Cuando ya pasaron tres meses del incendio forestal que arrasó con una parte  de la localidad chubutense de Epuyén, las familias damnificadas reclamaron por la ayuda provincial que no llega, reiteraron el grave estado por el que atraviesan y exigieron al gobernador Ignacio Torres “que deje de lado la política del abandono y la crueldad” que ejerce contra ellos: “La situación es dramática”, alertaron.

También se preguntan por el destino de los siete mil millones de pesos enviados por la Casa Rosada y que no llegaron a Epuyén, y por la falta de aportes del gobierno provincial.

“A tres meses del incendio caminamos por los parajes quemados y vemos aun a familias viviendo en carpas. Sin servicios básicos como el agua, arreglándose como pueden debajo de la  lluvia y sufriendo el frío. O cuando vecinos de muy mayor edad están a la deriva, llorando, y solo cuentan con la contención comunitaria no gubernamental”, describieron en un comunicado emitido en conjunto tras una asamblea realizada por la tarde el martes.

El pasado 15 de enero, y por circunstancias aún desconocidas, se desató en Epuyén incendio forestal que arrasó con más de 4 mil hectáreas de bosque nativo y mucho pino implantado, y que afectó de manera directa a 76 familias que perdieron sus casas, galpones, talleres y medios de vida. Se quedaron solo con lo puesto.

Cuando visitó la localidad en enero, el gobernador Ignacio Torres prometió personalmente a las familias damnificadas reconstruir todo lo destruido y llevar justicia a cada una, de manera tal que pudiera recuperar su vida tal y como era antes del incendio. Pero eso jamás sucedió.

Torres se limitó a enviar 20 millones de pesos para reconstruir su casa sólo a quienes comprueben ser propietarios del lote, y nada más que para una casa por terreno aunque se hayan quemado varias en un terreno. Nada recibirán los inquilinos o quienes vivían en una ocupación precaria.

También remitió una asistencia básica fija de apenas 350 mil pesos por familia por  cuatro meses para la compra de alimentos, y una cifra igual por el mismo lapso para alquilar una vivienda. Llamados “subsidios de subsistencia”, las entregas desaparecerán el primero de junio, cuando las familias quedarán a la intemperie en pleno invierno patagónico.

Torres entregó aquella escasa asignación como toda ayuda para las 76 familias damnificadas, pese a que recibió siete mil millones de pesos del Gobierno nacional para Epuyén. El mandatario destinó ese dinero a otros fines y lo ocultó a través de nueve partidas que le permitieran dificultar su trazabilidad, según coincidieron legisladoras y una exministra de Economía provincial.

“Le pedimos por favor que se acerque a hablar, y escuchar respetuosamente, con toda la comunidad para brindar soluciones concretas y tomar medidas de emergencia; ¡Epuyén lo necesita!”, solicita el comunicado, cuyas súplicas no son  atendidas por el gobierno provincial.

En el comunicado mencionan que algunas pocas familias han recibido materiales y herramientas para edificar sus casas con ayuda de vecinos y sus propios medios económicos, pero muchos otros “aún no ha recibido nada ni tampoco saben cómo construir una casa. Incluso hay algunos que están sufriendo discriminación y son excluidos”.

“Les decimos a las autoridades que el daño no es solo material, también es un daño anímico: estamos todos sufriendo un daño psíquico, atravesando un estrés postraumático”, revelan, y enuncian: “La verdad es que hasta ahora ningún vecino pudo volver a su casa”.

Y, tras agradecer a todas las organizaciones sociales y comunitarias que les han brindado el acompañamiento, asistencia y contención que el Gobierno provincial les niega, las víctimas le preguntan a Torres: “¿Qué planes de atención y ayuda desde los ministerios tienen para los damnificados que no tienen nada y lo perdieron todo? ¿Dónde están los siete mil millones de pesos que envió la Nación? ¿Cuál es el aporte de la provincia para Epuyén?