En un año de pandemia mundial, con el país arrasado por el fuego y el desmonte ilegal y con señales inequívocas de parte del gobierno de profundizar el actual modelo transgénico y extractivista, la ratificación del Acuerdo de Escazú en la madrugada del viernes se convirtió en la primera gran noticia ambiental. Las organizaciones coincidieron en que la Argentina logró un avance histórico en la lucha contra la crisis climática al tiempo que sumó herramientas para promover el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de los Derechos Humanos.
Con 240 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú’’. La Argentina se convirtió así en el décimo país de la región en dar su aval, por lo que solo falta la ratificación de otro Estado para que entre en vigor.
“El Acuerdo de Escazú apunta a consolidar el derecho básico de las personas a participar en cuestiones que le afecten y un modelo de democracia ambiental que permita a la ciudadanía acceder a la información. Además, es un acuerdo vinculante que incorpora la protección de los defensores de Derechos Humanos en temas ambientales. Es el primero a nivel mundial que está enfocado a las problemáticas de la región, casi todo está pensado para contemplar las necesidades de los sectores en estado de vulnerabilidad. Es el punto de partida necesario que les va a dar a la gente más herramientas para luchar contra el cambio climático”, explica Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El especialista también destaca que sin la participación activa de los movimientos socioambientales y de jóvenes el Acuerdo no se hubiera ratificado.
En ese sentido, Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima Argentina, opina que “el Acuerdo de Escazú garantiza a mi generación que no se sigan tomando decisiones a nuestras espaldas que pongan en riesgo nuestro futuro”.
Un plan débil
La semana había empezado con el anuncio del Plan de Políticas Ambientales del gobierno. Acompañados de brigadistas, cartoneros y productores, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, presentaron una serie de medidas para “cuidar nuestra casa común” como la erradicación de basurales a cielo abierto, la financiación de proyectos agroecológicos y el fomento de un nuevo paradigma de relación con la naturaleza. Sin embargo, frente a la actual crisis socioambiental que atraviesa el país, aunque necesarias, resultan insuficientes.
“El plan –argumenta Nápoli– tiene una mirada parcial de los temas. Por ejemplo, si no abordas el problema de los residuos de una manera integral, te las vas a pasar removiendo basurales. Hay que ponerlo en otra dimensión, dotarlo de más sentido para que se vuelvan políticas ambientales en serio. Hay que promover la Ley de Humedales, hay que decirle que no al acuerdo con China, así como esta (en referencia a la instalación en el país de mega granjas de cerdos), por más beneficios económicos que genere, hay que revisar la política de subsidios a los combustibles fósiles. Es preocupante que el Estado sea el promotor de estos temas que tienen impacto sobre el ambiente. Las políticas se comienzan a construir con una base credibilidad, sino el plan se debilita. Si el barco tiene agujeros por todos lados se va a hundir”.
Luego del anuncio del Gobierno, Greenpeace expresó que “son pasos necesarios, pero insuficientes ante la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que vivimos”.
La organización ecologista consideró necesario que “se catalogue como delito penal a los incendios y desmontes de bosques” y exigió “un cambio profundo en el uso de la tierra basado en la agroecología, no más extracción de combustibles fósiles o minerales, y priorizar la protección y restauración de ecosistemas críticos como los humedales y el mar”.
Para Nápoli la ley escrita “no alcanza” y el camino seguro es cambiar la conciencia de la gente. “Los incendios en el país –justifica– nos dan la pauta de lo que está sucediendo con el cambio climático. Aquello que creíamos que iba a pasar en 40 años, va a pasar en diez”.
