La Cámara de Casación porteña confirmó la existencia de una asociación ilícita enquistada en la Policía de la Ciudad dedicada a cobrarle a trapitos y comerciantes de la zona norte para «protegerlos» de eventuales delitos.
Se trata de la causa por la que estuvo preso el primer jefe designado de la Policía porteña cuando dejó de ser Metropolitana, en los albores de la presidencia de Mauricio Macri y de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. El comisario José Pedro Potocar había sido nombrado jefe de la fuerza cuando estalló el escándalo por el que estuvo detenido pero finalmente resultó absuelto.
«No se trata de un par de efectivos policiales que abusaron de su autoridad para beneficio personal, se trata de una verdadera organización criminal y paralela en el seno de una dependencia que debía contribuir a prevenir y perseguir la criminalidad», subrayaron los jueces Gustavo Bruzzone, Jorge Rimondi y Horacio Dias.
Casación ratificó las condenas para cuatro policías pero a tres de ellos les rebajó levemente la pena, de tres años y cuatro meses a tres años. No obstante, el fallo determina que las penas sean de cumplimiento efectivo, es decir que todos están en la antesala de -en caso de ratificación por parte de la Corte Suprema- ir a prisión.
En 2021, un tribunal oral «tuvo por acreditado que en el seno de la Comisaría 35ª de la PFA se había montado una organización criminal de estructura jerárquica que había funcionado, de forma permanente, entre finales de enero y comienzos de febrero de 2016, momento en el que Norberto Federico Villarreal había asumido su jefatura en el cargo de Comisario, hasta que finalizó, en agosto de ese año. La organización delictiva era liderada por Villarreal e integrada por Marciano Quiroga, Sergio Gabriel Ríos y Alejandro Daniel Malfetano». Todos resultaron condenados.
«La empresa criminal desplegó un sistema de recaudación con el objetivo de obtener sumas de dinero a cambio de ofrecer mayores medidas de seguridad a los comercios aportantes u omitir el cumplimiento de las funciones y deberes propios de sus cargos como agentes de una fuerza de seguridad -dejar trabajar tranquilos a los cuidacoches».
El tribunal oral había condenado a Villarreal a cinco años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación como «jefe de una asociación ilícita, en concurso real con concusión reiterada -en al menos tres oportunidades- en calidad de coautor». Su defensa cuestionó que la condena le imputó «no haber evitado cursos causales ilícitos que ya se encontraban en marcha previo a su nombramiento como Comisario en la dependencia policial investigada en estas actuaciones». El tribuna le respondió que eso «no resiste ningún tipo de análisis».
«Resultaría perfectamente posible que alguien se sumara a una estructura criminal ya montada y que, luego de ello, fuera responsabilizado por lo que hubiese ocurrido desde ese momento en adelante, y no por lo que hubiese ocurrido de forma previa».
Villarreal fue la línea de corte. Nadie por encima de su jerarquía resultó condenado. En cambio tres subalternos, Quiroga, Ríos y Malfetano quedaron involucrados en el mecanismo ilegal por los relatos de los propios comerciantes y del comisario Villarreal. «El tipo penal previsto prevé, específicamente, a la ‘solicitud’ de una contribución indebida, como medio comisivo del delito», explica el fallo.
«La defensa no se hace cargo de explicar por qué razón personas con intereses claramente contrapuestos colocan a los imputados en la recaudación ilegítima de dinero. (…) No puede perderse de vista que personal policial -uniformado o de civil- concurría mensualmente a los comercios a retirar la ‘contribución’”, resumieron los camaristas.
Potocar fue absuelto junto con el ex jefe de la Policía Federal, comisario Guillermo Calviño. Ambos estuvieron detenidos cuando se inició la investigación, en 2017, por orden del entonces juez Ricardo Farías, hoy jubilado, a instancias del fiscal que llevó adelante la investigación, José María Campagnoli. El fiscal de juicio, Fernando Fiszer, no acusó a ninguno de los dos.
Potocar era el titular de la Dirección General de Comisarías, en tanto que Calviño estaba al frente de la ex superintendente de Seguridad Metropolitana cuando estalló la causa.
