El gobierno realizó una amplia convocatoria a entidades de la patronal representativas de distintos ámbitos de la economía para este jueves, con el objetivo de “analizar la ley Bases y el DNU”, en referencia al denominado proyecto de Ley Omnibus y al decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

El llamado a las empresas resulta significativo porque se realizará el día después del paro y la movilización convocados por la CGT y acompañado por muchas otras organizaciones y por ciudadanos particulares para protestar precisamente contra los mismos dos temas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini, encabezarán la reunión cuyo temario incluye “las implicancias y beneficios” de las dos medidas.

A la reunión, que se realizará en el Salón de la Ciencia de la Casa Rosada, se invitó a las autoridades de cámaras y federaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Cámara de Comercio (CAC), tres integrantes del Grupo de los 6, una entidad que agrupa también a la industria de la construcción, a los bancos y a la Bolsa de Comercio.

También está convocada la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representativa del sector pyme.

Por el lado del agro, la administración llamó a otras dos integrantes de la Mesa de Enlace, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA).

Finalmente, el jueves serán de la partida la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI); la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).

Este martes, Serenellini recibió a otra entidad de los medios de comunicación, como la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA).

En la reunión, el funcionario informó a las empresas que el gobierno “honrará las deudas contraídas por gobiernos anteriores” y destacó la importancia de trabajar mancomunadamente con el sector privado.

Este martes también se reunió con las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la otra integrante de la Mesa de Enlace.

Flores cruzadas

Después de que la CGT definió el paro del 24 de enero y mientras se sumaban adhesiones a la medida de fuerza, las cámaras empresariales salieron a manifestar públicamente su apoyo a las posiciones del gobierno.

Entre las primeras que se manifestaron estuvieron la CAC y la CAME. Las entidades agropecuarias mantuvieron cierta distancia por la polémica que generó en el sector la continuidad de las retenciones, pero, en líneas generales, están de acuerdo con la orientación del decreto y el proyecto de ley.

Por el lado de la CAC, la entidad no solo apoyó el DNU sino que pidió formalmente que se amplíe el alcance de la desregulación del comercio, los servicios y la industria, y que se dejen sin efecto “todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios y toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado”.

El 16 de enero, el presidente de la CAC, Natalio Grinman (en la foto), críticó la conformación actual de la Cámara de Diputados, exhortó a los legisladores a acompañar con su voto las iniciativas del gobierno y a no impedir que se realice lo que, desde su punto de vista, votó la mayoría del electorado argentino en las últimas presidenciales.

Sobre el paro y la movilización, la CAC llamó la atención sobre lo que consideró como “la diferencia de criterio manifestada por aquellos sectores que adhieren a la jornada de reclamo, que no realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo”.

La CAC, además, anunció que se presentará como amicus curiae para defender ante la Corte Suprema la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei.

La UIA fue la primera de las grandes entidades patronales en manifestarse en ese sentido, seguida por la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), por la Asociación Industrial bonaerense (ADIBA); por la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y por las Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).  

El último sábado el gobierno agradeció públicamente el apoyo de esas asociaciones privadas.