Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desde el 1 de enero de este año hasta el viernes 9 de octubre ya fueron incendiadas 769.732,632 hectáreas o, dicho de un modo más gráfico, una superficie que equivale a 37 veces la de la Ciudad de Buenos Aires. El desastre tiene responsables. Por un lado, el lobby poderoso –sojeros, ganaderos, desarrolladores inmobiliarios, proyectos mineros– que presionan para frenar el avance de leyes que protejan nuestros recursos naturales y, por otro, los gobiernos –de cualquier nivel y color político– que por acción u omisión apañan este ecocidio.
“Es una deuda que tiene la dirigencia política. Y por más que haya lobistas presionando para que la ley de humedales no salga, tienen que entender que lo ambiental está en manos de la representación política, no de un puñado de grupos concentrados que intentan digitar los hilos según les rinda mejor a sus intereses económicos”, se queja Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados y uno de los mayores impulsores de una normativa que ponga fin a la costumbre criminal de quemar bosques, montes y pastizales.
Días atrás, el oficialismo había presentado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección de ecosistemas que “ataca la iniciativa económica que provoca los incendios”.
Por iniciativa del presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, se propuso la modificación de la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego que “implican cambios en la actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego” prohibiendo las modificaciones durante 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y de 30 en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.
“La voracidad empresaria –insiste Grosso– no está por encima de la vida. En Córdoba vemos el avance de la especulación inmobiliaria, el avance depredador de la soja. Con el proyecto de modificación de la ley de manejo del fuego vinimos a poner un límite porque es un tema urgente para nosotros. Y esa pelea la tiene que llevar adelante la política en conjunto con las organizaciones sociales y ambientales”.
De acuerdo a los datos aportados por el director de la Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Cruz Molina, ya se quemaron en esa provincia alrededor de 191.000 hectáreas, el doble del registro de 2013 que se mantenía como el mayor de los últimos 20 años.
“Lo que ha pasado en la provincia es que el Estado se ha retirado y dejó que los intereses desarrollistas y de los ganaderos hagan lo que quieran con los bosques”, se queja Darío Ávila, abogado de la Red Ambiental de Córdoba y agrega: “no hay un solo fiscal en toda la provincia que se capaz de investigar la responsabilidad del gobierno en el tema de los incendios. En cinco años se han iniciado apenas 25 causas y hubo una sola persona condenada”.
