«Solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación la generación de una nueva propuesta de Ley de Financiamiento Universitario para 2025 que contemple las necesidades del sistema expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional«.
Así comienza la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, emitida en las últimas horas, con la que buscan impulsar en el Congreso que se apruebe una Consulta Popular Vinculante para que la población decida si es necesario aumentar el presupuesto universitario.
Sucede en el medio de un conflicto que crece, con una posible Tercera Marcha Universitaria para el 12 de noviembre, paro docente este miércoles y facultades tomadas. El Gobierno busca por estos días (siempre con la ayuda de grandes medios) que la discusión sea por las auditorías, pero de fondo el principal factor es el ajuste presupuestario.
En cuanto a la Consulta Popular, se trata de un mecanismo que figura en el artículo 40 de la Constitución. Si la ciudadanía lo vota, el Ejecutivo nacional no lo puede vetar.
La propuesta busca «refrendar el proyecto de ley que se menciona en el artículo I».
La convocatoria se definiría en Diputados por simple mayoría y luego se debería votar por Sí o por NO.
Presupuesto en baja
Claudio Lozarsa, responsable del área de Suministros de la Universidad de Avellaneda (Undav) y secretario de Finanzas del gremio no docente, advirtió: «mienten cada vez que hablan. Dicen que aumentaron un 200% el presupuesto, pero son gastos de funcionamiento, que no es ni el 10% del total. Salarios, tecnología e inversión están lejísimos de la inflación. Con el presupuesto que anticipan para el año que viene, no sabemos si llegamos a pagar los sueldos».
Los guarismos desnudan el ajuste: el presupuesto que invierte el Estado Nacional en la educación superior, ciencia y tecnología no encuentra su piso: motosierra del 34,4% en 2024.
El Presupuesto 2025 que presentó el Ejecutivo sigue la tendencia bajista. Desciende a otro círculo en el infierno dantesco que sufren los sectores populares. El gobierno destinará 3,8 billones de pesos a las universidades, una cifra que representa un 52% menos de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es de 7,2 billones. El 95% de esa diferencia tiene que ver con los fondos destinados a los salarios docentes y no docentes, que deberían actualizarse por inflación.
«‘No hay plata, hay que cuidar el equilibro fiscal’, nos dicen los caraduras y les perdonan la deuda a los ricos –mastica bronca el laburante–. Se metieron con derechos básicos, como la educación, la salud, las jubilaciones. Quieren privatizar todo. Es una bomba de tiempo que está a punto de explotar».
La decana de Agronomía de la UBA, Adriana Rodríguez, se lamentó que ya hay una veintena de docentes que se fueron por los bajos salarios, y abogó: «es necesario que se modifique porque con esas cifras algunas universidades podrán funcionar un trimestre nada más. La propuesta actual es de 3,8 billones lo que implica sólo un incremento del 27% en comparación con el presupuesto de 2024”.
Más motosierra al desarrollo nacional
La normativa propuesta suspende la inversión del 6% del PBI en Educación, el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Educación Técnica. “Increíble”, calificó el senador correntino Martín Barrionuevo tras enumerar los artículos afectados. “Un ejemplo más de que a este gobierno no le interesa la educación y el trabajo”, expresó Hernán Letcher, Director Centro de Economía Política Argentina. “Golpe de Nocaut a la ciencia argentina”, graficó la bioquímica e investigadora del Conicet Eva Acosta.
Jorge Aliaga, físico y docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, apuntó que a partir de la presentación del Presupuesto “los organismos de Ciencia y Tecnología ya no están excluidos del congelamiento de la planta del Estado. Las Universidades Nacionales reciben poco más de la mitad de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, sumado al incumplimiento de las leyes de financiamiento del sector. El especialista añadió que también se verá interrumpido el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), “que es lo que permitía direccionar gastos de defensa para el desarrollo de ciencia y tecnología, por ejemplo a través de INVAP”, empresa estatal.
Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, añadió una advertencia a las críticas: “Los funcionarios públicos a cargo del área están incumpliendo con sus deberes ya que la ley 27.614 (de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) está vigente y deben velar por su cumplimiento”.
No es equilibrio fiscal, es odio
En un discurso, diez días antes de la presentación del Presupuesto, Milei había apuntado directo contra quienes hacen ciencia en el país, considerándolos dentro de la ‘casta’ y dedicándoles insultos como es su costumbre.
“De esta manera, el presidente puso de manifiesto que su fervor en contra de la ciencia y la tecnología nacional no tiene que ver con la búsqueda del tan mentado equilibrio fiscal”, observaron entonces Guillermo Durán y Valeria Levi, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
“El desmantelamiento se fundamenta en el más profundo odio hacia las personas que trabajan en el desarrollo científico y tecnológico y hacia el conocimiento basado en evidencia. A través de una posición oscurantista con siglos de atraso, el presidente Milei identifica a la comunidad científica y al pensamiento crítico como sus enemigos y niega el valor del conocimiento como base de la riqueza y el bienestar de las naciones. Es llamativo –contrastaron- que varios de los países que dice admirar sustentan su desarrollo en una muy fuerte inversión en ciencia y tecnología”.
