En la Cámara de Diputados quedó todo roto tras la frustrada reelección de autoridades el pasado jueves. Si bien el Frente de Todos no logró quórum para votar la ratificación de Cecilia Moreau al frente del cuerpo legislativo, por reglamento la Cámara Baja seguirá su funcionamiento con las mismas autoridades evitando así la acefalia institucional.

Pese a que hay una prórroga de sesiones ordinarias hasta fin de año solicitada por decreto por el Presidente Alberto Fernández, la semana que empieza parecería no tener ninguna actividad. Se espera que se sumen más pedidos de expulsión a diputados, como el caso de Cristian Ritondo –titular del bloque PRO– por los gestos obscenos y la violencia machista en el recinto. Por parte de la oposición seguirán volando esquilas, mientras que desde el oficialismo dicen que se trabajará en buscar acercamientos, pero no parece verse mejora en el horizonte.

En parte porque se viene un feriado largo desde el 8 de diciembre. Pero también porque toda la atención política va a estar puesta el martes 6 en la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en la causa por el juicio Vialidad, en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner y con un pedido de condena a 12 años de prisión.

En este contexto de agua revuelta, la diputada del FdT Agustina Propato advirtió: «Tengo mucho miedo de que la idea de la oposición sea que el día martes  puedan denunciar un vaciamiento de poder tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la de senadores. Esto es lo que me parece peligroso y alarmante para cimentar tiempos en donde el vaciamiento del poder empieza a generar consecuencias que ya las conocemos», señaló en diálogo con Diputados TV.

Ante la consulta del mismo medio, Pablo Tonelli, del PRO respondió: «De ninguna manera, eso es una fantasía, el reglamento de la Cámara es muy claro y dice que las autoridades continúan en el cargo más allá de que la finalización el mandato es de un año, hasta tanto sean elegidas otras». 

«Nosotros somos gente responsable no hacemos las cosas sin pensar en las consecuencias. Nuestra protesta fue para que quedara en evidencia que la presidenta de Diputados, a nuestro entender, ha actuado ilegalmente pero eso no tiene consecuencias en la conducción de la Cámara que no queda acéfala, que se queden tranquilos los kirchnerista que ningún cataclismo va a ocurrir salvo que lo provoquen ellos, como vienen haciendo últimamente», agregó.

Lo cierto es que el viernes, tras la polémica que tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del día anterior, que también terminó siendo levantada por falta de quórum, los diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto solicitando la expulsión de la Cámara de Ritondo, por los «gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insultos» lanzados en el recinto.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Mara Brawer y la acompañaron más de 20 miembros de la bancada oficialista. Allí apela al artículo 66 de la Constitución Nacional para argumentar su pedido: «Expulsar, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, al diputado Cristian Ritondo, por la causal de inhibiciones moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitucional nacional (artículos 16.36,37 y 67), a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer ‘Convención de Belém do Pará’, y a la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales». Las peticionantes agregaron: «En virtud de las manifestaciones violentas y degradantes que realizó en el transcurso de la sesión especial del 1 de diciembre».

Así las cosas, quien se ve más perjudicado por el quiebre parlamentario es el actual ministro de Economía Sergio Massa que pretendía que el Congreso avance en un paquete de leyes urgentes como por ejemplo la reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El Gobierno necesita la ley ya que el año que viene habrá una auditoría en el país del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Del mismo modo, la iniciativa que propone instrumentar un nuevo plan de pago de deudas previsionales antes de que venza, a fin de este año, la actual moratoria previsional que beneficiaría a 800.000 adultos mayores. «