El gobierno de Javier Milei ha iniciado una cruzada contra la cultura que está contenida en la “Ley Ómnibus” que envió al Congreso. Con el pretexto de recortar gastos y achicar el Estado, avasalla instituciones que se autofinancian.  Esto abarca desde el INCAA y el Fondo Nacional de las Artes hasta la Ley de Defensa de la Actividad Librera. La Sociedad General de Autores  (Argentores), no es la excepción. ¿A quién beneficiaría la sanción  de los artículos relacionados con la institución?

Cada autor podría gestionar sus derechos de manera individual y Argentores dejaría de existir como la institución que es desde hace más de un siglo.

Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores le dice a Tiempo Argentino: “Nosotros no recibimos dinero del Estado. Es una sociedad sin fines de lucro que fue fundada por dramaturgos hace 114 años. En su momento, ellos pelearon por los derechos de autor en los teatros”.

“Es una actividad privada porque el autor arregla con los empresarios el dinero del cobro, que no es un impuesto, sino que sale de lo que paga el espectador cuando va a ver una obra de teatro o el abono que paga una persona para ver, por ejemplo,  un espectáculo por cable.”

“El autor recibe un porcentaje de dinero para autorizar el uso de su obra. Por lo que el derecho de autor no es un impuesto y nosotros no recibimos ningún dinero del Estado. Del dinero que cobra el autor a través de las sociedades de gestión, la sociedad le cobra  un porcentaje de comisión administrativa que lo  vuelca a hacer mutualidad.”

“Argentores –continúa- es básicamente una mutualidad que recauda y liquida derechos de autor. Ese dinero de mutualidad lo usamos para prepagas gratuitas para el socio, para pensiones cuya mínima es más alta que la que da el Estado y se otorgan 15 al año. También se dan ayudas asistenciales, subsidios por nacimiento o fallecimiento…”

“Estamos permanentemente ayudando a los autores –prosigue- porque ya nuestros fundadores se dieron cuenta de que la vida del artista en general y del autor en particular es complicada cuando se llega a una cierta edad: solo el 20 por ciento de nuestros socios llegan a los 65 o 70 años con tranquilidad económica. Es un círculo virtuoso: los propios autores –yo soy dramaturgo y guionista- nos damos beneficios a través de  una previsión social y una mutualidad, aparte del cobro del dinero.”

El proyecto de Ley presentado por el gobierno de Milei le prohíbe a Argentores hacer mutulidad.  “Ataca el corazón de la sociedad de gestión –afirma Diani-. Lo que sucede con Argentores sucede también con SADAIC, DAC, AADI o SAGAI. El argumento formal es que nos dedicamos a recaudar y liquidar dinero y, por lo tanto, no podemos ser mutual. Pero nosotros no dependemos del Estado, por lo tanto, no es válido decir que como hay que achicar el Estado, hay que achicar los dineros.”

En vista de los perjuicios que ocasionaría la aprobación de los artículos 350 y 351,  la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) , les sugiera a los diputados argentinos que se retiren los artículos 350 y 351 de la ley ómnibus ya que la aprobación de estos afectaría gravemente los intereses de los autores nacionales y extranjeros, y se mantenga inalterado el régimen legal vigente en la República Argentina que constituye, a todas luces, la mejor defensa para la protección de sus derechos.

“Ser socios de Argentores –afirma Diani- es una elección. Nuestros socios se afilian por los beneficios que la entidad otorga”.

En la misma situación se encuentran otras entidades similares. Recientemente la Federación Iberolatinoamericana de Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE), cuyo director es el compositor Luis Cobos remitió a la Cámara de Diputados una carta en la que destacaba que “Es un principio universal que el derecho del artistas intérprete o ejecutante deba ser de gestión colectiva obligatoria mediante una única entidad, es decir, con exclusividad”
”La gestión individual y/o la concurrencia de diferentes entidades para una misma categoría de derechos, ambas modalidades conspiran contra la gestión hasta el punto de hacerla inviable”.

Y agregaba: “Por otro lado, despierta honda preocupación la iniciativa de convertir la Dirección Nacional de Derecho de Autor en una oficina estatal con facultades omnímodas sobre la gestión colectiva, llegando incluso a estar facultada para retirarles la autorización a entidades que llevan más de medio siglo de funcionamiento con el beneplácito de sus asociados, como es el caso de la AADI. Una oficina de tales características podría terminar siendo un instrumento de censura”.

Argentores, mutualidad, autogestión y un negocio para pocos

Al mismo tiempo que los artículos contenidos en la Ley Ómnibus prohíben la mutualidad, le permite al autor hacer autogestión.

 “La autogestión es una falacia –asegura Diani- . Y doy un ejemplo. Yo soy guionista. Si se estrena una obra mía en una plataforma al mismo tiempo en Argentina, en Alemania, en Francia y en Perú, cómo hago yo si no tengo detrás de mí una estructura administrativa como Argentores para poder recaudar mis derechos por todo el mundo. Es imposible.”

Este  hecho habilita que haya agencias  “y al no haber obligación de hacer una mutual, una agencia con tres abogados toma los tres autores de ese momento que son los más exitosos, les baja la comisión administrativa, en vez de un 15 por ciento cobra un 10y  el autor puede sentir que se ahorra unos pesos.”

Y continúa: “Pero cuando se pasa su etapa de éxito y ya su obra no se ve tanto o cuando ya no lo convocan, ese autor termina sus días sin pensión, sin ayuda asistencial, sin prepaga, sin nada.  Detrás de esta desregulación que intentan hacer, hay un negocio para pocos.”

“En la época de Menem se intentó hacer exactamente lo  mismo. Los directivos de esa época se juntaron con Roque Fernández que era el ministro de Economía y le explicaron lo que yo estoy contando en este momento. Y Roque Fernández no tuvo argumento para mantener a las sociedades de gestión en esa desregulación y las sacó de allí.”

“Además –continúa- no dependemos del Estado”. A nuestras asambleas, que son anuales, van la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) porque somos una mutual. Las dos instituciones nos auditan  y las dos aprueban nuestros balances. Si no dependemos del Estado, si no representamos un impuesto, no hay por dónde entrarle a una sociedad de gestión. La lógica de la desregulación no tiene ningún fundamento.”

“Hemos hablado con distintos bloques de diputados, todos entienden nuestra postura y, a excepción del bloque del oficialismo han decidido apoyarnos”.

Y agrega: “Argentores  no representa solamente autores argentinos,  sino de todo el mundo, alrededor de 5 millones de autores por convenios de reciprocidad entre distintas sociedades de gestión. La entidad representa autores españoles,  italianos, franceses, polacos, ingleses. Incluso tenemos convenios con los estadounidenses.”

“Las entidades de gestión como Argentores, continúa, tanto en nuestro país como en la mayoría de los países del mundo son de derecho exclusivo, es decir, que tienen exclusividad de cobro. A nivel jurídico  estas entidades no compiten entre ellas. Al tener la exclusividad de cobro, cuando llega el momento de sentarse a hablar con Google, con Netflix  o con cualquier empresa de ese tipo,  los autores tienen un interlocutor válido a través de la sociedad de gestión. Si eso se atomiza y aparecen distintas agencias, el autor pierde siempre”.

“La única forma de entender que se quieran desregular  las sociedades de gestión –confluye- es que, detrás de esa desregulación haya un negocio para que se hagan unos mangos dos o tres pulls de abogados amigos de alguien. Si no es ésta la razón, la desregulación no tiene ningún sentido”.