La causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos está a punto de quedarse sin jueces de Cámara que revisen los procesamientos de, entre otros, los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La investigación sobre las prácticas de inteligencia ilegal entre 2016 y 2019 se inició a ritmo vertiginoso cuando estuvo en manos del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien finalmente fue apartado del expediente.

No obstante, siguió avanzando cuando quedó a cargo de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y del juez Juan Pablo Augé, quien dispuso casi 40 procesamientos en un extensísimo fallo en el que dio a conocer pruebas elocuentes del espionaje ilegal.

Pero la Cámara Federal de Casación Penal, en un fallo que firmó, entre otros, el juez Mariano Borinsky (cuestionado por 18 visitas al expresidente Mauricio Macri, según una ampliación de denuncia presentada el viernes por diputados del Frente de Todos), le quitó la competencia para intervenir al juez de Lomas de Zamora y se la adjudicó a los tribunales de Retiro. Allí, después de algunas idas y vueltas, quedó radicada en primera instancia ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Entonces el expediente ingresó en arenas movedizas y se sucedió una serie de episodios que culminaron en las últimas horas con el apartamiento o la recusación de cinco de los seis jueces que actualmente integran la Cámara Federal porteña.

Ese tribunal es el que debe resolver planteos de nulidad que podrían derribar el expediente y las apelaciones sobre los procesamientos, que además de Arribas y Majdalani incluyen a una exfuncionaria con despacho en la Casa Rosada y acceso a Mauricio Macri, toda la excúpula del Servicio Penitenciario Federal y una decena de agentes y exagentes de la central de inteligencia.

Toda esa tramitación fue suspendida sin fecha el martes pasado por el camarista Eduardo Farah, uno de los que fue recusado por “temor de parcialidad”, en su caso por la defensa de Arribas.

De los otros jueces que integran el tribunal, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens también fueron recusados por presunta pérdida de imparcialidad, en sus casos por los querellantes Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco.

La recusación contra Llorens fue rechazada, pero se presentó una nueva y un pedido de nulidad y eventual apelación por la anterior, de modo que tampoco está firme.

Resnick Brenner y Chueco fueron tenidos como víctimas de espionaje en las cárceles cuando estuvieron detenidos, el primero por la Causa Ciccone y el segundo por el expediente en el que finalmente fue condenado por lavado de activos junto al empresario Lázaro Báez.

El camarista Martín Irurzun está excusado de intervenir en el expediente porque también él aparece en la lista de supuestos espiados ilegalmente, e incluso hay un legajo especial en el expediente sobre los seguimientos (con fotografías incluidas) de que fue objeto.

Roberto Boico tampoco puede intervenir, pues en su caso está excusado porque fue abogado de otra de las espiadas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La situación de CFK es clave en el expediente, puesto que el espionaje sobre el Instituto Patria y sobre su domicilio en el barrio porteño de La Recoleta precipitó la investigación pero, al mismo tiempo, generó una controversia judicial porque Comodoro Py sostuvo en pleno apogeo del gobierno de Macri que no había existido delito en esas conductas.

El único juez en condiciones de intervenir es el camarista Leopoldo Bruglia, quien ocupa el cargo interinamente gracias a un fallo de la Corte Suprema que lo mantiene en él hasta tanto sea designado un nuevo magistrado surgido del concurso del Consejo de la Magistratura.

Bruglia no se presentó a ese concurso, de modo que su continuidad está limitada a los tiempos burocráticos de la designación de su reemplazante.

No obstante, hoy debería ser él quien resolviera, en principio, todas las recusaciones para destrabar la tramitación de la causa. Esa decisión es potencialmente apelable en dos instancias: la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia.

En sintonía con los tiempos judiciales, el expediente podría estar meses –o incluso más tiempo– trabado hasta tanto se resuelva inicialmente qué jueces pueden intervenir. Solo entonces quedaría en condiciones de revisar las cuestiones de fondo.

¿Qué pasaría si no se pudiera integrar una sala para revisar todo lo actuado en la causa cuando estuvo en la Justicia Federal de Lomas de Zamora? La Cámara Federal debería pedirles “prestados” jueces a la Cámara del Crimen porteña o a la Cámara en lo Penal Económico.

El tribunal que finalmente quede constituido deberá revisar los procesamientos de Arribas y Majdalani y de otros 36 imputados, dispuestos por el juez Augé en febrero pasado por maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y eclesiásticos, periodistas y exfuncionarios del gobierno 2003-2015 detenidos en la cárcel de Ezeiza.

La lista de procesados incluye al extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos, Emiliano Blanco; la exencargada de  Documentación Presidencial Susana Martinengo, y todos los integrantes del grupo de WhatsApp denominado “Súper Mario Bross”, sobre quienes recaían las tareas de calle del espionaje.

«Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas ilegales, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales”, describió el procesamiento. «