La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que se entrevistó con 1408 presos que dijeron haber sido víctimas de 5.328 episodios de torturas o malos tratos durante el 2017. La cifra está incluida en el Informe Anual que el organismo elaboró junto a la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos de la UBA. El trabajo también contempla casos vinculados con las policías de diferentes jurisdicciones.

De los 1408 presos consultados, 1238 son varones, 167 mujeres y 3 trans. El 54,5% pertenece a la franja etárea que va de los 22 a los 34 años. Todos ellos manifestaron haber recibido 5328 hechos de torturas o vejámenes de acuerdo a los 11 casos contemplados por organismos como las Naciones Unidas: Agresiones físicas (866); Falta o deficiente asistencia de la salud (830); Aislamiento (823); Malas condiciones materiales de detención (772); Falta o deficiente alimentación (586); Amenazas (354); Impedimentos de vinculación familiar y social (340); Requisa personal vejatoria (325); Robo y/o daño de pertenencias (188); Traslados gravosos (137); y Traslados constantes (107).

Además, se dieron a conocer los resultados del Registro de Casos de Tortura y Malos Tratos por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad: en esta ocasión, 218 víctimas dijeron haber padecido 971 hechos de malos tratos o torturas en las instancias de aprehensión, traslado y detención.

En el informe se aclara que “el Registro no contiene un relevamiento estadístico de tipo censal o muestra representativa con validez hacia el universo de personas que padecen torturas y malos tratos, pero sí realiza un relevamiento cuantitativo y en particular cualitativo en distintas unidades penitenciarias del sistema federal y bonaerense, comisarías, institutos de menores, que establece lecturas analíticas sobre la ocurrencia, la regularidad, diferencias y continuidades en relación a las prácticas violentas sobre las personas detenidas en todos los lugares de detención que integran el corpus empírico”.

El trabajo incluyó algunas de las observaciones que hiciera el Relator Especial de las Naciones Unidas, Nils Melzer, luego de su visita a diferentes lugares de encierro en el país en abril de este año: “Muchas de las presuntas víctimas de tortura y maltrato que entrevisté junto con mi equipo explicaron que las denuncias que presentan rara vez son investigadas. De hecho, la información que recibimos muestra una considerable brecha entre la cantidad de denuncias presentadas y las investigaciones que se llevan a cabo. Ello tiene por resultado una cultura de impunidad generalizada entre las fuerzas de seguridad y el personal carcelario”, había indicado Melzer, quien concluyó que había advertido “una reticencia perceptible de las víctimas a hablar del maltrato por temor a las represalias y una desconfianza general en la capacidad y la disposición de las autoridades judiciales de escuchar sus reclamos. En más del 70% de los casos informados de tortura y maltrato, las presuntas víctimas aceptaron registrar sus denuncias, pero se rehusaron a presentarlas ante las autoridades competentes”.

La población carcelaria total durante el año pasado fue de 11.904 presos en el sistema penitenciario federal distribuidos en 35 cárceles, mientras que la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense alcanzaba a 39.870 detenidos en 57 cárceles, además de unas 3097 personas alojadas en comisarías. Estos dos organismos alojan a más del 60% de la población encarcelada del país. El resto, se distribuye en aproximadamente 200 establecimientos, tanto penales como comisarías, ubicados en las restantes 23 provincias.