Los estatales de ATE adelantaron que irán a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la emergencia administrativa y tecnológica aprobada el jueves, en medio de una sesión escandalosa de la Legislatura bonaerense.
«Como hicimos todo lo posible para que no se votara, haremos todo lo posible para que la emergencia sea declarada inconstitucional porque viola la Carta Magna y porque violenta la legislación laboral», adelantó a Tiempo el secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi.
ATE es uno de los gremios que rechazó el proyecto de ley desde un primer momento por entender que precariza a los trabajadores al habilitar la firma de contratos sin derecho a prórroga ni relación de dependencia con el Estado, que quitan la estabilidad que garantiza la Ley 10.430. Por esto, el jueves marchó en La Plata junto a los médicos de CICOP y los judiciales de AJB, entre otros gremios en contra de la ley y por la reapertura paritaria.
«Entendemos que en el marco que se dio, tras una marcha multitudinaria de rechazo, y por la forma en que se votó a las apuradas y en medio de aprietes, es una ley que arrancó con heridas muy importantes para ser aplicada», sostuvo De Isasi. La presentación judicial se realizaría la próxima semana.
La emergencia administrativa fue aprobada el jueves a libro cerrado. Mientras la tensión iba creciendo afuera de la Legislatura –donde un grupo de manifestantes provocó destrozos en rejas, puertas y vidrios–, el massismo habilitaba la votación de la norma en un trámite express y sin debate. La sesión terminó con gritos, insultos y empujones entre diputados del Frente para la Victoria, Cambiemos y el Frente Renovador. Y logró que los tres sectores en que está dividido hoy el FPV se unieran para anunciar que pedirán la nulidad de la sesión.
El oficialismo defendió la ley y la sesión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, consideró que hubo «intencionalidad política» de los gremios. «Hay una intencionalidad política de algún sector gremial por suerte minoritario, porque el 93% ya acordó la paritaria, que todavía está en situación de tensión con el Ejecutivo por no haber definido la situación salarial», sostuvo en referencia a los gremios que marcharon. «Se aprovechó la excusa de una ley muy importante para la gobernadora, pero más para los vecinos, porque modernizará la gestión y acortará los plazos para realizar obras», agregó.
La emergencia administrativa es, después del endeudamiento y las emergencias en Seguridad e Infraestructura ya aprobadas, el último proyecto medular para los planes de gestión de Vidal de este año. Estaba al tope del acuerdo legislativo que sellaron la mandataria y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en diciembre. Cuando el proyecto llegó del Senado, algunos diputados massistas amenazaron con no votarla. Cambiemos reaccionó rápido: les aseguró los votos para tratar el freno a la reelección de intendentes, concejales y legisladores, una iniciativa en la que el FR insiste desde 2013. El clima de tensión hizo imposible el debate el jueves, que pasó para la próxima sesión prevista para el 1º de junio. «