Tras el rechazo de la Corte Suprema del pedido de licencia de Ariel Lijo en Comodoro Py, en el Senado la oposición prepara para la semana que viene una estrategia para rechazar los pliegos de los dos jueces que el presidente Javier Milei nombró por decreto.
En el caso de la designación de Manuel García Mansilla, resta el dictamen de la comisión de Acuerdos; en tanto de Ariel Lijo, resta que se convoque una sesión para tratarlo en el recinto.
El máximo tribunal le dio un revés judicial a Lijo, con la sorpresa de Manuel García Mansilla, el cortesano que el presidente designó recientemente por decreto y que se sumó a la estrategia de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a la hora de dilatar la llegada del juez a la calle Talcahuano.
Lijo insiste en no renunciar a Comodoro Py y esperar una resolución a favor del Senado. Sin embargo, según pudo saber Tiempo, parte de la oposición de Unión por la Patria de la Cámara Alta ya dijo que no le prestará acuerdo a ningún candidato que aceptara ingresar a la máxima instancia judicial por decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Cómo sigue el tema en el Senado
«Son 9 firmas las que se necesitan y sólo estaría faltando una sola para avanzar en un despacho en disidencia del pliego de García Mansilla, para que esté en condiciones de ser tratado en el recinto», dijeron a este medio desde el bloque. Sin dar nombre y apellido, todos los cañones apuntan al presidente del partido centenario Martín Lousteau, ya que el otro radical que integra la comisión es el bonaerense Maximiliano Abad.
Pasado el trámite, la idea es llevar al recinto los dos pliegos para poder rechazarlos juntos en una sola sesión. Y es que para los opositores de Unión por la Patria, «lo que hizo el Presidente es un atropello que termina con el sistema republicano de Gobierno. Además, los dos jueces violan lo que dice la Constitución Nacional».
Tanto Lijo como García Mansilla fueron designados por el decreto 137/2025 de Milei. El Senado no les prestó acuerdo para sumarse al máximo tribunal. En el caso de Lijo, tenía el camino más allanado, ya que había conseguido las firmas necesarias para que su pliego se tratara en el recinto.
En cuanto a los números para poder voltear los dos pliegos, está todo dividido. Pero la oposición necesita de un tercio para poder rechazar los pliegos. En tanto, el oficialismo, necesita obtener 48 votos para ratificar la designación de ambos integrantes de la Corte.
Piden al Senado que revierta los nombramientos en comisión
Ante la situación, organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a cada Senador solicitando que rechacen los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por ser «designados inconstitucionalmente».
El documento, firmado por Amnistía Internacional, ACIJ, CELS, ELA, INECIP y Poder Ciudadano, cuestiona lo sostenido por el Gobierno Nacional respecto de que, aun con el rechazo del Senado, los nombramientos seguirían vigentes hasta fin de año.
Por el contrario, señalan que la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional, incluso la citada por el propio Ejecutivo en su decreto, han sido unánimes en establecer que un rechazo expreso del Senado pone fin de inmediato a los cargos.
En la nota, las organizaciones ponen a disposición de cada Senador/a los antecedentes jurídicos que dan sustento a que hagan uso de esa facultad constitucional.
«El Senado tiene la herramienta más efectiva para frenar esta intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial: el rechazo inmediato de los pliegos. Cualquier dilación o inacción se convertirá en una omisión inaceptable que legitima este atropello institucional», afirmaron las organizaciones firmantes.
También recordaron que García Mansilla y Lijo aceptaron estas designaciones ilegítimas, uno a través de la jura y otro con su pedido de licencia como juez federal. «El decreto presidencial no solo vulnera el mecanismo constitucional de designación de jueces, que exige el acuerdo del Senado por dos tercios, sino que también desnaturaliza la Constitución Nacional, al convertir un procedimiento excepcionalísimo en una alternativa ordinaria de designación de jueces. Avalar este mecanismo abriría un precedente riesgoso para la institucionalidad democrática», agregaron.
