El combate a la corrupción es un factor clave si se quiere mejorar la vida democrática y defender el estado de derecho. Hay que prevenirla, denunciarla y sancionarla. Y para ello es necesario fortalecer la institucionalidad, dotándola de herramientas eficaces para ese combate.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es muy poco lo realizado hasta el momento. Pese a contar el partido gobernante con una amplia mayoría legislativa, ni en ese espacio ni en el del Ejecutivo fueron impulsadas suficientes iniciativas tendientes a crear o consolidar recursos, con los cuales luchar con éxito contra la corrupción. No hubo mejoramiento institucional sustantivo.
Sí hay que destacar, desde el inicio, que en la actual gestión se generó y se encuentra vigente una herramienta valiosa y eficaz en términos de transparencia, aunque claramente insuficiente. Se trata de una herramienta vinculada básicamente al derecho a la información pública, que coloca a disposición del ciudadano una variada y completa información a través de la página web oficial del gobierno. En el sitio https://www.buenosires.gob.ar/jefedegobierno/transparencia-0 se puede acceder a declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, información sobre compras públicas, y también sobre el presupuesto. Asimismo, el sub sitio de gobierno abierto aporta información de varias áreas del gobierno, con formatos accesibles.
Sin embargo, como se dijo, este indiscutido y valorable avance en materia de información pública, no es suficiente. La Ciudad no cuenta con área especializada alguna en formular políticas de transparencia y anticorrupción. Se puede acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, pero no existen oficinas encargadas de analizar su evolución patrimonial, lo cual es esencial, primer objetivo de dichas declaraciones juradas. Tampoco existe ninguna norma que promueva la denuncia de actos de corrupción y la debida protección de quienes las realicen. No hay normas que regulen los conflictos de intereses, y el Ministerio Público Fiscal no cuenta con un área especializada para entender en los casos de corrupción, algo imprescindibledesde el mes de febrero de este año, cuando se transfirieron al ámbito de la justicia porteña el juzgamiento de los delitos contra la administración pública de la Ciudad. Tampoco hay instancias de participación y control ciudadano de los actos de gobierno suficientemente promovidas y apoyadas oficialmente, ni siquiera a nivel comunal, donde la elaboración del presupuesto participativo, prevista en la Constitución de la Ciudad, no es impulsada por el gobiernocon la decisión necesaria.
Por otra parte, es enorme el gasto en publicidad oficial y muy opaca su rendición de cuentas. En una gestión anterior del partido hoy gobernante, hubo serias denuncias sobre el uso partidario de fondos para publicidad, que tuvieron como consecuencia el retiro del primer candidato de su lista de diputados, que era el presunto beneficiario de esos fondos, sin que luego hubiera algún remedio institucional para no repetir esos manejos.
Algo similar ocurre en otras áreas sensibles al tema de la corrupción, como las exorbitantes tomas de deuda del gobierno porteño (https://acij.org.ar/denuncia-penal-sobre-la-emision-de-los-bonos-tango/), o en el caso de muchas obras públicas de la Ciudad, en generalotorgadas a los mismos contratistas (muchas veces ligados ala familia presidencial) y que terminaron en causas penales. Los controles de obra, los urbanísticos, los de espectáculos, entre otros, también dieron lugar a casos de corrupción, algunos de los cuales terminaron en condena, incluso con víctimas fatales. En algunos de esos casos la responsabilidad llegó a funcionarios que escalaron en posiciones gubernamentales, como en la causa abierta por las muertes ocurridas en el tristemente conocido incendio de la firma Iron Mountain.
Pese a esos antecedentes, que sirven como meros ejemplos, nada se hizo para fortalecer la institucionalidad, creando las herramientas necesarias para evitar, o eventualmente descubrir, denunciar y sancionar, esas situaciones. No se aprovechó la mayoría legislativa con que cuenta el partido gobernante, para sancionar las leyes imprescindibles que conformaran un andamiaje sólido para combatir la corrupción. Por el contrario, el partido de gobierno logró aprobar las candidaturas de dos funcionarios gubernamentales sumamente identificados partidariamente en los puestos claves de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, equivalente al Procurador General en la Nación, y de juez del Tribunal Superior de Justicia. Tal identificación partidaria con el partido de gobierno fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al mejoramiento del sistema de administración de justicia (https://www.cels.org.ar/web/2019/05/impugnaciones-a-dos-candidatos-del-gobierno-porteno-para-la-justicia/), que ven comprometida la necesaria independencia judicialpara luchar contra la corrupción.
En definitiva, una política anticorrupción profunda, coherente y democrática no puede dejar de contar con instrumentos institucionales que permitan prevenir, investigar, denunciar y eventualmente sancionar, los actos de corrupción. En la Ciudad no los hay y los debería tener.
En ese sentido, con los delitos contra la administración pública, ahora sí, en poder de la justicia porteña, debería crearse urgentemente una estructura especializada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal local para investigar y litigar esos casos. Casos que son complejos y requieren de conocimientos interdisciplinarios y entrenamiento especializado. Las designaciones deberían hacerse por concursos abiertos y especiales, y la aprobación en la Legislatura debería contar con laopinión favorable de las instancias participativas que la Constitución prevé. Asimismo, la estructura deberá contar con los recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos apropiados.
Por otro lado, para trabajar correctamente en el ámbito preventivo el combate contra la corrupción, se debería crear un ente especializado. Una Oficina o Consejo, con capacidad de control y denuncia de funcionarios y actos de gobierno. Deberá ser un ente autárquico, colegiado, con independencia funcional y presupuestaria, con un sistema de designaciones democrático y de conformación pluralista. Entre sus funciones debería estar la de controlar la evolución patrimonial de los funcionarios y sus eventuales conflictos de intereses, así como la fiscalización de las compras y contrataciones más relevantes.
Y, sin perjuicio de otras iniciativas, será de suma importancia promover el control ciudadano, generando espacios de participación activa, donde tanto las personas cuanto las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar adelante tareas de fiscalización, a partir del diseño de políticas de transparencia que bien podrían generarse desde el ente arriba mencionado.
En definitiva, en el ámbito de la Ciudad, como en el de todo el país, hace falta fortalecer la institucionalidad para poder combatir con eficiencia a ese flagelo letal que es la corrupción.
