Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14). Cuatro pibes. El 8 de diciembre fueron detenidos por una patrulla militar. No se supo nada de ellos, mientras se los buscaba afanosamente durante semanas. La última vez que fueron vistos estaban siendo golpeados en la caja de una camioneta rodeada de militares. Hasta que dos episodios sucedieron en dos días cargados de simbolismo. El 24 de diciembre se hallaron restos incinerados en una zona pantanosa de Taura, un poblado ubicado a sólo 46 kilómetros de Guayaquil, marcado por la pobreza y la desatención estatal. El 31 de diciembre se confirmó que eran de los cuatro pibes. Los masivos pedidos de aparición con vida se convirtieron en manifestaciones de bronca y dolor.
Los cuatro jóvenes fueron velados en sus casas mientras comenzaba el nuevo año. Al mismo tiempo, se formulaban cargos contra 16 miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador que la investigación inmediata involucra en la desaparición forzada de los menores. Así lo consideró el juez Deniss Ugalde. Ese delito, según la ley ecuatoriana, puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión.
Fue la gota que rebalsó el vaso. Durante los últimos años, toda la zona del Pacífico ecuatoriano, en especial, las regiones cercanas a Guayaquil y la afluencia del río Guayas se vio tomada por un in-crescendo de violencia, producida por la llegada y establecimiento de grupos narcos relacionados con diferentes carteles que actúan en el continente, con la consiguiente disputa entre ellos por los territorios y los millonarios negociados. Esa generalización de la violencia y la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad hace que sean recurrentes episodios como los de los cuatro pibes, aunque solamente en algunos casos se replica con semejante horror.
Así fue, entonces que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el Estado de Excepción por 60 días en siete provincias y tres cantones (municipios) del país, ante la «grave conmoción interna y conflicto armado interno». Rige para las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, así como las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. De todos modos también abarca al Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la provincia de Pichincha (centro-norte); el cantón La Troncal, en la de Cañar (sur), y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en la de Azuay (sur). Incluye a los centros penitenciarios que integran el Sistema Nacional de Rehabilitación Social a nivel nacional. Las prisiones son tierra de nadie en Ecuador.
Este es el panorama a un mes de las elecciones presidenciales. Serán el 9 de febrero y las encuestas apuntan a una leve ventaja de la correísta Luisa González sobre el actual presidente Daniel Noboa que va por la Acción Democrática Nacional.
