El membrete oficial de este año, según publicó Javier Milei por decreto, será el de “Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”, una declaración de guerra contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 27.610, de apenas 3 años de vigencia. Así lo interpretó Rodolfo Barra, antes férreo abogado representante de organizaciones antiderechos y ahora Procurador del Tesoro de la Nación, en una columna de opinión escrita junto al exsenador Eduardo Menem y a la exdiputada María Cristina Guzmán.

A lo largo del texto publicado en Infobae expresaron argumentos técnico – jurídicos que abonarían sus esperanzas de conseguir la derogación que anhelan. Tiempo conversó al respecto con dos abogadas feministas que acompañaron la lucha por la sanción de la ley IVE.

En contra de la autonomía de las mujeres

“Si están tan a favor de la libertad ¿por qué niegan las leyes que amplían derechos? los restringen, intervienen en la vida y proyectos de las mujeres, en su intimidad más profunda como es el decidir si ser madre o no”, dice la abogada Nelly Minyersky (95), pionera en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuita.

La jurista destaca que desde la vigencia de la ley 27.610 se han reducido de manera significativa las internaciones por abortos practicados en condiciones insalubres, así como los índices de maternidad adolescente. “No hubo muertes por abortos hechos de esa forma, eso es querer la vida”, asegura.

Minyersky resalta que “justamente esos que hablan tanto de libertad quieren privar a todas, pero más a las mujeres más débiles y carentes de medios para que tengan que recurrir nuevamente a pincharse con una aguja u otra cosa y acudir a los lugares más faltos de toda asepsia para abortar”.

La columna de opinión de Barra, Menem y Guzmán, para la jurista, es más de lo mismo que el sector conservador pretende instalar desde el año 2012, cuando comenzó la campaña. “Si una autoridad de esta nación dice que no hay brecha salarial (de género) no podés esperar que nos de autonomía a las mujeres, hay un grupo alineado en defensa de la propiedad, de la individualidad y que no reconocen la democracia”, asevera.

En este sentido, señala que se trata de una concepción que desconoce incluso la Convención de los Derechos del Niño, a quienes no se los trata como sujetos de derecho sino como una propiedad, al igual que a las mujeres. “El problema es serio, van a intentar plebiscitar o hacer un proyecto de ley como lo han anunciado otras veces y que tendremos que seguir luchando, para mí no se puede plebiscitar el aborto porque no se pueden plebiscitar derechos humanos”, afirma la jurista.

Asimismo, remarcó que existe un cambio en la terminología usada en la columna de opinión, que hace mención al “niño no nacido”, con lo que se busca instalar este discurso en la opinión pública. “Hablan de ser humano, y en los debates en el Congreso se ha dicho que hay vida humana en una célula, incluso en un corazón que se trasplanta y eso no es una persona”, agrega.

Al respecto, resalta que históricamente, cuando los abortos fueron punibles, las penas eran mucho menores a un homicidio o femicidio. “¿Por qué la ley no condenó nunca por homicidio cuando nace un ´niño sin vida´? porque el feto que no llega con vida al alumbramiento no se caracteriza como persona en el derecho penal –explica–. Hay algo muy profundo detrás, toda una ideología muy de derecha, muy patriarcal y ligada totalmente al capitalismo”.

La igualdad de género, asediada por los conservadurismos

“Me parece una mezcolanza bastante peligrosa, sobre todo proviniendo de gente del derecho, mezclar la propiedad con la vida para significar o para justificar la falta de autonomía de las mujeres es una contradicción, nos están poniendo en el lugar de objetos de propiedad”, dice respecto de la columna de opinión la abogada Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres X Mujeres desde Tucumán.

La jurista señaló que cuando se habla de derecho a la vida, no debe pensarse solo en lo biológico. “Al menos en nuestra jurisprudencia y desde los derechos humanos, el derecho a la vida también es calidad de vida y poder tomar decisiones acerca de nuestros propios procesos vitales es parte esencial de la vida de las mujeres y personas con capacidad biológica de gestar”, resalta.

En cuanto a los argumentos jurídicos vertidos en por Barra, Guzmán y Menem, la abogada expresó que es un desacierto invocar el artículo 75 inciso 23 de la Constitución también ya que en el considerando 9 del fallo FAL, emitido por la Corte Suprema de la Nación en el año, 2013 valoró dicho precepto y estableció que el compromiso del estado argentino es el de brindar cobertura social para quienes gestan. “O sea que a través de esa cláusula constitucional no se extiende un reconocimiento a la vía intrauterina que confronte el derecho a decidir”, asevera.

Y prosigue: “Me parece que es (un argumento) peligroso ya que estamos hablando de Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado, quien lleva una cruzada de por lo menos 4 décadas en contra de la autonomía de las mujeres”. Al respecto, resalta que la fundación que preside tuvo que solicitar la exclusión del procurador en una causa judicial que ataca la constitucionalidad de la ley 27.610 y que tramita ante la Corte Suprema. “Siendo procurador del Tesoro no había renunciado a la representación de los sectores conservadores y antiderechos dentro de esas causas por lo que el 12 de diciembre tuvimos que pedirlo”, señala.

Y destaca la peligrosidad que implica que desde los distintos lugares de poder se abone una narrativa contraria al derecho y se utilicen los espacios representativos del estado para confrontar, de forma específica, el derecho a decidir.

En cuanto a la invocación que hicieron los columnistas del artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Deza remarca que tampoco significa un valladar para la vigencia del derecho a decidir. “Cuando se sancionó la Convención Americana de Derechos Humanos, Argentina expresamente se apartó e hizo una cláusula interpretativa donde expresó que la protección de la vida ´en general, desde la concepción´ de ninguna forma significaba poner un límite a los abortos no punibles”, remarca.

Menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Baby Boy de Estados Unidos, resolvió que la existencia de abortos no punibles o no perseguidos por ley penal de ninguna manera contrarían la protección de la vida desde la concepción en general porque “cuando dice ´en general´ precisamente lo que está habilitando son excepciones”, apunta.

La abogada expresa: “estamos a las puertas de una situación bastante catastrófica en términos de estado de derecho, estamos en alerta porque sabemos que la autonomía y la igualdad de género siempre está asediada por los conservadurismos y este gobierno de ultraderecha nos presenta un desafío nuevo”.