En la esquina de Pedro de Mendoza y Necochea en el barrio de La Boca, se encuentra un edificio que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble estuvo vacío durante varias décadas y, ante la falta de iniciativas para el acceso a la vivienda, muchas familias que estaban en situación de calle decidieron ocuparlo. Pasaron los gobiernos porteños de De La Rúa, de Anibal Ibarra, el interino Telerman, Mauricio Macri y Rodríguez Larreta y, ante la falta de propuestas para ofrecerles a las familias, ninguno de ellos quiso desalojar el edificio. Este martes, sin notificación previa, Jorge Macri decidió desalojar a alrededor de veinte familias que viven allí hace más de treinta años.
Denuncian que es un desalojo que está plagado de irregularidades. En las primeras horas del día algunos referentes sociales y medios locales hablaban de cincuentas familias, más tarde esos números fueron desmentidos por los propios vecinos. La confusión es porque la administración porteña no realizó el censo previo correspondiente para llevar adelante la iniciativa, ni con la presencia de los organismos necesarios para alojarlos en diferentes edificios. Los datos, según diferentes organizaciones, son alrededor de veinte familias con 15 niñas y niños que quedarían sin techo.
No es un desalojo ordenado por la justicia porteña, es un desalojo administrativo decretado por el gobierno de la ciudad que quiere recuperar su inmueble. Vecinas, vecinos y organizaciones sociales, advierten que es una zona muy codiciada por el sector privado para la construcción de departamentos y centros comerciales.
“Somos decenas de familias que vivimos acá hace más de treinta años, en ningún momento el gobierno nos notificó el desalojo, hoy aparecieron a la mañana temprano y empezaron a reprimir sin parar”, contó a Tiempo Pamela Orlando, habitantes del edificio de Pedro de Mendoza hace más de tres décadas.
La mujer denuncia que los efectivos policiales entraron pateando puertas, a las trompadas y agrediendo a quienes estaban tranquilamente en sus departamentos. “Dejaron a chicos en la calle, no les importó nada. Hay gente que está muy lastimada y no nos dejan entrar a nuestros domicilios para retirar lo poco que tenemos. Estamos desesperados”, agrega Pamela y concluye: “no nos ofrecieron ninguna alternativa para irnos a vivir, no sabemos qué hacer”.
El inmueble tiene dos pisos. La planta baja por donde se ingresa al edificio que pertenece al gobierno porteño, pero para acceder a la parte de arriba hay que ingresar por una propiedad perteneciente al sector privado. Dado que el propietario del inmueble privado no autorizó el ingreso de la policía, aún no pudieron completar el desalojo.
“Me dejaron con mis hijos en la calle y lo que me ofrecieron es un subsidio habitacional y yo no lo quiero, yo quiero mi vivienda, porque es lo que me costó a mí, pero ellos lo único que quieren es sacarnos de acá”, relata Mónica, otra vecina que vive en el lugar hace muchos años.
El subsidio que la Ciudad les ofrece a los vecinos es de apenas 150 mil pesos mensuales. La mayoría de las pertenencias como ropa, televisores, equipos de música y muebles de las personas desalojadas, fueron trasladadas a un galpón.”Ese lugar es un depósito judicial y vamos a ver si es que las puedo retirar”, agrega.
Desde la Ciudad de Buenos Aires no hablan de desalojo, sino de una «desocupación administrativa del inmueble». Afirman que el edificio pertenece a la jurisdicción porteña y que, además de ofrecer un “subsidio habitacional” contempla el traslado a un hotel para aquellas familias con menores o personas con discapacidad.
Denuncian irregularidades en el desalojo
Las organizaciones están por presentar una denuncia dado que todo el procedimiento estuvo plagado de irregularidades. La Boca es un barrio regido bajo la ley 2240, que es de emergencia urbanística ambiental, y a partir de esa ley se creó una mesa ejecutora en donde se establecieron determinados protocolos para las situaciones de incendio y desarrollo del barrio. Son protocolos específicos que tiene el barrio para estas situaciones que no fueron respetados.
“Hasta ahora la policía de la Ciudad logró desalojar a 10 familias pero quiere desalojar a otras diez pero todavía no pudo”, dijo a Tiempo Julieta Sayar, responsable de la organización El Hormiguero en el barrio de La Boca.
“Es un desalojo lleno de irregularidades. Los funcionarios dicen que mandaron una notificación, pero todos los vecinos que viven en este inmueble dicen que no fueron notificados. Hoy a la mañana se levantaron y se encontraron con este operativo, de hecho, hay algunas madres que habían ido a dejar a sus hijos al colegio y cuando volvieron no las dejaron ingresar” agrega Sayar.
Por su parte, Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad dijo a Tiempo que “esto no debería estar pasando y menos en un inmueble del propio gobierno, hay que empezar a poner en cuestión estas situaciones, más aún cuando en agosto arrancamos con aumentos de inquilinos del 260% más o menos, que hoy están pagando 200 mil pesos, y se les va a alrededor de 600 mil pesos”.
En el mismo sentido, Martina Noailles, periodista del periódico Sur Capitalino, que desde horas tempranas estuvo en el lugar, aseguró a Tiempo que “todo el operativo fue un desastre. Nunca había visto algo así. Los vecinos amanecieron con 200 canas alrededor de la manzana. Estoy totalmente impactada, mirá que hubo varios desalojos en La Boca pero nunca vi algo así”.
