Los impactos de las decisiones económicas del gobierno son inocultables. Se reflejan en los grandes datos y en la vida cotidiana de las personas. La profundización del ajuste fiscal para 2019 hace prever que lo peor de la «tormenta» –tomando la metáfora climática favorita del gobierno— todavía está por venir.
Si bien se dice que el FMI podría tolerarle al gobierno algún desvío este año, el ajuste fiscal pactado para 2019 es de $ 300 mil millones, una cifra descomunal. Difícil es entonces que se pueda cumplir la previsión de algunos analistas cercanos al oficialismo, acerca de que habría un repunte hacia fines del último trimestre, más allá de algún buen número que pueda mostrar la cosecha de trigo. El ajuste es de tal magnitud que hasta condicionará la posibilidad de que la obra pública sea motor en el año electoral, estrategia que el gobierno utilizó en 2017.
El achicamiento estatal que se planea es significativo y abarca todos los rubros, con excepción de los intereses por pago de deuda pública. Entre ellos, se pagarán menores salarios reales, se achicará el empleo público, habrá menores transferencias a provincias y menor inversión en ciencia y técnica.
El martes, el presidente Macri anunció la cancelación de contratos entre el Estado y el Invap. Sin embargo, tras el fuerte rechazo de la población, el oficialismo volvió sobre sus pasos y garantizó proyectos por U$S 300 millones. La poca claridad con la que se manejaron los números no contribuye a despejar temores sobre los recortes. Por otro lado, también se habló de un nuevo esquema comercial, a partir del cual Invap comenzará a centrarse en las necesidades de los clientes externos y no tanto en las del Estado.
Queda claro que con su visión de ajuste presupuestario el gobierno argentino les da la espalda a los gastos en investigación y desarrollo (I+D) estatal, una apuesta a la que recurren aquellos países que aspiran a incrementar sus márgenes de soberanía y bienestar.
Para fundamentar sus dichos, Macri dijo: «Los contratos que tenía la Nación previstos con Invap eran de la época de la magia y la plata no está». El concepto de magia del presidente no hace más que mostrar la óptica ortodoxa con que mira la realidad.
En verdad no era magia sino un esquema que obtenía sus ingresos en base a la mayor actividad económica y asignaba los recursos en función de una estrategia de desarrollo. En última instancia, esa fue una decisión política. Una prioridad distinta a la del actual gobierno, que no habla de magia cuando de lo que se trata es de destinar fondos al pago de intereses de la deuda, una deuda que desde fines de 2015 no ha hecho otra cosa que aumentar.
Los grandes datos macroeconómicos y sectoriales muestran que estamos en un franco proceso de achicamiento de la actividad económica y del empleo.
La actividad industrial, según el indicador elaborado por FIEL, cayó en junio un 5,4%, comparando con el valor de un año atrás. En este marco el empleo industrial formal también continuó reduciéndose de manera acelerada (-1,2% en los cinco primeros meses). La situación es extensible al total del empleo (incluyendo público, privado, monotributistas e independientes): aquí la caída fue del -0,3 por ciento.
Otro número importante es el de las exportaciones y las importaciones (balanza comercial de bienes) ya que refleja con total claridad parte del espíritu de las políticas pactadas con el Fondo Monetario: que la devaluación y la recesión sean las que contribuyan a mejorar los saldos externos y la capacidad de repago del país. Los datos van en esta línea, ya que la balanza comercial mostró un déficit de U$S 382 millones en junio, cuando en el acumulado del primer semestre el saldo negativo alcanzó los U$S 5101 millones.
La explicación se encuentra fundamentalmente por el lado de las menores importaciones, que en junio tuvieron una reducción interanual del -7,5%. En el desagregado se registraron menores compras al exterior de bienes de capital (-16,9%), de piezas y accesorios de estos bienes (-10,3%) y de los vehículos de pasajeros (-15%). Es un reflejo del impacto concreto que sienten los sectores de la producción. Pero la menor demanda interna también influyó, al reportarse una caída de los bienes de consumo (-8,8%). El único rubro que mostró incrementos en las compras al exterior fue el de los bienes intermedios, pero a consecuencia exclusivamente de la mayor importación de porotos de soja para transformación, una situación excepcional producto de la sequía. Tomados en conjunto, estos números son un subproducto concreto de una economía que evidencia signos preocupantes en diversos aspectos.
¿Crecimiento «invisible»?
No sería descabellado que a mediados de 2019 algunos sectores como el primario muestren un repunte, debido al bajo piso de comparación que dejará esta cosecha, producto de la sequía. Sin embargo, de ocurrir un crecimiento agrícola, esto no será una fuente considerable de empleo.
Es una típica muestra de crecimiento «invisible», aquel que no llega a trasladarse a las condiciones de vida de la ciudadanía. Ni el mejor mago neoliberal podría garantizar que se lleve a cabo el «efecto derrame». Las mejoras sólo pueden partir de un Estado activo, que intervenga con políticas de redistribución de la riqueza y el ingreso. Que incida en las cadenas de valor para regular el proceso de determinación de precios, que implemente medidas impositivas verdaderamente progresivas.
Por supuesto que la aspiración del presidente de ser el «supermercado del mundo» depende de otras cosas, además de que el clima acompañe: que sea posible colocar la producción en el exterior. Las recientes negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, si bien contienen una elevada carga de incertidumbre, habrían acordado que el bloque comenzará a comprar soja y gas licuado norteamericanos. Las repercusiones en Brasil, y por lo tanto también en Argentina, pueden ser bastante negativas. Europa recibe el 33% de nuestras exportaciones de harinas y pellets de soja.
Estas decisiones también afectan al Mercosur. Una visión interesante es la de Marcello Estevao, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil, quien señaló que «uno de los puntos fuertes de la agenda entre la Argentina y Brasil es la negociación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur (…). Es un acuerdo muy importante porque el Mercosur es muy cerrado en términos comerciales, tenemos que trabajar para tener no sólo más exportaciones sino principalmente más importaciones en el bloque»: como el aviso publicitario de la silla en la gestión de Martínez de Hoz.
Por otra parte, y en un marco de salida de capitales, el FMI les dio sus recomendaciones a los países emergentes y dijo que deben «usar todos los instrumentos que tengan a su alcance». La lógica es: tener un tipo de cambio definido por el mercado, tasas de interés más altas y una política fiscal contractiva. Como se ve, no son muchos los remedios, y encima son peores que la enfermedad. Por razones obvias, no hay mención por ejemplo a la posibilidad de regular la entrada y salida de capitales. Todas las políticas apuntan a satisfacer a los mercados. En este contexto, no se augura un buen desempeño para la economía argentina en 2019. Ante este panorama es imprescindible rechazar el programa del FMI y restablecer las bases de un modelo que no se sustente en el endeudamiento y en la desregulación, sino en un Estado activo que privilegie la expansión del mercado interno. «
