Resulta complejo arriesgar una cifra que de cuenta de la cantidad de personas que participaron de la movilización convocada hoy por la CGT. Lo cierto es que las dos plazas de los Tribunales que van desde la avenida Córdoba hasta Lavalle estaban colmadas así como las calles por las que se accede a ellas incluyendo la avenida Corrientes desde Uruguay hasta Talcahuano.
Posiblemente hayan sido más de medio centenar de miles las personas que se manifestaron en contra del DNU 70/23 que plantea una profunda reforma laboral que avasalla con prácticamente todos los derechos de los trabajadores en la Argentina. La cifra excede largamente las diez mil personas que la cúpula de la CGT planteó como objetivo de movilización de sus «cuerpos orgánicos».
Es que varios de los sindicatos de base ampliaron su convocatoria a todos los trabajadores que quisieran participar, al igual que lo hicieron ambas CTA y la columna del Plenario del Sindicalismo Combativo y el Frente de Lucha Piquetero. Pero también se pudo notar la participación de miles de manifestantes “sueltos” que vieron en la movilización convocada por la CGT una canal para expresar su rechazo a la fuerte ofensiva del gobierno.
El clima del lugar planteaba la necesidad de profundizar las medidas para lograr que el DNU quede sin efecto. “Paro, paro, paro, paro general”; “Poné la fecha la PQTP” y “No se vende, la patria no se vende” fueron los cánticos más escuchados en las diversas columnas. Los dirigentes de la CGT participaron personalmente de la manifestación en la que realizaron declaraciones a la prensa pero prefirieron dejar para una locutora la lectura del documento consensuado por el Consejo Directivo.
Allí manifestaron su reclamo a la justicia para que de lugar a un amparo presentado por la misma Central: “vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República”. Para la CGT el decreto “está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad”.
Fue justo en el momento en el que la locutora dio inicio a la lectura del documento cuando se supo que, basado en un tecnicismo, el juez laboral José Ramonet rechazó la cautelar presentada por la entidad sindical. El juez fundamentó su decisión en el hecho de que el DNU todavía no entró en vigencia y, por lo tanto, sus efectos por el momento resultan abstractos.
Minutos antes, Héctor Daer, secretario general de la CGT explicó a los medios que “lo que hay que hacer es voltear el DNU” y, para eso, «hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia” que, adelantó, se plasmará “en la justicia, en la política y en las calles”.
El documento consensuado por la mesa chica de la CGT, sin embargo, no pone en consideración la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza ni exige que el gobierno establezca un diálogo con las organizaciones obreras. Si bien denuncia que el DNU “introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, para la CGT, “cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.
Según el texto leído en la Plaza de los Tribunales “es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.
La conducción cegetista señala que la presentación del amparo se sustenta en “la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general”. En definitiva, el texto exige a la Justicia que fuerce al poder ejecutivo a llevar su propuesta de reformas al Parlamento pero no adelanta medidas de tipo gremial para lograr ese objetivo.
Éstas serán consideradas por el Comité Confederal que se reunirá desde la mañana del jueves en la sede de Azopardo de la CGT. Allí, representantes de todos los sindicatos confederados debatirán el curso de acción.
El tenor del texto permite adelantar que, por ahora, no es voluntad de la conducción de la CGT fijar fecha a un paro general. El mismo Pablo Moyano que representa el ala más dura del triunvirato señaló en la movilización que en el Comité Confederal “seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país.
En una entrevista concedida el martes a la revista zoom el dirigente adelantó que “creo que ya hay que instalar un plan de lucha. En enero y febrero los laburantes se toman vacaciones. Entonces tomar una medida (por un paro general) en ese momento no tiene mucho valor. Pero sí ir movilizando con actos, plenarios, en las regionales del interior, y que en cada provincia visiten a sus diputados y senadores para que después no voten leyes contra los derechos de los trabajadores. Alerta y movilización sí”.
El debate entre los sindicatos no podrá eludir la consideración de la envergadura de la movilización del miércoles y el clima político que se ha generado ante el DNU y el nuevo Proyecto de Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».
