Un empresario de la noche fue detenido como sospechoso del crimen de la periodista correntina Griselda Blanco, hallada estrangulada y con golpes y heridas de arma blanca hace seis días en su domicilio de la ciudad de Curuzú Cuatiá, mientras que el primer apresado, expareja de la víctima, quedó libre, informaron este viernes fuentes judiciales y policiales.
El nuevo detenido fue identificado como Darío Alfredo Ricardo Holzweissig (46), quien alquila y explota comercialmente un boliche llamado «Punto Sur«, ubicado en el kilómetro 159 de la ruta provincial 126.
Fuentes de la investigación revelaron a Télam que los hijos de la víctima habían declarado que existía una «relación tóxica» entre su madre y el nuevo detenido, ya que lo que se había iniciado como una relación comercial, luego devino en otra sentimental.
A su vez, fue clave la recuperación que peritos informáticos hicieron de una serie de mensajes que evidenciaron un conflicto entre Blanco y Holzweissig.
La detención fue concretada en una vivienda que Holzweissig tiene al costado y al fondo del restobar bailable, por detectives del Departamento Investigaciones Complejas NEA y personal de la División Homicidios, ambos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, junto a la División de Investigación Criminal de la Unidad Región III Curuzú Cuatiá de la policía correntina.
Los detectives de la PFA viajaron a Curuzú Cuatiá por requerimiento de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de esa ciudad correntina, a cargo de la fiscal María José Barrero Sahagun, quien estuvo al frente de los nuevos allanamientos ordenados por el juez de Garantías local, Martín José Vega.
Uno de los investigadores policiales reveló a Télam que al nuevo detenido lo incrimina «prueba indiciaria, contenido de teléfonos, audios y videos de cámaras de seguridad».
Las fuentes indicaron que desde esta mañana trabajaron en la vivienda del imputado los peritos de la Unidad de Búsqueda de Evidencia de la PFA y, además, se montó en las inmediaciones un rastrillaje en búsqueda de evidencias, a cargo del comisario inspector Ricardo Juri -con años de experiencia en la División Homicidios-, y quien actualmente es el jefe del mencionado Departamento Investigaciones Complejas NEA de la PFA, con asiento en Chajarí, Entre Ríos.
En esa inspección, en un terreno lindero al domicilio del empresario, se hallaron un cuchillo y un celular marca Motorola desarmado que podría pertenecer a la víctima.
Según las fuentes, la investigación de la PFA incluyó tareas de campo y de análisis de información que transformaron a Holzweissig como el principal sospechoso.
Los detectives de Homicidios analizaron diversas cámaras de seguridad y establecieron que el nuevo detenido había regresado en horas de la madrugada del día del crimen a su casa e bordo de su auto y que ese vehículo había estado en las inmediaciones del domicilio de la periodista asesinada.
La labor de los expertos del Departamento de Técnico del Cibercrimen de la PFA fue otra de las claves de la pesquisa, ya que, según explicó a Télam uno de los investigadores, «pese a no contar con el celular de la víctima, pudieron recuperar ‘de la nube’ una serie de mensajes entre víctima y sospechoso que fueron reveladores».
En función de los elementos reunidos hasta el momento, los detectives policiales se inclinan más por la hipótesis de un problema personal como móvil del crimen que a una cuestión vinculada a la actividad profesional de la víctima.
Mientras que luego de la detención de este empresario, la fiscal Barrero Sahagún dispuso la liberación del primer apresado por el crimen, el periodista Armando Jara, expareja de la mujer, aunque seguirá bajo investigación.
El abogado defensor de Jara, Francisco Adaime, reiteró esta tarde a Télam que la detención se había producido sin tener «pruebas suficientes» y cuando aún faltaban «resultados de informes que son fundamentales».
«Mi defendido ya está en libertad, comienza a demostrarse su inocencia y ahora tratará de limpiar su nombre», dijo el letrado, quien precisó que solicitará «custodia personal» para su defendido porque la situación «es peligrosa».
Y remarcó que «la autopsia determinó que la víctima se defendió» y que su «defendido no tiene ni un rasguño».
Finalmente, el abogado señaló que Jara permanecerá vinculado a la causa y «deberá cumplir algunas medidas, como no ausentarse de Curuzú Cuatiá, entre otras».
Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.
La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.
Si bien al principio se barajó la posibilidad de un suicidio, la autopsia lo descartó y uno de sus hijos, Lautaro Cesani, manifestó en redes sociales: «Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron. Justicia por Griselda Blanco».
Es que la periodista curuzucuateña realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, entre otras, y sus allegados aseguraron que «recibía amenazas».
Por su parte, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco), Audrey Azoulay, condenó hoy el asesinato y pidió una investigación «completa y transparente» para esclarecer el crimen.
«Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, especialmente los que denuncian irregularidades y violaciones de los derechos humanos, deben ser protegidos de la violencia y las represalias», señaló Azoulay en un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Unesco.
