Japón aprobó definitivamente una polémica ley «anti-conspiración» que se supone servirá para prevenir ataques extremistas, pese a que miles de personas marcharan en rechazo a una normativa que consideran que restringe libertades básicas y podría conducir a una vigilancia estatal excesiva.
La ley, que recibió el visto bueno de la cámara alta del Parlamento nipón, penalizará por primera vez la conspiración criminal, que se define como una organización o grupo de personas destinado a cometer algún delito (de un total de 277 tipificados), o que estén realizando preparativos para ello.
El órgano legislativo, en el que la coalición gobernante liderada por el primer ministro Shinzo Abe cuenta con mayoría, promulgó la normativa pese el rechazo de la oposición tras deliberar toda la noche y eludir la víspera una votación de la comisión de la cámara alta.
El gobierno presentó la ley «anti-conspiración» como una herramienta para prevenir atentados sobre todo de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y permitir que Japón ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada en el año 2000.
Sin embargo, sus detractores, entre ellos expertos legales como los representantes de la Federación de Abogados de Japón (JFBA), advierten que algunas generalizaciones en la ley podrán vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión o dar pie a una vigilancia excesiva de agrupaciones civiles como sindicatos u ONG.
Una parte de la sociedad también se muestra contraria a la ley, un rechazo que queda patente en las múltiples manifestaciones organizadas en su contra.
Unas 2.000 personas se manifestaron ante el Parlamento tras la aprobación de la norma, muchas de los cuales pasaron la noche frente a la sede después de que otros 5.000 se concentraran la víspera en contra de la polémica ley, según las plataformas organizadoras, informó la agencia de noticias EFE.
Los manifestantes esgrimieron lemas como «No a una sociedad autoritaria», «No queremos ser vigilados» o «Nuestra democracia ha muerto», en una concentración donde algunos oradores, equipados con megáfonos, alertaron también de que este tipo de protestas podrían ser consideradas ilegales bajo la nueva normativa.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) también ha mostrado su preocupación por la normativa, y el relator especial sobre privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, advirtió en una carta remitida al primer ministro el mes pasado que podría afectar al derecho a la privacidad y otras libertades, unas preocupaciones que han sido públicamente rechazas por el gobierno de Abe.
