En Rosario aún se respira miedo. Las imágenes remiten al recuerdo de la pandemia. El fin de semana pasado, la ciudad se mostró casi desierta luego de que la primera semana de marzo asesinaran a sangre fría a dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio donde dejaron una nota aclarando que la muerte estaba relacionada al endurecimiento en las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Vecinos de la zona oeste tienen horarios específicos para andar, de 10 a 12 y de las 17 hasta las 18.30. Los bares dejaron de sacar las mesas en las veredas tras los últimos episodios.
Pero la vida no espera. En medio de las medidas autoimpuestas para preservarse, una parte de Villa Banana dejó en segundo plano el miedo a las balas por la angustia de ver cómo sobrellevar los contagios de dengue. En el barrio advierten que los controles policiales son solo para los cartoneros, los trabajadores informales. Se mezcla la estigmatización con la búsqueda de cazar ‘perejiles’. La ciudadanía rosarina arrastra una resignación de años, y toma con descreimiento el desembarco de las fuerzas federales, anunciado con bombos y platillos por el gobierno nacional y provincial.
Las organizaciones sociales son las que están en los territorios: hoy ellas también buscan reinventarse para dar contención. «Estamos poniendo el pecho a ver a quién le toca hoy, es la ruleta rusa rosarina», dicen con honestidad fatal.
La ciudad se fue apagando
Para explicar estas últimas dos semanas hay que empezar por el sábado 2 de marzo cuando dispararon contra los colectivos que llevaban personal del Servicio Penitenciario. Horas antes se conocía que el Ministerio de Seguridad había restringido las visitas de los presos de alto perfil de la Unidad Penal 11 de Piñero. En los días posteriores a ese ataque hubo requisas a esos reclusos y también se conocieron denuncias por violencia institucional.
El martes 5 fue publicada la famosa foto «a lo Bukele» de la Gobernación y tuvo su respuesta unas horas más tarde con el asesinato del taxista Héctor Figueroa (43). A las 24 horas otro taxista, Diego Celentano (33) fue ejecutado. El jueves 7 atacaron a tiros al colectivero Marcos Daloia (39) en una de sus paradas, quien murió el domingo pasado. Entonces, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumó a la medida de fuerza de los taxistas.
El sábado 9, primero encontraron una bandera en un puente de Circunvalación donde alertaban al gobierno provincial que era una respuesta al endurecimiento a las condiciones de detención y a la medianoche cometieron el homicidio del playero Bruno Bussanich (25). Dejaron una nota del mismo tenor en la que agregaban algo más: el norte, sur y oeste, ahora estaban unidos.
Los mensajes mafiosos se sucedieron: incendiaron dos taxis, balearon el frente de la comisaría 15ª y la oficina de recepción de detenidos (Order) en el Complejo Penitenciario; hubo amenazas de bombas en una escuela y en la Terminal de Ómnibus. Además, dejaron mensajes intimidantes en colegios y comercios.
La ciudad se fue apagando. Los referentes de los sindicatos de taxis, salud, transporte, educación, estaciones de servicios y recolección de residuos iniciaron paros exigiendo seguridad, al igual que la ciudadanía que se replegó a la espera de que se concretaran los anuncios del 11° desembarco de las fuerzas federales en estos años, especialmente las Fuerzas Armadas. A pesar del acto del 11 de marzo del gobernador Maximiliano Pullaro junto Patricia Bullrich y Luis Petri, hasta el viernes aún no se conocían operativos concretos. Sí hubo allanamientos masivos donde detuvieron a 16 personas: 11 fueron imputadas por encubrir el crimen del colectivero y una por participar en el del taxista.
Las escuelas no abrirán los próximos días por un paro de 48 horas. En la Universidad Tecnológica pidieron aumentar las clases virtuales, sobre todo las nocturnas. La noche rosarina también quedará vedada por un tiempo; bares y comercios cierran antes de la medianoche mientras que las estaciones de servicio cortan la atención de 22 a 6. Sólo recibirán a patrulleros y ambulancias, mientras evalúan que queden abiertas algunas «de turno» como las farmacias. Los centros de salud siguen recibiendo amenazas. Varios médicos resolvieron no andar en ambo por la calle para no ser identificados.
Sobrellevar las violencias
Para los habitantes de la periferia la situación que conmocionó a toda la ciudad no es nueva, la sufren desde 2013. Cada año se bate récords. En 2022 fueron 289 víctimas fatales. Promedio de países «narcos». Cada vez que recrudece la violencia, las organizaciones sociales tratan de hacerle frente al desamparo. Seguir acompañando, como sea.
Esta última escalada se sumó a otras violencias: la de no tener garantizado el trabajo, el plato de comida, la salud o la educación. Cuando el Estado se va, otras fuerzas aparecen a reemplazarlo en el territorio. Por ejemplo, los narcos. Las organizaciones insisten: de nada sirve sumar soldados, si el mismo gobierno corta la asistencia social.
«Por todo esto tuvimos que cerrar la copa de leche y el comedor, en el último tiempo hemos incrementado las raciones de 240 a 630. Ahora estamos pensando estrategias para entregar bolsones de comida para las familias», explica Belén Melgarejo, pastora evangélica referenta de Alcanzando Sueños. Está hace 14 años en San Francisquito del sudoeste. Conoce a los chicos de su barrio y del lindero Alvear. Están asustados. «Es muy triste y muchas cosas no salen en los medios. No sé cómo se puede parar pero hay algo que está funcionando mal porque seguimos a la deriva y poniendo el pecho».
Nelson Mansilla, de La Gloriosa del Movimiento Evita, relata que el trabajo barrial no se detuvo, pero que tomaron recaudos: «hasta el martes parecía plena pandemia, no se veía a nadie en la calle; hay mucho miedo». Sostiene que los hechos de violencia están más organizados desde el narcotráfico pero no son atípicos: «esto pasa hace muchos años, todos los pibes que mataron acá también eran trabajadores. A veces molesta el título que se le da ahora».
En los barrios periféricos (donde el drama narco se vive real), tienen otro miedo: la estigmatización. «Le pasó a un vecino que es cartonero: lo pararon tres veces en dos días para pedirle documentos. Si la inteligencia criminal va a ser esa, es volver al circo de siempre. El interrogante es qué pasa en el Puerto, en Puerto Norte, en las cerealeras y en las cuevas, tendrían que ir por ahí. Hoy hay un Estado ausente. Igual la ciudadanía no se come más las promesas, escucharon a la ministra (por Bullrich) y se quedaron en sus casas».
Rosario, entre el dengue y las balas
Carolina Carranza es acompañante del taller de panificación Mujeres Arriba. Está hace 8 años en el Centro Comunitario Comunidad Rebelde de Villa Banana. «Hoy no sólo está lo violento del narcomenudeo o la exclusión social, hay muchas otras cosas que hacen que todo sea una rueda que se cierra cada vez más. Hay muchos casos de dengue. Y el centro de salud recién abrió a mitad de semana, no tenían ni paracetamol».
A eso se suma que con las últimas lluvias no sólo se les inundaron sus casas, que están al costado de la vía, sino que tienen que tener cuidado de no electrocutarse por los cables caídos. Carolina menciona la desesperación que atraviesan muchas de las mujeres del barrio, que solo cobran los 78 mil pesos del Potenciar Trabajo. ¿Cómo pretender que ellas vean futuro? ¿Cómo pretender que lo vean sus hijos? Si no hay contención y la plata no alcanza, cualquier opción que ofrezca una respuesta es aceptada.
Para Carolina el trabajo de las organizaciones es fundamental en sostener un entramado social que cada vez está más frágil. Entre el miedo y las balas, ella lo tiene claro: «las redes que se puedan construir con cualquier vecino o institución son las que nos van a terminar salvando».
Las bandas narcopoliciales barriales: «rústicas y fragmentadas»
En cada escalada de violencia de Rosario, resurge el intento de relacionar la operatividad de las bandas criminales con los grandes carteles de México, Colombia o el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil. Los cierto es que en todo este tiempo las investigaciones en los territorios no arrojan una banda nueva y persisten las conexiones con las dos organizaciones de siempre: la de Esteban Alvarado y la de Ariel «Guille» Cantero, de Los Monos. Ambos líderes cumplen condenas en cárceles federales. En sus juicios tuvieron condena una decena de policías, entre ellos altos jefes.
En la mayoría de hechos caen imputados jóvenes, que son contactados por algunos de los integrantes de las organizaciones desde las cárceles.
Las zonas en disputa se repiten. Por eso serán intervenidos los barrios Tablada, Municipal, General Las Heras, Nuevo Alberdi, Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, Vía Honda, Villa Banana, Triángulo y Moderno.
Los especialistas las describen como bandas «muy rústicas, fragmentadas y violentas». Un ejemplo es el caso de dos gavillas de zona oeste: el jefe de una de las facciones intentó involucrar a sus rivales, los jóvenes hermanos Tripi, en las amenazas que recibieron funcionarios provinciales para quedarse con la venta de drogas en el Fonavi de Parque Oeste.
Bukele
Tras la difusión de la foto en la cárcel a «a lo Bukele» por parte del gobierno de Santa Fe (al que se sumó Patricia Bullrich), se generó una escalada de la violencia. El ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, le habló luego a Bullrich: “Error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso solo lo podés hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tenés el control total de la calle”.
La doctrina de EE UU: militarización e Hidrovía
La política del gobierno nacional, y que también tuvo eco en el Ejecutivo santafesino, para «combatir al narcotráfico» busca que las Fuerzas Armadas puedan ocuparse de la seguridad interior. El periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, señala que la «guerra contra las drogas» es parte de un plan continental. Contó que en Rosario existen 47 bandas narcopoliciales barriales: «no es un problema militar, es político provincial para eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad que liberan zonas. Los asesinatos tienen que ver con eso, los últimos eslabones de las cadenas de comercialización de estas bandas que se disputan el territorio». Los que nunca aparecen son los superiores.
Hoy Nación avanza en modificar la Ley de Seguridad Interior. «Esto no es más que la aplicación del plan de los Estados Unidos de la doctrina de seguridad continental que significa ocupación territorial, y termina siendo una forma de control social», advirtió.
En la misma semana de los crímenes, la Administración General de Puertos (AGP) firmó un convenio con el Comando Sur del Ejército norteamericano, ya aplicado en Paraguay, para manejar y planificar la Hidrovía.
Según contó Eduardo Toniolli, diputado nacional de Unión por la Patria, la Cámara Baja reclamó la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, para dar explicaciones sobre la presencia del ejército yanqui en ese cauce clave para el comercio regional. Para Del Frade, «la democracia argentina está en su bisagra histórica de mayor fragilidad institucional con la excusa de combatir el narcotráfico».
