Con la firma del presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Ejecutivo nacional dio curso a la venta del terreno del Regimiento de Infantería Nº 9 de Corrientes. El decreto no menciona que allí funcionó uno de los nueve centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura en esa provincia, y propone “impulsar un desarrollo urbanístico (…) capaz de promover la inversión privada”.
El predio militar ocupa un lugar preferencial en la avenida costanera de la ciudad de Corrientes por lo que buscan imponer su valor inmobiliario al de sitio de memoria. Sin embargo, la Ley 26.691 declara Sitios de Memoria a “los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983”.
Desde el gobierno nacional hasta el provincial y municipal, alentados por el costo del terreno, de unos USD 30 millones, apuntan a desarrollar un Plan Urbano Costero, que multiplicaría varias veces ese valor. El decreto 345/19 especifica que se busca «disponer y enajenar» el terreno, es decir, venderlo.
El Espacio de Memoria Regimiento de Infantería N° 9 venía alertando sobre esta situación, inclusive el 10 de mayo, durante una recorrida por el sitio, Daniel Cian, presidente de la agrupación, se los recordó a funcionarios y declaró a la prensa: “No podemos dar por supuesto que acá no hay más pruebas. No sabemos qué podemos encontrar en este lugar hasta que la Justicia ordene que se vuelva a investigar. No sabemos si acá nomás, a unos cuantos pasos, hay una fosa común”.
Frente a esta situación, enviaron una carta al secretario de Derechos humanos, Claudio Avruj, reclamando “su intervención” para que “se encausen dentro de la normativa legal vigente el decreto 345/19 que claramente contraviene las leyes nacionales dictadas, la orden judicial decretada sobre el predio y además representa un grave retroceso para el fortalecimiento de nuestra democracia”.
Avruj decidió no involucrarse y no respondió. Sin embargo, sí lo hizo el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevasky, quien notificó a la Administración de Bienes del Estado para que “subsane” el decreto y tenga en cuenta que se trata de un sitio de memoria protegido y que aún se encuentra protegido por una medida cautelar de la Justicia Federal.
