A días de dejar el poder, el macrismo intenta ocupar lugares clave en la Justicia Nacional con la intención de tener mayoría en el máximo tribunal penal de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Esta semana fueron girados a la Comisión Nacional de Acuerdo en el Senado cuatro candidatos para cubrir todas las vacantes en la Cámara Nacional de Casación en lo Penal y Correccional.
El jueves 30 de octubre, a poco más de un mes de entregar la banda presidencial, Mauricio Macri envió a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos de Patricia Llerena, Mauro Antonio Divito, Nicolás Grappasonno y Daniel Rafecas, para completar todos los espacios vacíos del máximo tribunal penal porteño.
Si pasan esta instancia, los candidatos propuestos por el Ejecutivo deben ser revalidados por el Senado en pleno. Dependiendo de cuándo esto ocurra, será Macri o el presidente electo Alberto Fernández quien tenga que poner la firma final a través de un decreto.
Lo cierto es que de los cuatro candidatos impulsados por el presidente, la mayoría tiene afinidad con el gobierno saliente: por caso, Patricia Llerena juró el año pasado como jueza subrogante de la Cámara Nacional de Casación, cargo que ahora busca formalizar. Llerena venía de ser jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de Capital Federal e integró, a instancias del oficialismo, la comisión de reforma del Código Penal que ingresó al Senado y preside el camarista Mariano Borinsky.
Mauro Divito integra la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y, según fuentes consultadas, cuenta con el apoyo de Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnico de Macri e integrante del círculo rojo presidencial. Divito habría llegado a Clusellas de la mano de jueces federales que durante estos cuatro años se mostraron afines al oficialismo.
Daniel Rafecas, podría decirse, tiene peso propio. Asumió hace 15 años como juez federal en Comodoro Py y desde entonces supo manejar causas delicadas al poder, tanto del kirchnerismo como del macrismo. Además, sacó el mejor puntaje del examen que la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura le tomó a unos 19 postulantes a los cargos. En los últimos días, Rafecas fue mencionado también como posible procurador general, a cargo de todos los fiscales federales, en la presidencia de Alberto Fernández.
Por su parte, Nicolás Grapposonno, integra el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza y da clases en el Departamento de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza, donde el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro tiene fuerte influencia.
De esta manera, Macri intenta blindarse en lugares claves de la justicia. La gobernadora María Eugenia Vidal realizó una maniobra similar hace unas semanas atrás cuando elevó los pliegos de unos 42 jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes en la provincia. Desde ese momento, la figura de Francisco Pont Vergés, la mano derecha del oficialista procurador bonaerense Julio Ponte Grand, fue la más resistida. Pont Vergés busca ser parte del Tribunal de Casación Penal, el más alto órgano revisor de la provincia.
