La Cámara Federal porteña comenzó a seleccionar a los empresarios investigados en la causa «cuadernos» que no irán (al menos por ahora) a juicio oral acusados por cohecho. Bajo el ropaje de argumentos garantistas, los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia decretaron la “nulidad parcial de los requerimientos de elevación a juicio promovidos por el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA)” de los imputados Alejandro Ivanissevich y Armando Loson.
Loson, presidente del Grupo Albanesi, le prestó su helicóptero para un acto de campaña a Mauricio Macri en 2017, según reveló un artículo publicado el 11 de agosto de 2018 el portal de noticias Infobae. Ivanissevich, en tanto, declaró ante el difunto juez Claudio Bonadio, en el marco de la Causa Cuadernos, episodios de presunta corrupción en la licitación de energías renovables que realizó el gobierno de Mauricio Macri, según publicó el sitio La Política Online el 17 de septiembre de 2018.
¿Qué tienen en común? Ambos empresarios dijeron que habían sido presionados para entregar dinero para financiar las campañas políticas del kirchnerismo. Así, quedaron a un paso de obtener un nuevo y acaso definitivo beneficio en la causa: antes, la Cámara les quitó la acusación por asociación ilícita y sólo dejó en pie la del cohecho. Ahora, están a poco de ser considerados víctimas y, directamente, no sólo quedar al margen de cualquier imputación sino también, incluso, pasar de acusados a acusadores.
Varios imputados más dijeron lo mismo y ahora podrían apoyarse en estas decisiones para mejorar notablemente sus situaciones procesales.
Los jueces que adoptaron esas decisiones, Bruglia y Bertuzzi, son de los designados por sendos decretos del expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos en la Sala 1 de la Cámara Federal porteña. El Consejo de la Magistratura abrió procedimientos para determinar si estuvieron bien o mal nombrados y, en este último caso, resolver qué hacer con esas designaciones.
Detalle importante: aun cuando el Consejo decidiera que no debieron haber sido designados para los cargos que ocupan actualmente, todas las decisiones que tomaron hasta ahora (incluidas estas, en la Causa Cuadernos) son y serán válidas. Así lo determina jurisprudencia de la Corte Suprema.
La consideración no es la misma para todos los empresarios. El extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner también objetó la elevación a juicio oral, argumentando que esa situación le causa “un gravamen irreparable” pues se trata de “hechos que no pueden serle atribuidos y por los cuales debe ser sobreseído”. Concretamente, la defensa de Wagner, a cargo del abogado Zenón Ceballos, sostuvo que de los siete hechos de cohecho que se le reprochan “seis fueron adjudicados a otro imputado, mientras que el restante es inexistente”.
Pero la Cámara rechazó ese argumento y replicó que “la elevación a juicio no le provoca a Wagner un perjuicio irreparable porque tiende a discutir cuestiones de hecho que serán ampliamente debatidas en el juicio”.
Carlos José Mundin, de la empresa BTU, procesado por dos casos de cohecho, también había planteado nulidades de la elevación a juicio. Pero la Cámara consideró que las acusaciones del fiscal Carlos Stornelli, la UIF y la OA “cumplen con todos los requisitos exigidos” por el Código Procesal Penal.
En cambio, tanto Loson cuanto Ivanissevich plantearon la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio porque “los motivos esgrimidos por la defensa con relación a posibles aportes a la campaña debían ser profundizados y analizados por el juez instructor”. Y eso, a diferencia de Wagner y Mundin, no se puede discutir en el debate oral sino antes de esa instancia “ya que de corroborase la hipótesis defensista, podría variar sustancialmente la situación procesal del imputado, provocando la elevación a juicio un perjuicio de imposible reparación ulterior”.
