El Gobierno convocó a una reunión de urgencia con Rodolfo Barra tras conocerse que el Procurador General del Tesoro firmó un dictamen que perjudica al estado. La cumbre está prevista para este lunes y estará encabezada por el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien oficiará como interlocutor entre el jurista y Javier Milei.
El escándalo se desató luego de que se diera a conocer que el abogado hiciera firmar a su segundo, Marcos Serrano, una resolución que beneficia a una de las trabajadoras despedidas de de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La ex empleada litigó contra el gobierno tras la decisión del Ministerio de Justicia de no cumplir el acuerdo salarial establecido tras el cierre de la entidad.
«Es ilógico que un funcionario resuelva a contramano de lo que piensa el presidente», se ofuscó un ladero al tanto del conflicto. Para la Casa Rosada la decisión del procurador no sólo no está alineada con la agenda libertaria, sino que además habilita una nueva línea de conflicto con la justicia laboral, arca en la que el gobierno ya acumula varios revés.
Según dieron a conocer fuentes oficiales a Tiempo, el ex ministro de la Corte Suprema durante el menemismo no sólo ejecuta funciones a contramano de la línea del gobierno, sino que las hace desde el exterior. El ex auditor vive fuera del país desde hace décadas, circunstancia que no modificó cuando hizo su regreso triunfal a la gestión nacional, lo que representa un conflicto que podría pasar al terreno legal, puesto que ningún funcionario puede ejercer fuera del país.
Tras cartón, según confirmó un conocedor del conflicto, el presidente no está al tanto de que su procurador no habita tierras argentinas. “El presidente no sabe nada”, afirmó la misma fuente, quien además adelantó que será él el encargado de comunicarle al primer mandatario el inconveniente habitacional. De el libertario, quien volverá al país recién este sábado luego de su gira por Estados Unidos y Davos, dependerá la continuidad o no de Barra.
En caso que el presidente defina prescindir de los servicios de su procurador, en el gobierno ya barajan un posible reemplazo. Entre los nombres que pican en punta se encuentra Ricardo Manuel Rojas, un destacado jurista por el que el presidente tiene un gran estima. El doctor en Historia Económica, fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia desde el retorno de la democracia hasta el primer ciclo del menemato y juez en lo Criminal de Buenos Aires, lo que le valió el respeto en el mundo jurídico, una cucarda más que valorada por la gestión libertaria.
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