La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó este martes en el Boletín Oficial la prohibición del funcionamiento de los centros de estudiantes ubicados en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Lo hizo a través de la Resolución 372/2025, que no permite a los detenidos permanecer en los espacios educativos fuera de los horarios del dictado de clases. 

Todo esto se traduce en la abolición de los centros de estudiantes en prisión. Especialistas cuestionan que el accionar es contradictorio a la Constitución Nacional, a Tratados Internacionales y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el mismo sentido, advierten que la manera en la que procedió la ministra Bullrich podría generar que Argentina reciba una sanción de algún Tribunal Internacional.

Desde la Academia, defienden a los estudiantes

En este marco, este diario mantuvo un diálogo con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán. «Creo que hay dos cuestiones inaceptables en lo que nos enteramos hoy por el Boletín Oficial. Primero, terminar con los centros de estudiantes está mal», puntualizó. 

Y completó: «Porque los estudiantes que están detenidos tienen los mismos derechos que los que cursan en los edificios de nuestra Casa de Altos Estudios. Pueden formar centros de estudiantes porque es un derecho constitucional indiscutido. Ellos están bajo prisión, pero eso no amerita que les quiten el derecho a estudiar y organizarse».  

En segundo lugar, «otro punto que determina la resolución es que los estudiantes de la UBA que cursan bajo este régimen de encierro en las cárceles federales sólo pueden ir a los centros universitarios en los horarios del dictado de clases, donde los estudiantes tienen que cursar», explicó Durán.

«Los que vemos en la práctica es que resulta buenísimos para ellos poder ir a juntarse con sus compañeros para estudiar, usar las bibliotecas y las computadoras -aseguró el académico- por fuera de los tiempos en los que tienen que cursar las materias».

«Prohibir eso me parece un error, o simplemente una decisión de ir quitando derechos, como suelen hacer en otros ámbitos que estos estudiantes -en situación de encierro- han tenido desde siempre. El programa en cárceles existe hace 40 años y siempre contempló el derecho a que se organicen en centros de estudiantes«, remarcó el decano. 

Durán cerró enfatizando: «Los estudiantes pueden ir a los centros no solo a la hora de cursar, sino también cuando tienen que estudiar o juntarse con sus compañeros. Por lo tanto, son inaceptables ambos puntos de la resolución y tenemos que expresarnos desde los órganos de gobierno de la universidad para reafirmar estos derechos».  

Con el objetivo de desarticular a los estudiantes

«No quieren que los detenidos estemos en los centros de estudiantes, eso daña todos los parámetros normativos y constitucionales de nuestro país», denunció Pablo Escobar, vocal del Centro Universitario Ezeiza (CUE), del Complejo Penitenciario Federal N° 1. 

El estudiante de cuarto año de Trabajo Social continuó asegurando: «Nosotros sabemos que Bullrich lo está haciendo porque el centro es el lugar donde los estudiantes nos organizamos, emprendemos luchas por la educación y el respeto por los Derechos Humanos. La ministra, de esta manera, pretende desarticularnos». 

«Estamos totalmente convencidos de que el camino para que algo mejore es la educación y el trabajo, la formación en términos generales. Las personas privadas de libertad -reclamó el vocal y bibliotecario- conservamos todos nuestros derechos, la Ley solo nos prohíbe deambular en la vía pública».

Además, la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación estipula que todas las personas privadas de libertad en la órbita del SPF tendrán acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades: pero solo podrán permanecer es esos espacios durante el horario del dictado de clases.

El origen del problema 

La situación de vulneración de derechos en las cárceles federales se originó desde que Bullrich asumió como ministra de Seguridad e implementó el Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR). Desde entonces, los presos federales permanecen realizando continuas huelgas de hambre y uno de ellos no soportó el régimen e intentó suicidarse.

Todas las personas allí cautivas permanecen más de 20 horas por día en aislamiento extremo. Están en sus celdas vestidos con mamelucos, con visitas detrás de un vidrio, no pueden abrazar a sus familias, tampoco profesar religión ni culto, sin leer ni escribir, sin mirar televisión ni escuchar radio y con una sola llamada telefónica por semana. Todo esto fue reconocido -a nivel mundial- como métodos de torturas.