Durante el año pasado se registraron 384 personas muertas en manos del aparato represivo estatal, bajo distintas modalidades: gatillo fácil, en situación de encierro, en represión a la protesta y desapariciones, entre otras. Así se desprende del Archivo 2023 elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y que fue presentado en la noche del jueves, en la sede porteña de ATE, junto a las legisladoras nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y de Unión por la Patria, Natalia Zaracho. 

Ante un auditorio colmado de familiares de víctimas, militantes y dirigentes políticos, con las imágenes alrededor de todas aquellas personas que fueron asesinadas en estas circunstancias, la referente de la CORREPI, la abogada María del Carmen Verdú, precisó que desde diciembre de 1983 al 20 de febrero de 2024, se contabilizaron 9175 casos, entre todas las modalidades. De ese total, 9149 ocurrieron hasta el 31 de diciembre de 2023.

“Hay que advertir una cosa que no nos había pasado nunca antes. A partir del 10 de diciembre de 2023 y a pesar de que todavía no iniciamos la búsqueda sistemática de datos para este 2024, empezamos a recibir información por contacto directo con familiares o noticias que trascendieron, y es tanta la cantidad de casos que ya estamos viendo el impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza”, analizó la abogada. 

“En los primeros 70 días, sin esa búsqueda sistemática, ya teníamos registrados para el 20 de febrero, 60 casos y hoy tengo que decir que son 63, porque nos encontramos con tres nuevos casos diferentes”, describió Verdú, quien puntualizó: “uno de ellos fue una ejecución de un disparo en la nuca, a corta distancia, con escopeta 12/70 con posta de goma en el interior de una casilla en José León Suárez. Un pibe que cuando vio el operativo policial, se asustó, se escondió en la casa, lo persiguieron y le dispararon dentro de la habitación en la zona occipital y a la media hora estaba muerto”.

Archivo 2023 de la CORREPI

Del análisis de este organismo, surge que de los 384 casos registrados durante el 2023, 106 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 248 muertes bajo custodia; 20 ocurrieron en contexto intrafuerza o intrafamiliar, entre ellos 12 femicidios de uniforme y 2 femicidios relacionados; 1 muerte en contexto de represión a la protesta; 1 muerte fue consecuencia de otros delitos policiales; y 8 corresponden a otras modalidades, como el uso del patrullero como arma. 

Con los nuevos datos, se completa la información de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La gestión de Juntos por el Cambio registró 1926 casos, contra los 1924 del Frente de Todos. Al respecto, Verdú argumentó que durante el macrismo, «al amparo de esa demagogia ultra punitivista y de todas sus expresiones normativas como los protocolos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hoy nuevamente en el mismo cargo, lo que decimos la Doctrina Chocobar y las reformas penales y procesales y del régimen de ejecución penal se produjo un incremento muy significativo respecto de años anteriores».

Vale decir que esta semana Bullrich volvió a habilitar, a través de la Resolución 125/24, que las fuerzas federales de seguridad puedan disparar cuando un sospechoso esté en fuga, a pesar que la justicia vaya en sentido contrario, como por ejemplo en caso del policía de la Bonaerense, Luis Chocobar, que fue condenado por matar a un delincuente en esas circunstancias; y el reciente caso de la agente de la Federal Yanina Marotte, quien está procesada por homicidio agravado por balear a un asaltante que intentó robarle el celular con una réplica en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

«La presidencia de Mauricio Macri se consolidó como el gobierno más represor desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica, aunque insisto, la proyección de datos con los que ya llevamos recabados de estos primeros meses indican que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel lo va a bajar al segundo puesto del podio«, aclaró la referente de CORREPI.

La abogada detalló que el gobierno de Alberto Fernández tuvo tres etapas bien diferenciadas: la primera que «empezó con un leve descenso de los casos de gatillo fácil», muy breve, en donde el propio presidente había adelantado que había que dejar de justificar las muertes por la espalda. En este punto, la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien estuvo en la presentación de la CORREPI, había «derogado la Doctrina chocobar y todos los protocolos lo cual generó un primer descenso, leve, pero significativo de casos».

La segunda etapa está signada por la pandemia, por lo que «las medidas sanitarias fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación y hubo un crecimiento de los casos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, a pesar de la baja circulación de personas», consideró Verdú.

En la última etapa, la abogada recordó que la situación se pronunció cuando Aníbal Fernández se hizo cargo del área de Seguridad y se puso en sintonía con su par bonaerense, el entonces ministro Sergio Berni, quien siempre mantuvo el discurso más punitivista dentro del arco kirchnerista.

«Queremos advertir los intentos de censura del actual gobierno sobre los medios públicos que van a afectar esta tarea central de recopilación de casos porque no es precisamente de la prensa comercial que obtenemos la mayor cantidad de información sino de los medios públicos que cubren todo el país. Por eso, sostenemos no al cierre de Télam«, dijo en otro tramo. 

La Policía de la Ciudad, la más represiva

La tendencia no cambia. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la última fuerza de seguridad en crearse en el país, dista mucho de ser la más progresista. Desde el 1° de enero de 2017, cuando fue formalmente creada, ya lleva 169 casos de los cuales 145 fueron considerados por la CORREPI como gatillo fácil; como contrapartida, La Bonaerense, en el mismo período, contabiliza 580 casos, de los cuales 315 habrían sido gatillo fácil. Teniendo en cuenta que la Policía de la Ciudad tiene 26 mil efectivos y la Bonaerense 105 mil, la fuerza porteña «tiene una letalidad 2,15 veces superior».