Una serie de elementos permiten vislumbrar cierta resistencia en la Justicia a que haya querellantes con acceso a la investigación de la presunta estafa en el marco del token $Libra. Por un lado, el defensor de Mauricio Novelli y de Manuel Terrones Godoy, dos de los principales imputados, logró llevar a Casación su intento para sacar del expediente a Juan Grabois y su equipo de abogados, que representan a tres inversores. Por el otro, la jueza federal María Servini estira hace semanas una decisión sobre la incorporación de Martín Romeo, otro comprador del activo digital que ya había sido aceptado por Sandra Arroyo Salgado.
Todo ocurre en un momento clave de la causa, marcado por la posibilidad de que se avance en el análisis del patrimonio del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, como pidió el fiscal Eduardo Taiano. Al cierre de esta nota, el funcionario esperaba una respuesta de Servini a su pedido de levantamiento de secreto fiscal y bancario. En paralelo, el fiscal debe definir qué elementos de interés hay que buscar en el contenido que se extrajo de los dispositivos secuestrados a Novelli.
El intento por sacar a los representados por Grabois fue impulsado por Daniel Rubinovich, abogado de Novelli y Terrones Godoy, organizadores del evento en el que Milei conoció a Hayden Davis, creador de $Libra. Lo hizo por medio de un recurso de Casación para intentar voltear la resolución en la que la Cámara Federal ordenó incorporar a los tres potenciales damnificados bajo el ala del dirigente y su equipo integrado por Nicolás Rechanik y Camila Palacín. Como se lo concedieron, ahora está en manos de la Sala II de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.
Tiempo accedió al pedido de Rubinovich. Entre los argumentos, planteó críticas al fallo de la Cámara que permitió a los querellantes: «Tiene objetivamente un contenido desfavorable para mis asistidos, que deviene de la permisión de personas que no guardan vinculación alguna con el hecho investigado puedan promover una acusación privada en carácter de querellantes», sostuvo.
Señaló que los tres inversores «no presentaron evidencias o indicios que permitan aseverar su vinculación con los hechos investigados». Y eso, dijo, «decantó en una manifiesta afectación al derecho de defensa de mis representados, quienes deberían rebatir acusaciones de quienes no acreditaron la afectación que alegan». También se quejó de que los querellantes no probaron de forma adecuada la titularidad y adquisición de los tokens ni el momento en el que los compraron.
En la resolución en la que rechazó a los tres inversores luego incorporados a instancias de la Cámara, Servini había dejado constancia de que J.P.M, A.V y M.A.P adjuntaron, respectivamente, «recibo de compra de su wallet particular, que daría cuenta de la adquisición de la moneda $Libra en el día y horario, cuya actividad está siendo investigada en la presente». Sus inversiones fueron de U$S 950, U$S 800 y casi U$S 5 mil.
Ellos tres son hoy los únicos potenciales damnificados con acceso a la causa. Pueden controlar las medidas que se toman, las que se producen y los movimientos, así como proponer cursos de acción para impulsar la pesquisa. Además del Juzgado y la Fiscalía, también tienen acceso los defensores de los imputados, los cuales han buscado mantener el hermetismo.
“Que la defensa de Novelli y Terrones Godoy defina si los va a defender a ellos o si su único objetivo es sacar a Grabois de la causa para congraciarse con Milei”, le dijo a Tiempo Rechanik, uno de los abogados querellantes a los que buscan sacar del caso.
Servini demora un pronunciamiento
Mientras tanto, Servini lleva semanas sin pronunciarse sobre el pedido de Martín Romeo para convertirse en querellante. Ante Arroyo Salgado, el joven declaró como testigo y aseguró que perdió el 75% de su inversión de U$S 2 mil. También que vio afectada su reputación en el mundo cripto, ya que en un momento le dijo a otros inversores que el tuit promocional de Milei no era producto de un hackeo. Con su abogado Nicolás Ozsust lograron un exhorto judicial para congelar varias wallets vinculadas a $Libra.
Tras el fallo que sacó el caso de San Isidro, las actuaciones se acumularon en Comodoro Py. Así, técnicamente Romeo es querellante, pero en los hechos no puede ejercer como tal. Ozsust hizo varias presentaciones y creía que el fallo que revocó el pronunciamiento de Servini iba a agilizar las cosas, pero no ocurrió.
“El 2 de marzo planteamos revocatoria con apelación en subsidio y creemos que el tiempo que se tomó el Juzgado es más que suficiente para resolver. Pese a la vulneración del derecho de defensa de mi cliente, creemos que es una pérdida de chances para dilucidar la causa, porque Romeo es un experto que tiene mucho para aportar”, dijo Ozsust a Tiempo. Ahora la expectativa está puesta en Casación. Ahí dijeron a este medio que el pronunciamiento podría demorar cerca de un mes. «
