La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado la emergencia económica, financiera y tarifaria de las Empresas Recuperadas en todo el territorio bonaerense. El proyecto de ley, que contó con el apoyo mayoritario del cuerpo, es clave para las cooperativas ya conformadas o en trámite en el contexto actual porque suspende los desalojos y el corte de servicios públicos.

La iniciativa fue presentada por la exdiputada y referente del Movimiento Evita, Patricia Cubría, el año pasado y acompañado por la legisladora de Unión por la Patria, Lucía Klug. Declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por 18 meses. Ese plazo podrá ser prorrogado por un año más por el Poder Ejecutivo una única vez en el caso de que las causas que justifican la emergencia no hayan cesado.

La declaración de emergencia vigente vence el 23 de abril, por lo que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) venía empujando una nueva ley para darle continuidad. El proyecto, que ahora pasó a la Cámara alta, suspende los desalojos como así también los cortes de suministros de energía eléctrica, agua potable y cloacas a aquellas empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Registro Público Provincial de Cooperativas, que está bajo el ala del flamante Instituto Provincial de Asociactivismo y Cooperativismo (IPAC) creado hace una semana por la gestión de Axel Kicillof. También declara de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

La emergencia alcanza a las empresas conformadas como cooperativa de trabajo o con trámite de constitución que se encuentren gestionadas por trabajadores provenientes de una empresa anterior que haya entrado en quiebra, cesación de actividades, abandono, desmantelamiento, disolución o cierre por cualquier causa.

Al momento de la votación, el proyecto fue aprobado con las manos de Unión por la Patria, la UCR, el PRO, el Frente de Izquierda y el bloque «Unión Renovación y Fe», la bancada libertaria que rompió con La Libertad Avanza a fines de marzo.

El proyecto fue defendido en el recinto por la diputada de Unión por la Patria, Noelia Saavedra, quien marcó que en la provincia hay más de 150 empresas recuperadas que dan trabajo a miles de bonaerenses, que la emergencia es un «paliativo» y llega en un contexto en el que se vive «un aumento desmedido de las tarifas de los servicios públicos y avanza el desguace de políticas públicas que protegían al sector».

«Es nuestra responsabilidad proteger puestos de trabajo», remarcó la legisladora integrante del Movimiento Evita, en respuesta a los libertarios que no apoyaron el proyecto, y agregó: «No apelamos al sentimentalismo barato, son cuestiones concretas, donde hay miles de trabajadores y trabajadoras que demostraron que existe otra manera de producir que iguala o mejora la calidad de otra experiencia con la que se compare».

La diputada del PTS – Frente de Izquierda Unidad, María Laura Cano kelly, apuntó que las empresas recuperadas «necesitan de este amparo, de este resguardo legal para seguir funcionando sin las amenazas de desalojo, sin el peligro de que les corten los servicios frente a la imposibilidad de pagar las facturas millonarias que están llegando de luz y gas». Consideró que es «una medida mínima pero necesaria» y pidió que se apruebe también «la expropiación definitiva de muchas de estas fábricas y cooperativas» para que no sigan lidiando con los empresarios y la Justicia.

Un proyecto clave

El avance de la ley es clave para las empresas recuperadas bonaerenses ya que significa un «paraguas legal» en el actual contexto económico de crisis, que ya se siente con fuerza en la producción y las ventas, y frente a los tarifazos que están hasta cuadruplicando el valor de los servicios que pagan por la luz o el gas. Pero también sienta un precedente para que otras provincias e incluso los municipios imiten la medida.

Gisela Bustos integra la Cooperativa 19 de Diciembre de Villa Ballester, en el partido de San Martín, y es la abogada del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas que trabajó en el proyecto junto a los legisladores del oficialismo. En diálogo con Tiempo, explica la importancia de contar con la ley y habla de la necesidad de que se apruebe de manera urgente en el Senado bonaerense, ya que el decreto actual -que prorrogó la ley 15.322- vence el 23 de abril.

«En primer lugar es muy importante que la ley declare de interés provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras porque, como vimos en la sesión con un diputado libertario, hay una denostación del sector que parte del absoluto desconocimiento y del prejuicio, algo que ya sabíamos pero ahora ratificamos», señaló Bustos en referencia al diputado Guillermo Castello, del unibloque Libre, quien rechazó el proyecto y lo calificó de «populismo jurídico».

La letrada explicó que el movimiento nuclea en la provincia a «unas 150 empresas recuperadas de todos los rubros, algunas con 20 años de antigüedad» y advirtió: «Hemos probado nuestra viabilidad económica y productiva y nuestro rol social no sólo por el trabajo autogestionado sino también a través de escuelas, bibliotecas, centros de salud o cuidados».

Bustos dijo que la normativa servirá como «paraguas legal» frente a un desalojo, una quiebra o un pedido de concurso, y que también permitirá sentar un precedente en materia del corte de servicios con EDENOR y EDESUR, cuyas concesiones dependen del gobierno nacional, para plantear una tarifa diferencial frente al «vaciamiento» de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, con quienes trabajaban hasta diciembre.

La dirigente también marcó que los fundamentos del proyecto están directamente relacionados con el crítico contexto nacional de ajuste y recesión. «En este contexto tan adverso para los trabajadores y trabajadoras de los sectores populares, esta ley nos tiene que servir a los que ya estamos funcionando, pero también para todos aquellos q ante el cierre de su fuente de trabajo, tengan que abrazar la alternativa de recuperar su empresa bajo la forma cooperativa», señaló y agregó que hay un compromiso del oficialismo para que el proyecto sea convertido en ley la semana próxima en el Senado bonaerense.