La deuda, y particularmente la concentración de la deuda en un mismo acreedor como el FMI, es una condena que pesa sobre la política económica durante décadas. No se trata de un condicionamiento neutral: opera sistemáticamente a favor de los acreedores, que buscan cobrar sus deudas a cualquier costo, sin importar las consecuencias sobre la población.
En 2018 el gobierno de Macri decidió tomar deuda por el mayor monto otorgado por el Fondo en toda su historia: 55.000 millones, de los cuales llegaron a desembolsarse 44.500 millones. Implicó una nueva dependencia financiera y una subordinación económica. En 2020 esa deuda se reestructuró: se definió un nuevo calendario de pagos que se extiende hasta 2034.
Hoy, en 2024, el ajuste es feroz. El gobierno recortó casi el 27% del gasto primario y quienes pagaron el mayor precio fueron los sectores más vulnerables. Un 30% del ajuste golpeó directamente a jubilaciones y programas sociales. Las jubilaciones, en particular, se desplomaron en términos reales: una caída del 14% que condena a las y los adultos mayores a la indigencia.
Un jubiladx que gana la mínima no llega a cubrir sus necesidades más esenciales. La canasta básica, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, llega a 1.200.000 pesos. Sin embargo, el monto de la jubilación mínima, de 280 mil pesos más un bono de 70 mil, no llega a cubrir ni un tercio de esa canasta.
La situación está a punto de empeorar: el 23 de marzo termina la moratoria previsional y el gobierno ya decidió no prorrogarla. 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres que trabajaron toda su vida, no van a poder jubilarse. Deberán esperar hasta los 65 años para recibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que solamente equivale al 80% de la jubilación mínima. A esto se suma otro golpe: la decisión del gobierno de ampliar los requisitos para cubrir el costo de los medicamentos. Si antes recibían medicamentos sin costo, gracias a la cobertura del PAMI, hoy buena parte de la jubilación se va en remedios.
Todas estas medidas de recorte y desprotección estatal tienen un único objetivo: ahorrar dinero a costa de la vida de las personas para alcanzar el superávit fiscal. El dinero ahorrado con este ajuste brutal no se destinó a mejorar la educación, la salud o la infraestructura del país. Se usó, principalmente, para pagar vencimientos de deuda con el FMI. A lo largo de 2024 Argentina ya desembolsó 7.300 millones de dólares en concepto de capital e intereses al organismo.
Con el acuerdo de reestructuración aún vigente, el gobierno profundiza la situación de sobreendeudamiento y dependencia con el FMI. Una vez más, el pago de esa deuda va a recaer principalmente sobre los mismos de siempre: mujeres, jubilados y trabajadores informales.
Mientras tanto, el Congreso discute en la oscuridad, sin acceso a los términos del acuerdo con el FMI. No es un descuido ni una omisión casual. Si el gobierno no muestra el contenido del pacto y avanza de espaldas al debate social, es porque seguramente los términos del pliego sean desfavorables para la Argentina, y por lo tanto para la población.
