Después del pronunciamiento de las empresas de mayor peso específico en la economía nacional, esta semana se presentó un nuevo armado que nuclea a privadas de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y San Juan. El denominado Movimiento Empresario y Productivo aprovechó la fecha del 25 de Mayo para publicar un mensaje titulado «Trabajemos por una Argentina Libre».

En el texto, planteó un «ordenamiento de las prioridades» del gobierno para superar la «crisis sanitaria, económica e institucional» y destacó la necesidad de los distintos sectores de «recuperar la confianza», como primera demanda, junto con la «libertad de trabajar, producir, comerciar, exportar, construir, generar empleo e innovar».

Otra «necesidad», de acuerdo con el mensaje, es la de tener «líderes y autoridades que estén dispuestos a transitar el laborioso camino del consenso, y que no sean solo un obstáculo o una carga que debemos llevar silenciosamente», una línea explícita de orden político que terminó de alinear la argumentación del nuevo armado empresarial con la de las grandes cámaras contenidas en el Foro de Convergencia Empresaria.

De hecho, muchas de las 34 organizaciones privadas de Córdoba, Mendoza, San Juan y Entre Ríos que firmaron este documento están dentro del FCE, con lo que tras el primer paso a cargo de las grandes entidades llegó el turno de las federaciones regionales.

Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), dijo a Tiempo que la intención detrás del mensaje no es polarizar con la administración nacional sino propiciar un espacio de diálogo para que las empresas puedan hacer sugerencias de medidas.

Sobre la trastienda de la redacción del documento, contó que «tiene que ver con viejos reclamos y apunta fundamentalmente a salir de la disidencia» propia de la grieta política. «De otra forma será casi imposible construir, así la economía no crece, ni avanza, ni hay confianza. No buscamos la antinomia sino formar parte de la discusión de la política», aclaró en la misma línea de los mensajes de la semana pasada.

La agenda que llevarían a un hipotético llamado de las autoridades tiene ejes conocidos: un replanteo del rol del Estado y de la relación con la actividad privada, y un pedido de reformulación de la presión tributaria, enumeró el dirigente cordobés. 

“Entendemos que la presión impositiva es altísima y la necesidad país también”, admitió Uribarren, pero remató con críticas al aporte solidario a las grandes fortunas: «Si creemos que el problema de la pobreza se va a solucionar con el aporte privado de empresas castigadas por la crisis, nos equivocamos. La solución va a pasar por generar riquezas y eso va a pasar cuando haya confianza y llegue la inversión privada».

En el razonamiento del industrial, el arribo de esos desembolsos es la antesala de una producción basada en el agregado de valor para exportación y generación de divisas. «Y eso no es liberalismo ni antiliberalismo –consideró–; esas son ideologías de entrecasa. Más importante que cobrar un impuesto es seducir a los que lo pagan a que la vuelquen en inversión en el sistema productivo», concluyó.

Además de la UIC, en el listado de firmantes figuran la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), las cooperativas vitivinícolas, las bolsas de cereales de las cuatro provincias, las bolsas de comercio, las tres uniones industriales restantes, las cámaras de comercio exterior y locales, entre otras.

El de los empresarios coincidió con análisis económicos que acompañaron como marco teórico. Uno de ellos fue el del instituto Ieral, de la Fundación Mediterránea, organización de influencia clave en el empresariado en general y de las economías regionales en particular, que advierte que la pandemia y el afán electoral del gobierno puede llevar a una «crisis» económica. «