Mientras el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) continuaba ayer con el peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el frente internacional antichavista se ordena en torno a la ratificación del supuesto triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, y a la vez, insistir con la publicación de las actas, a través de una resolución de la Organización de Estados Americanos, un informe del Panel de Expertos electorales de la ONU y declaraciones tanto del gobierno de los Estados Unidos como de la Unión Europea. En tanto, la propuesta esbozada por los presidentes de Colombia y Brasil, de ir hacia una posible repetición de los comicios, fue rechazada tanto por la oposición como por el gobierno de Nicolás Maduro.

La líder de la opositora Plataforma Unitaria (PU), María Corina Machado, expresó esa negativa en una entrevista. “Se va a una segunda elección y, si no gustan los resultados, ¿qué vamos, a una tercera? ¿Y a una cuarta? ¿Y una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro?», cuestionó. Sus declaraciones fueron convenientemente alineadas con la rectificación de la Casa Blanca acerca de la posición sobre el tema del presidente Joe Biden, tras un equívoco –otro más- generado por una respuesta suya en una conferencia el mismo jueves. Allí le habían preguntado a Biden si estaba de acuerdo con la propuesta de repetir las elecciones, a lo que había contestado afirmativamente. Sin embargo, poco después el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett, aclaró en X que el presidente no había entendido la pregunta, y se refería a que las autoridades venezolanas deben aclarar los resultados.

«Está más que claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos. Hacemos un llamamiento a que se respete la voluntad del pueblo y a que se inicien los debates sobre una transición que vuelva a las normas democráticas», agregó con iguales palabras a las declaraciones de Machado.

Foto: @MariaCorinaYA

La propuesta, a la que no adhirió esta vez el mexicano Andrés Manuel López Obrador, habría sido fruto de una conversación entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva el miércoles. En un tuit del día siguiente, Petro recordó la experiencia del Frente Nacional colombiano formado a finales de la década del 50 para poner fin a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, para establecer que una solución política que lleve paz y prosperidad al pueblo venezolano puede incluir “levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”. En la misma dirección se pronunció Lula en una entrevista en la que comentó que “Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, señaló. Luego, el viernes, confirmó que su postura es insistir en que se exhiban las actas y los datos desagregados que confirmarían –o no- el triunfo de Maduro por 52% a 43% proclamado por el Consejo Nacional Electoral. En esas declaraciones, Lula también dijo estar en desacuerdo con la postura de su partido, el PT, que declaró vencedor al oficialismo. Y también que el gobierno de Maduro tiene “un sesgo autoritario” pero no lo considera “una dictadura”.

 Maduro rechazó cualquier propuesta externa por injerencista. “Ellos pretenden que nosotros aceptemos el intervencionismo de países extranjeros, de gobiernos extranjeros en Venezuela (…) Nosotros no pretendemos que todos los países tengan nuestro sistema”, dijo según publicó el diario oficial Correo del Orinoco. En una declaración televisada también había dicho que “la última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela” y rechazó la idea de ser “consejero” de otros países que resolvieron disputas electorales internamente, como ocurrió en los úlitmos años en Brasil y Estados Unidos.

El viernes, el Consejo Permanente de la OEA sacó una resolución en la que pide de forma unánime a Venezuela que publique las actas electorales. La declaración no tiene el peso de una resolución de la Asamblea, pero igual fue cuestionada por “injerencista”. El CNE venezolano criticó también el informe del Panel de la ONU al que calificó de “infame” y apuntó que ese estudio “no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión”.

En ese documento difundido esta semana, el grupo de expertos afirma que “el CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”. Sin embargo, aunque considera a las actas presentadas por la oposición como auténticas, no respalda el triunfo proclamado por 67% a 30%.