El largo conflicto en el seno del Movimiento al Socialismo (MAS) entre radicales que responden a Evo Morales y quienes apoyan al gobierno de Luis Arce, en Bolivia logró el acuerdo de convocar a elecciones judiciales, después de dos semanas de bloqueos, protestas y enfrentamientos con la policía.
Según este acuerdo, el gobierno presentará mañana mismo un proyecto de ley para ser tratado de inmediato por el Congreso, informó el vicepresidente David Choquehuanca. Los evistas reclaman la elección de nuevos jueces, como indica la Constitución, y la renuncia de los actuales, que prorrogaron que vencían el 2 de enero, ante la falta de acuerdo para convocar a elecciones el año pasado. El disparador fue el fallo que inhabilitó al expresidente para las presidenciales de 2025. Ahora, el llamado Pacto de Unidad perteneciente al ala “evista” del MAS decidió el viernes dar un cuarto intermedio en los bloqueos y trasladar una vigilia a la sede de gobierno a la espera de la promulgación de la ley.
“Tarde o temprano tenía que llegar este momento. Mi respeto y mi admiración al Movimiento Indígena Originario Campesino”, celebró Evo Morales en las redes sociales, luego de que se produjera el acuerdo, a la vez que continuó su andanada de ataques contra el gobierno de Arce, al que responsabilizó directamente por las protestas. “Dos semanas de bloqueo por culpa de los diputados arcistas y un Gobierno empeñado en violar la Constitución Política del Estado y la institucionalización democrática, para favorecer sus oscuros intereses personales”, dijo.
Por su parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, muy cercano a Evo, declaró en el mismo sentido: «Logramos consolidar el camino para las elecciones judiciales (…), al final primó la razón y no la imposición», escribió en X.
Según un último informe del gobierno, hasta el viernes había 25 puntos bloqueados por los manifestantes, principalmente entre los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro.
El jueves en la noche hubo enfrentamientos en Caracollo, un sector ubicado a 162 kilómetros al sur de La Paz, donde la fuerza pública intentaba despejar uno de los tramos cortados.
