantadero”, dijo sobre Menem.
Por su parte, Fargosi señaló: “No podemos tener regímenes jurídicos distintos para los políticos de los que hay para los ciudadanos. Esto no puede ser porque está mal. Los diputados y senadores, y los miembros del Poder Ejecutivo, no tienen ningún privilegio respecto de las personas comunes”.
En tanto, Vítolo destacó que “no hay nada en la Constitución Nacional, no hay nada en los tratados internacionales de derechos humanos, que impida o transforme a estos proyectos en algo que violente alguna norma jurídica de rango superior”. “La decisión es política, le cabe a cada uno de ustedes. No hay nada que obligue tenerla, no hay nada que impida tenerla”, manifestó.
Además lamentó que “la imagen que el común de la gente tiene del Congreso Nacional es triste, preocupante, lamentable”. Tras aportar datos sobre encuestas de opinión respecto al Poder Legislativo, el letrado apuntó que “la palabra casta” alude a “ser un grupo privilegiado. Está la sensación popular de que muchos de ustedes están acá porque es una guarida de corruptos y ladrones o que están calentando sillas para cobrar una dieta o como pagos de favores políticos”. “Esta es la imagen que hay que cambiar”, sostuvo.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Olivetto expresó: “Hay partidos que se esfuerzan en poner personas honorables en las listas y hay partidos donde la corrupción les pasa por al lado”. Asimismo, disparó contra el proceso de selección de los miembros de la Corte Suprema de la Nación: “Acá tenemos ficha limpia mientras se propone para el máximo tribunal personas que no son idóneas. Es una doble vara”.
Y es que la mesa ejecutiva del partido que lidera Elisa Carrió, impugnó el pliego que envió el gobierno de Milei al Senado del juez Ariel Lijo a quien acusan de garantizar la impunidad del saqueo de YPF.
La discusión en las comisiones, que continuarán la semana que viene, gira entre el alcance del delito, si es simple procesamiento hasta una condena confirmada en cualquier instancia. Por otro lado. De los delitos que deben incluirse si solo los dolosos, o aquellos que comprometan el interés público. También se está considerando la inclusión de delitos aberrantes, como la trata de personas o los delitos contra la integridad sexual.
