La Comisión de Educación de la legislatura porteña se reunió para escuchar las demandas de la comunidad educativa que acontecieron en estos últimos meses. Si bien durante la jornada se reconoció el trabajo y la historia de algunos Institutos de Formación Docente, uno de los temas principales del encuentro fue el robo a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
A la reunión asistieron madres y padres de establecimientos educativos que fueron asaltados en varias ocasiones, para exponer sobre la situación actual de las escuelas y las necesidades urgentes que necesita cada establecimiento educativo en particular y en general, dado que estos hechos afectan a toda la comunidad educativa. Además, participaron referentes educativos, cooperadoras, rectores y sindicatos, como Nancy Vega, Presidenta de la cooperadora del Lengüitas; Clara Encabo de la cooperadora de la Primaria N° 15 de Coghlan; y Pablo Francisco, secretario de la CyMAT de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – Ctera), entre otros.
Un relevamiento preliminar realizado por la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de UTE-Ctera, que fueron expuestos en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, develó que hubo 75 robos en escuelas públicas de la Ciudad ocurridos en los últimos dos años, el 90% sucedieron en edificios escolares que no tienen caseros.
“O sea, que 9 de cada 10 escuelas están desguarnecidas y no hay posibilidad de disuadir o de llamar a alguien si hay alguna situación anómala”, explicó durante el encuentro Pablo Francisco, titular del organismo. “Otra situación es que 7 de cada 10 de estos robos se dan en el fin de semana o en un día feriado, o durante las vacaciones, o sea cuando no hay actividad en la escuela”, agrega.
El docente y líder sindical, recuerda que el GCBA en varias ocasiones planteó que una solución para frenar los robos era la instalación de cámaras en los ‘espacios seguros’, que son aulas acondicionadas con alarmas y cámaras donde se guardan las computadoras y los elementos valiosos.
“Pero nos encontramos con que 6 de cada 10 robos ocurre en escuelas que tienen esos espacios seguros y las cámaras o no andan, o no se puede acceder a lo que registraron, o las alarmas fallaron o sonaron pero no llegó el aviso. Es una situación que amerita un abordaje integral que no es solo el robo de lo material sino que, claramente, afecta las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, porque además del robo en sí y lo que eso significa, también estas situaciones están generando la suspensión de días de clases, porque la escuela se encuentra de golpe sin materiales o en condiciones deplorables para la práctica educativa”, termina Francisco.
Cabe destacar que desde el mes de febrero (en las últimas 12 semanas) fueron asaltadas alrededor de 18 escuelas porteñas. La cifra de establecimientos educativos robados podría ser aún mayor dado que el ministerio de Educación de la Ciudad, ordenó evitar que estos hechos trasciendan puertas afuera de muchas instituciones educativas.
“Durante el encuentro se consensuaron varios pedidos de informes sobre este tema y también lo que plantearon algunos de los familiares que estuvieron presentes fue lo de los caseros, que le dimos mucha importancia porque en varias de las escuelas se han ido dando directamente de baja al jubilarse. El GCBA no designó nuevos caseros e intenta reemplazarlos por cámaras que vulneran derechos de las niñeces como también de la docencia”, señaló a Tiempo la diputada porteña del FIT Cele Fierro.
Para la legisladora Maru Bielli de Unión por la Patria (UxP), quien además es la vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, “más allá de poder relatar situación por situación que evidentemente hablan, además de una lógica criminal organizada respecto al robo de dispositivos del plan Sarmiento, la propuesta es que podamos, desde esta comisión, darle algún abordaje más serio e integral que la mera presentación de pedidos de informe”, señaló Bielli durante el encuentro.
En ese sentido acompañó la iniciativa de la diputada Claudia Neira (UxP) que planteó referenciar estos hechos con la Ley 1706, que son los lineamientos generales de seguridad de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que establece que en los casos en donde hay emergencias en materia de seguridad, se puedan conformar comités en esas escuelas integrados por docentes, por miembros de la comunidad educativa, para poder pensar con autoridades del GCBA un plan de acción que permita darle resolución a esta problemática.
“Creo que incluso podemos solicitarles desde esta comisión a las autoridades del Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, porque sabemos que es una problemática que hay que abordarla desde distintas áreas, que puedan acercarse a la comisión y de alguna forma rendir cuentas en ese sentido, y también poder incorporar e intercambiar respecto de cuáles son algunas de las medidas que la propia comunidad educativa está expresando”, terminó Bielli.
