Media docena de causas judiciales por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos están desparramadas en Comodoro Py, Lomas de Zamora y Dolores. En todas se investigan -con mucha prueba – mecanismos de obtención de información de naturaleza política y personal de opositores y aliados circunstanciales al gobierno que encabezó entre fines de 2015 y 2019 Mauricio Macri. Hay varios comunes denominadores que los relacionan a todos, incluso a los que pertenecen a la misma fuerza, como Emilio Monzó, Horacio Rodríguez Larreta o Diego Santilli: son o tienen origen peronista.

Los juristas acuñaron una expresión que proviene del latín, “iuris et de iure”, para definir una presunción que no admite prueba en contrario. Es así, y punto. Tabica la posibilidad de demostrar que un hecho no ocurrió, que es falso. La última vez que una ley consagró tal principio fue a fines de los 80, cuando el Congreso, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, sancionó la Obediencia Debida, para deslindar la responsabilidad de torturadores y asesinos que supuestamente habían “debido” obedecer órdenes de sus superiores. Como principio jurídico es repugnante, pero existe. Y si bien no desde el punto de vista judicial, ese concepto se aplicó a decenas de funcionarios del gobierno 2003-2015 desde algunos medios de comunicación.

¿Hubo una selección de personajes a espiar? Con una evaluación digna del jurista italiano Cesare Lombroso (quien identificaba a los delincuentes por su aspecto físico, color de piel, indumentaria y hasta patrón genético), la maquinaria política de Cambiemos escogió prolijamente a  quienes previamente habían sido demonizados. Cierto es que varios de ellos distaban de ser carmelitas descalzas, pero en un estado de derecho, la forma de terminar con el canibalismo no es comerse al caníbal. Como decía Mariano Moreno, ningún fin que necesite de medios injustos puede ser un fin justo.

Las causas que más avanzadas están son las que tramitan lejos de Comodoro Py. Curiosamente (o tal vez por eso) los imputados por espionaje ilegal y operaciones políticas mediante la utilización de la información obtenida de manera espuria quieren llevar todas las investigaciones al lugar en el que menos avanzan. Lo llamativo es que algunas de las víctimas también pidieron eso, por ejemplo María Eugenia Vidal y el propio Rodríguez Larreta. Al jefe de gobierno porteño lo siguieron y fotografiaron con una supuesta amante. Esa situación está descripta en uno de los legajos de investigación que tienen a su cargo los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y el juez Juan Pablo Auge.

El reclamo para que intervenga un juez de la Ciudad de Buenos Aires se apoya en que los hechos ocurrieron en territorio porteño. No es una discusión menor, pero en este escenario minimiza la obtención de la verdad: subyace que es más importante el lugar donde pasó que el “qué” pasó.

¿Qué tiene de atractivo Comodoro Py para que los imputados e incluso víctimas quieran que intervengan algunos jueces y fiscales sobre los que pesa un formidable descrédito? ¿Qué les garantiza esa mole de cemento cercana al Río de la Plata?

Ese saludable afán legalista por concentrar todas las investigaciones en Comodoro Py parece esconder otra intención. Todas las investigaciones, incluso las que ya están en los tribunales de Retiro, tienen un común denominador: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 

Comodoro Py y la AFI de Cambiemos fueron como esos amantes que ni siquiera se preocupan por disimular sus encuentros furtivos.

Desde la agencia de espías, directa o indirectamente, partieron las órdenes para las operaciones que ahora están bajo investigación. Los integrantes del grupo de Whatsapp “Super Mario Bross” eran agentes de la AFI y su líder, Alan Ruiz, decía responder a “la 8”, Silvia Majdalani. En el contexto navideño, como Pedro a Jesús, Majdalani niega a Ruiz.

En la investigación por el espionaje ilegal a presos dos agentes de la AFI reconocieron haber colocado cámaras y micrófonos en los penales. ¿Puede un espía llegar hasta la puerta de una cárcel con un rollo de cable, entrar, realizar la instalación e irse sin la autorización de los carceleros y la orden de un jefe superior?

En la causa “Proyecto AMBA” (el desembarco de la AFI en territorio bonaerense en 2017), el juez Alejo Ramos Padilla encontró un documento en el que la conducción de la central de inteligencia dispuso expresamente la obtención de información política. La prueba, publicada hace una semana por Tiempo, desmiente que hubiera una intención de perseguir el narcotráfico, la trata y el crimen organizado. De hecho, jamás se desbarató ninguna organización de ese tipo. Pero hay cientos de fotos e informes de organizaciones sociales, movilizaciones, reclamos y niños desayunando o almorzando en comedores sociales. El espía que encabezaba ese proyecto, según la resolución judicial, es Pablo Pinamonti, quien -a su vez – era el referente del falso abogado Marcelo D’Alessio, a quien la AFI también desconoce. Todos eran, según los jefes de la AFI, “cuentapropistas”, empleados infieles a los que les dieron órdenes de hacer tareas legales pero desobedecieron. Y nadie, en la central de inteligencia, advirtió que eso estaba ocurriendo.

Tiene su lógica. En la historia reciente de los tribunales argentinos parece consolidada la teoría “el jefe no sabía”. Así, Carlos Menem zafó del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; Fernando De la Rúa de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001; Aníbal Ibarra de Cromañón, Mauricio Macri de las escuchas ilegales cuando fue jefe de gobierno porteño. Esa doctrina no escrita tiene una sola excepción: Cristina Fernández de Kirchner, procesada en una decena de causas como jefa de una asociación ilícita.