La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) presentaron este miércoles en el fuero judicial Contencioso Administrativo Federal un amparo contra el DNU gubernamental de desregulación de la economía, en el que denunciaron «la inconstitucionalidad» de la norma y la incompatibilidad de la «conversión en sociedades lucrativas de medios que cumplen una función pública» y que son «garantía de la soberanía informativa».

Sipreba, que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de los tres medios públicos nacionales, informó en un comunicado que planteó la «inconstitucionalidad del decreto en tanto violatorio del artículo 99.3 de la Constitución Nacional».

«Dicho decreto, entre otras gravísimas afectaciones de derechos, dispone la transformación en sociedades anónimas de las empresas RTA S.E. y Télam S.E., derogando la ley 20.705 de empresas del Estado», explicó a la vez la Federación que nuclea a trabajadores de prensa de todo el país.

En este sentido, remarcó que «el intento de conversión en sociedades lucrativas de medios que cumplen una función pública y que garantizan con ello el acceso a la comunicación, lesiona a su vez el derecho a la libertad de expresión y las obligaciones del Estado en la difusión pública».

Sobre este último punto, subrayó «la incompatibilidad con lo expuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina elaborada por la Corte Interamericana».

«Defendemos los medios públicos como sociedades del Estado para garantizar la soberanía informativa», remarcó la Federación.

Esta acción judicial se enmarca en un plan de acción que articuló el movimiento obrero a nivel nacional con distintas instancias de debate y acciones en todo el país para confluir en el paro nacional anunciado para el 24 de enero que «expresará el rechazo de los trabajadores al DNU, el proyecto de ley ómnibus y la política económica y social desplegada por este gobierno», sostuvo Fatpren.

«Desde nuestro rol como trabajadores de prensa, manifestamos que defender los medios públicos es garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía y la soberanía informativa de nuestro país», completó.